Rodolfo Gudino
Senadores peronistas ampliaron la denuncia contra Milei, Caputo y el presidente del BCRA después de que este afirmara que los lingotes estaban depositados en el Banco de Pagos Internacionales. La diferencia entre la custodia financiera y la ubicación física podría explicar parte de la contradicción, pero no resuelve el problema central: la AGN todavía no pudo reconstruir la trazabilidad de las reservas trasladadas.
El misterio sobre el oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo judicial. Los senadores Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria ampliaron la denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili por el traslado al exterior de parte de las reservas argentinas y acusaron al presidente del BCRA de haber “mentido descaradamente” durante su exposición ante el Senado.
La presentación sostiene que Bausili afirmó que los lingotes enviados fuera del país durante 2024 se encontraban depositados en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales —BIS, por sus siglas en inglés—, cuya sede está en Basilea. Los legisladores aseguran, en cambio, que el oro permanecería físicamente en las bóvedas del Banco de Inglaterra, en Londres.
La acusación es políticamente explosiva, pero requiere una distinción técnica fundamental. Una cosa es la ubicación física de los lingotes, otra es la institución que aparece como depositaria, contraparte o titular de la cuenta en la que esos activos están registrados. El BIS puede administrar una operación financiera sobre oro que permanezca materialmente almacenado en Londres. Por eso, la presencia de los lingotes en el Banco de Inglaterra no demostraría por sí sola que el BIS sea ajeno a la operación.
Pero esa posible explicación no despeja el caso. Por el contrario, obliga al Banco Central a informar con precisión cuál es la estructura jurídica y financiera utilizada. Si el oro está físicamente en Londres, registrado en una cuenta del BIS y sujeto a un contrato de recompra, un swap, una colocación o una garantía, cada uno de esos elementos debe ser identificado por separado.
La pregunta importante ya no es solamente “dónde está el oro”, sino bajo qué contrato se encuentra, quién conserva su propiedad efectiva, si está afectado como garantía, qué contraparte puede disponer temporalmente de él, cuánto rindió la operación y qué riesgos asumió la Argentina.
Londres no es necesariamente incompatible con el BIS
El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en Basilea, pero eso no significa que todo el oro que administra deba almacenarse físicamente en Suiza. El BIS presta servicios financieros a bancos centrales, realiza operaciones con oro y puede mantener cuentas o posiciones dentro de grandes centros internacionales de custodia.
Londres es uno de los principales mercados mundiales de oro institucional. Allí funciona la infraestructura de compensación, certificación y custodia asociada con los estándares de la London Bullion Market Association. El Banco de Inglaterra conserva oro perteneciente a numerosos bancos centrales y organismos internacionales.
En ese sistema, una operación puede realizarse mediante anotaciones contables sin que los lingotes abandonen la bóveda. La propiedad, la disponibilidad o la contraparte financiera pueden cambiar mediante un registro, mientras el metal permanece físicamente en el mismo edificio.
Por eso, si Bausili dijo que el oro “se depositó en el BIS y sigue estando allí”, podría haberse referido a la entidad con la que el BCRA mantiene la posición y no necesariamente al país donde se encuentran las barras. Distinto sería que hubiera asegurado expresamente que los lingotes están físicamente en Basilea.
Esa diferencia deberá establecerse mediante la grabación completa de su exposición y la documentación contractual. La ampliación judicial cita la comparecencia ante las comisiones del Senado, pero interpreta la referencia al BIS como una afirmación geográfica. La Justicia tendrá que determinar si existió una falsedad concreta o una explicación imprecisa que mezcló custodia, contraparte y localización.
Esta precisión no exonera a Bausili. Un presidente del Banco Central conoce —o debería conocer— la diferencia entre esos conceptos. Si eligió una formulación ambigua para responder una pregunta directa sobre activos públicos, el problema institucional permanece.
La contradicción más seria no está entre Suiza y Londres
El punto más comprometedor de la ampliación no sería la ubicación física del metal, sino el estado de las auditorías.
Bausili afirmó ante el Senado que los movimientos estaban documentados, registrados y sometidos a controles internos, externos y de la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, una nota enviada por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, habría informado que la auditoría correspondiente a 2025 todavía no estaba aprobada y que la trazabilidad de las reservas de oro no había podido analizarse por la demora del propio Banco Central en entregar la información requerida.
Si ambos relatos fueron reproducidos correctamente, la contradicción es sustancial. Que los balances generales hayan sido objeto de algún control no significa necesariamente que la AGN haya auditado la trazabilidad específica del oro, las condiciones de su traslado o las operaciones realizadas posteriormente.
Una auditoría contable puede verificar que una cantidad determinada continúa registrada como activo sin certificar necesariamente dónde están físicamente los lingotes, qué contrato los afecta o si fueron utilizados como garantía. La existencia del activo en el balance tampoco demuestra que se encuentre libre de gravámenes o disponible inmediatamente.
La discusión, entonces, no debería reducirse a determinar si el oro está en una bóveda londinense o suiza. El verdadero problema es si el organismo constitucional de control pudo acceder a todos los contratos, cuentas, comprobantes de transporte, certificados de refinación, registros de custodia, operaciones de recompra y movimientos contables asociados.
La ampliación denuncia que esa trazabilidad todavía no fue reconstruida. Si el BCRA retuvo durante más de un año información solicitada por la AGN, el argumento de la confidencialidad deja de ser solamente una defensa frente a pedidos periodísticos o políticos y empieza a interferir con el control institucional.
Confidencialidad no significa ausencia de control
El Banco Central tiene razones legítimas para reservar información operativa. Revelar públicamente posiciones financieras, vencimientos, contrapartes o estrategias de intervención puede permitir que otros actores del mercado especulen contra los intereses del país.
Pero el secreto frente al mercado no puede convertirse en secreto frente a los organismos constitucionales. La confidencialidad protege una operación de la exposición pública; no elimina la obligación de documentarla, auditarla y rendir cuentas en ámbitos institucionales reservados.
La propia ampliación solicita que la documentación sensible sea clasificada y preservada. Los senadores no reclaman necesariamente la publicación de números de cuenta o protocolos de seguridad, sino que la Justicia y la AGN puedan reconstruir el recorrido del activo.
El Gobierno quedó atrapado en una contradicción política. Durante más de un año sostuvo que no podía informar dónde estaba el oro por motivos de seguridad. Después, Bausili identificó públicamente al BIS como destino. Si esa información podía revelarse sin poner en riesgo las reservas, el Central deberá explicar por qué negó respuestas anteriores. Si no podía revelarse, tendrá que justificar por qué su presidente decidió hacerlo ante una reunión transmitida públicamente.
La confidencialidad aplicada de manera selectiva puede terminar funcionando como una herramienta de administración política de la información: se oculta cuando el dato resulta incómodo y se revela cuando sirve para cerrar una crisis.
La supuesta pérdida de USD 1.000 millones todavía debe probarse
La denuncia incorpora otra acusación de enorme gravedad: la posibilidad de que una operación financiera realizada con respaldo del oro haya generado una pérdida cercana a los USD 1.000 millones.
El escrito menciona publicaciones periodísticas según las cuales una parte de los lingotes habría sido utilizada como garantía en una operación con futuros y otra habría intervenido en un repo. También reclama determinar si los rendimientos mencionados por Caputo y Bausili ingresaron efectivamente al Banco Central o beneficiaron indebidamente a funcionarios o intermediarios.
Sin embargo, la presentación no acompaña todavía una pericia contable, un contrato, una confirmación de contraparte ni un informe definitivo de la AGN que acredite esa pérdida y la vincule directamente con el oro.
La cifra debe presentarse, por lo tanto, como una hipótesis denunciada y no como un perjuicio comprobado.
También es débil el argumento de que la estabilidad de las tenencias —aproximadamente 1,98 millones de onzas troy— demostraría que no existieron ganancias. El volumen físico puede permanecer sin cambios mientras los intereses, comisiones, diferencias de precio o resultados financieros se contabilizan en otras partidas.
Del mismo modo, que las reservas conserven la misma cantidad de oro no demuestra que el activo esté libre de compromisos. Un lingote utilizado como garantía puede continuar formando parte del patrimonio contable, aunque su disponibilidad se encuentre condicionada por un contrato.
Para saber si la Argentina ganó o perdió se necesitan los términos de cada operación: precio de referencia, tasa, plazo, moneda, contraparte, garantías, comisiones, márgenes exigidos y resultado final. Sin esos documentos, tanto la afirmación oficial de que se aprovechó una “oportunidad” como la denuncia de una pérdida millonaria permanecen incompletas.
Refinar el oro tampoco explica toda la operación
Bausili sostuvo que parte del metal argentino correspondía a lingotes antiguos y de calidad inferior a los estándares más demandados por el mercado internacional. Según su explicación, la alta demanda registrada en 2024 permitió refinarlos o convertirlos en barras de mayor calidad a un costo conveniente.
Esa operación puede tener racionalidad económica. El oro almacenado en Buenos Aires posee valor patrimonial, pero no necesariamente puede utilizarse de inmediato como garantía internacional. Para integrarse al mercado de Londres debe cumplir estándares de pureza, peso, identificación y trazabilidad.
Trasladarlo y certificarlo puede volverlo más líquido. Eso permite venderlo, colocarlo, prestarlo, utilizarlo en swaps o emplearlo como respaldo para conseguir divisas.
Precisamente allí aparece el riesgo. La misma transformación que mejora la liquidez también facilita que el oro sea comprometido en operaciones financieras. Mientras permanece dentro de las bóvedas del BCRA, su rendimiento es prácticamente nulo, pero su exposición a contrapartes extranjeras es limitada. Cuando se traslada a Londres, puede generar intereses o conseguir financiamiento, aunque queda sometido a contratos, jurisdicciones y posibles litigios internacionales.
La discusión económica no admite respuestas simples. Mantener todo el oro inmovilizado en Buenos Aires reduce su utilidad financiera. Colocarlo fuera del país puede producir rendimientos y ampliar la liquidez de las reservas, pero aumenta los riesgos jurídicos y políticos.
Lo que vuelve sospechosa la operación no es necesariamente su existencia, sino la decisión de ejecutarla sin explicar posteriormente sus condiciones ni permitir una auditoría suficientemente clara.
Qué delitos se denunciaron y qué falta demostrar
La causa original fue presentada contra Milei, Caputo y Bausili por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La ampliación no significa que los funcionarios hayan sido condenados, procesados o siquiera que todas las hipótesis hayan sido validadas por el fiscal. Una denuncia pone hechos en conocimiento de la Justicia y solicita medidas de investigación.
Para acreditar un incumplimiento de deberes no alcanza con demostrar una comunicación confusa. Deberá identificarse una obligación legal concreta que los funcionarios omitieron o una resolución contraria a la normativa que estaban obligados a cumplir.
La malversación exige probar que los recursos públicos recibieron una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados. La opacidad, la demora informativa o incluso una operación económicamente perjudicial no configuran automáticamente ese delito.
Una mala decisión financiera puede generar responsabilidad política o administrativa sin constituir una conducta penal. Para atravesar esa frontera será necesario demostrar desvío de fondos, beneficio indebido, violación consciente de las normas o utilización del activo para una finalidad ilegítima.
Tampoco una eventual falsedad ante una comisión legislativa se transforma automáticamente en falso testimonio. Deberán analizarse las condiciones de la comparecencia, el carácter jurídico de las declaraciones y la intención con la que fueron formuladas.
La acusación tiene relevancia suficiente para justificar una investigación, pero todavía necesita convertir sospechas y contradicciones en documentación bancaria, prueba contable y evidencia sobre las decisiones adoptadas.
La política exterior convirtió el oro en un problema mayor
La controversia adquirió una dimensión geopolítica por el endurecimiento reciente del discurso oficial sobre Malvinas. Mientras Milei promete defender la soberanía argentina frente al Reino Unido, una parte de las reservas nacionales podría permanecer bajo custodia física en Londres.
Eso no significa que el Reino Unido se haya apropiado del metal. Numerosos bancos centrales mantienen reservas en el Banco de Inglaterra porque Londres ofrece uno de los mercados de oro más líquidos del mundo.
Pero la localización importa. Los activos depositados en el extranjero quedan expuestos a decisiones judiciales, sanciones, embargos o disputas políticas en jurisdicciones que la Argentina no controla. La experiencia internacional demuestra que las reservas soberanas pueden ser congeladas cuando cambian las relaciones diplomáticas o cuando una potencia decide aplicar sanciones financieras.
El Gobierno debe explicar qué inmunidad conserva el oro argentino, qué legislación rige los contratos y si existen cláusulas que impidan embargos promovidos por acreedores. También debe informar si los lingotes están asignados individualmente a la Argentina, si integran una cuenta no asignada o si fueron transferidos temporalmente a una contraparte.
No es lo mismo poseer barras identificadas dentro de una bóveda que mantener un crédito financiero por una cantidad equivalente de metal. En ambos casos el balance puede decir “oro”, pero los riesgos son diferentes.
Quién gana y quién pierde con la opacidad
Si la operación fue correctamente diseñada, el Banco Central pudo convertir un activo inmovilizado en una herramienta para obtener liquidez, mejorar la calidad de sus lingotes y generar algún rendimiento. El Gobierno habría ganado capacidad de maniobra en un momento de escasez de reservas internacionales.
También ganaron las entidades que intervinieron en el traslado, certificación, refinación, custodia y estructuración financiera. Esos servicios generan comisiones que deben estar documentadas y compararse con los beneficios obtenidos.
Los principales perjudicados por la falta de información son el Congreso, la AGN y la sociedad argentina. Sin documentación verificable resulta imposible determinar si el rendimiento compensó los riesgos, si las comisiones fueron razonables y si el oro continúa disponible.
La opacidad también daña al propio Banco Central. Las reservas funcionan, en parte, porque existe confianza en que la autoridad monetaria puede disponer de ellas. Cuando el organismo se niega a explicar su trazabilidad y su presidente ofrece respuestas ambiguas, el activo pierde capacidad para transmitir solvencia institucional.
El escándalo no demuestra todavía que el oro haya desaparecido, que el Gobierno haya perdido USD 1.000 millones ni que los funcionarios se hayan beneficiado personalmente. Pero sí revela una anomalía difícil de justificar: dos años después del traslado, el país continúa discutiendo dónde están físicamente los lingotes, quién los custodia, qué operaciones respaldan y por qué la AGN no pudo completar su revisión.
La diferencia entre Londres y Basilea puede ser una cuestión de arquitectura financiera. La falta de contratos, trazabilidad y auditoría no lo es.
El oro puede permanecer registrado en el balance del Central y, al mismo tiempo, estar comprometido como garantía. Puede encontrarse físicamente en el Banco de Inglaterra y ser administrado mediante una cuenta del BIS. Puede conservar su volumen y haber producido ganancias o pérdidas en operaciones asociadas.
Todas esas posibilidades son técnicamente compatibles. Precisamente por eso el Gobierno debe mostrar los documentos.
La pregunta decisiva no es si Bausili pronunció el nombre de la ciudad equivocada. Es si utilizó una respuesta deliberadamente incompleta para ocultar las condiciones reales bajo las cuales fue movilizado uno de los activos estratégicos de la Argentina. Esa es la cuestión que la Justicia y la Auditoría deberán resolver.
GONZALO SCHWEIZER
Juan OConnor
