Melina Schweizer
Trabajadores de los policlínicos PAMI I y II aseguran que más de 15.000 afiliados fueron reasignados a prestadores privados vinculados con el empresario Carlos Tita. La pérdida de personal, prestaciones e insumos está documentada por reclamos gremiales; el supuesto favorecimiento económico y el interés inmobiliario sobre uno de los edificios todavía deben investigarse.
La crisis de los policlínicos PAMI I y PAMI II de Rosario ya no puede explicarse solamente como una consecuencia del ajuste presupuestario. Trabajadores y afiliados denuncian que el deterioro de los efectores propios estaría acompañado por una transferencia masiva de pacientes hacia sanatorios privados, en un proceso que debilita deliberadamente la capacidad pública y fortalece negocios particulares financiados con los aportes de jubilados y trabajadores.
Según la denuncia gremial, desde la llegada de Pablo Flores a la conducción de los policlínicos se habrían retirado más de 15.000 cápitas, equivalentes a más de una cuarta parte de los afiliados atendidos anteriormente por los dos establecimientos. Buena parte de esos pacientes habría sido reasignada al Hospital Italiano Garibaldi y al Sanatorio Rosendo García, vinculado con la Unión Obrera Metalúrgica.
Los trabajadores sostienen que ambos prestadores se encuentran dentro de la esfera de influencia de Carlos Tita, empresario de la salud oriundo de Rafaela. Tita conduce junto con integrantes de su familia el Hospital Italiano de Rosario y desarrolló durante décadas una extensa red de relaciones con clínicas, obras sociales sindicales y funcionarios del sistema sanitario santafesino.
La cifra de 15.000 cápitas surge de los trabajadores y todavía no fue respaldada públicamente por un padrón oficial detallado del PAMI. Tampoco se difundieron los contratos, valores capitados ni resoluciones administrativas mediante las cuales se habrían realizado las reasignaciones. Pero el organismo dispone de esa información y podría esclarecer rápidamente la controversia.
Debería informar cuántos afiliados atendían los policlínicos antes de los cambios, cuántos conservan actualmente, qué prestadores recibieron las cápitas retiradas, cuánto cobra cada establecimiento y si los jubilados prestaron consentimiento para modificar su lugar de atención.
La ausencia de esas respuestas alimenta una sospecha particularmente grave: que el Estado estaría deteriorando sus propios hospitales para justificar la contratación creciente de empresas privadas.
Cómo se fabrica un vaciamiento
El vaciamiento de un establecimiento sanitario rara vez comienza con el cierre formal de sus puertas. Primero se congelan las vacantes, no se reemplaza al personal jubilado, se retrasan las compras, se interrumpen prestaciones y se extienden los tiempos de espera. Después se utiliza el deterioro producido por esas decisiones como argumento para derivar pacientes.
Cuando disminuye la cantidad de afiliados asignados, también se debilita la justificación presupuestaria del efector. El hospital pierde actividad, recursos y capacidad política para defender su continuidad. Finalmente, la institución aparece como costosa, ineficiente o sobredimensionada.
Los trabajadores describen precisamente esa secuencia en los policlínicos rosarinos. Calculan que se perdieron alrededor de cien puestos entre renuncias motivadas por los bajos salarios, jubilaciones y cargos que nunca fueron cubiertos. Enfermería, radiología, asistencia, limpieza y otros servicios esenciales estarían entre las áreas más afectadas.
A esto se suman reclamos por falta de prótesis, insumos, mantenimiento edilicio y profesionales. Las denuncias sobre el deterioro del PAMI I no comenzaron con la última publicación: ya habían sido expuestas por trabajadores, afiliados y organizaciones de jubilados durante 2025. Medios rosarinos registraron movilizaciones y advertencias sobre una posible reducción de la complejidad del establecimiento.
El debilitamiento, por lo tanto, no parece un episodio aislado. Lo que debe determinarse es si responde solamente a la política general de reducción del gasto o si fue utilizado para favorecer prestadores específicos.
El ajuste explica la falta de personal. No explica por sí solo por qué las cápitas terminarían concentradas en determinados sanatorios.
Traslados que los afiliados aseguran no haber elegido
La dimensión social del conflicto aparece en los testimonios de jubilados que habrían descubierto que su lugar de atención fue modificado sin haber solicitado el cambio. Pacientes con historias clínicas, especialistas y tratamientos prolongados en los policlínicos fueron derivados a instituciones donde deben recomenzar trámites y esperar semanas para obtener un turno.
Para una persona joven y saludable, cambiar de clínica puede parecer una gestión administrativa. Para una jubilada con cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca o movilidad reducida puede implicar la interrupción de un tratamiento, la repetición de estudios y la pérdida de contacto con profesionales que conocen su evolución.
El derecho sanitario no protege únicamente la existencia abstracta de una prestación. También comprende información adecuada, trato digno, acceso a la historia clínica y consentimiento sobre las decisiones que afectan la atención. La Ley 26.529 regula los derechos de los pacientes, mientras que las propias condiciones del PAMI contemplan que, cuando una persona afiliada ejerce la opción de cambiar de profesional, su documentación clínica debe acompañar ese traslado.
La palabra decisiva es “opción”. Si las reasignaciones fueron compulsivas y se realizaron sin información suficiente, el problema podría exceder la mala administración. Sería necesario analizar si se afectaron derechos de los afiliados y si los cambios pusieron en riesgo la continuidad asistencial.
El PAMI debe informar qué comunicación recibió cada paciente, qué posibilidad tuvo de rechazar el traslado y qué mecanismo se estableció para garantizar que sus tratamientos no fueran interrumpidos.
No alcanza con asegurar que existe otro prestador disponible. La cobertura sanitaria no consiste en mover nombres dentro de una planilla.
Quién es Pablo Flores y qué debe explicar
La designación de Pablo Germán Flores no es una versión gremial. Una resolución oficial del PAMI de agosto de 2024 lo nombró coordinador médico de los policlínicos PAMI I y II, dentro de la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios, con una carga laboral de 45 horas semanales.
Los trabajadores lo señalan como responsable administrativo del proceso de reducción de prestaciones y lo vinculan políticamente con el empresario Carlos Tita y con el ministro de Salud, Mario Lugones. Esas relaciones, sin embargo, no están acreditadas en la resolución de designación ni en documentación pública conocida.
La sospecha no debe publicarse como una certeza, pero sí justifica pedidos de información. Flores debería explicar quién ordenó las transferencias, qué evaluaciones sanitarias las respaldaron y qué participación tuvo en la selección de los prestadores privados.
También debe conocerse si presentó la declaración jurada de incompatibilidades exigida en su designación, si mantiene relaciones profesionales o económicas con prestadores contratados por PAMI y cuál fue el resultado de los controles previstos por el organismo.
Una relación personal no prueba una maniobra. Una decisión administrativa que beneficia económicamente a empresas relacionadas con el funcionario, en cambio, exigiría un nivel reforzado de transparencia.
Carlos Tita, Lorenzetti y un vínculo que no prueba esta operación
Carlos Tita es un actor relevante del sistema privado de salud santafesino. Su conducción del Hospital Italiano de Rosario está públicamente documentada y medios provinciales lo identifican como uno de los responsables de la institución desde hace años.
También existen antecedentes periodísticos y parlamentarios que lo señalan como antiguo socio o colaborador de Ricardo Lorenzetti en actividades relacionadas con obras sociales durante la década de 1990, antes de que el abogado rafaelino llegara a la Corte Suprema. En 2021, por ejemplo, una investigación de Letra P describió a Tita como exsocio del magistrado.
Ese vínculo histórico no demuestra que Lorenzetti tenga participación en las actuales decisiones del PAMI Rosario. La nota original tampoco aporta pruebas de que el juez haya intervenido en las reasignaciones de afiliados, en los contratos con sanatorios o en la designación de funcionarios.
Utilizar el nombre de Lorenzetti puede explicar la capacidad de relaciones acumulada alrededor del empresario, pero no debe servir para insinuar una responsabilidad actual sin documentos.
El centro de la investigación debería permanecer en los contratos, las cápitas, los funcionarios que aprobaron los movimientos y los beneficiarios económicos concretos. Las redes de poder importan, pero ninguna fotografía histórica reemplaza una orden de pago.
Una causa federal agrega sospechas, no culpabilidad
Tita también aparece mencionado en una investigación relacionada con el juez federal de Rosario Gastón Salmain y el exdirector regional de la AFIP Carlos Vaudagna. La hipótesis difundida sostiene que la Justicia busca determinar si el empresario habría aportado dinero utilizado para pagar un supuesto soborno.
El dato aumenta el interés público sobre sus relaciones con funcionarios, pero no permite concluir que haya cometido un delito ni prueba la existencia de una maniobra dentro del PAMI. Cada causa debe analizarse con sus documentos, imputaciones y decisiones judiciales.
La acumulación de señalamientos periodísticos puede construir una imagen política, pero el periodismo no debe convertir esa imagen en condena anticipada. En este caso, la responsabilidad debe buscarse en evidencia concreta: comunicaciones, contratos, transferencias, designaciones, facturación y decisiones administrativas.
La pregunta no es si Tita conoce personas poderosas. La pregunta es si sus empresas recibieron pacientes y recursos públicos mediante un proceso dirigido a debilitar los establecimientos propios del PAMI.
El negocio de la cápita
El sistema capitado convierte a cada afiliado en una unidad de financiamiento. El prestador recibe un monto periódico por la población asignada, utilice o no todos los servicios durante ese mes. La rentabilidad depende de administrar el riesgo: cobrar por una gran cantidad de personas y contener el costo efectivo de las prestaciones.
Trasladar 15.000 cápitas puede significar una transferencia económica considerable y sostenida. Para calcularla es necesario conocer el valor pagado por afiliado, los módulos incluidos, la complejidad comprometida y las prestaciones facturadas por fuera de la cápita.
El mecanismo no es ilícito por definición. PAMI necesita contratar clínicas y hospitales privados porque sus efectores propios no alcanzan para cubrir a toda la población. El conflicto aparece cuando el organismo reduce deliberadamente la capacidad pública y después utiliza esa carencia para justificar contratos privados.
En ese modelo, el Estado paga dos veces. Primero sostiene edificios, personal y estructura pública que deja parcialmente ociosa. Después transfiere recursos a empresas para que atiendan a los pacientes que retiró de esos establecimientos.
El privado recibe una población cautiva financiada con fondos públicos. El efector estatal pierde escala, recursos y capacidad. El afiliado queda en el medio de una reorganización que nunca eligió.
El inmueble del PAMI I y una hipótesis todavía sin prueba
Los trabajadores también sospechan que detrás de los intentos de cierre del PAMI I existe un interés inmobiliario. El policlínico se encuentra en Sarmiento al 400, una zona central y valorizada de Rosario.
La ubicación vuelve plausible que existan interesados en el inmueble, pero hasta el momento no se presentó una tasación, un proyecto de venta, un expediente de desafectación ni documentación que identifique potenciales compradores. El interés inmobiliario debe describirse como una hipótesis gremial, no como un plan demostrado.
El antecedente que alimenta esa sospecha fue una fuga de gas que obligó a discutir la evacuación del edificio. Los trabajadores aseguran que las autoridades intentaron aprovechar el episodio para vaciarlo y trasladar pacientes al Hospital Italiano y al Rosendo García. La movilización de empleados y afiliados habría impedido la clausura definitiva.
Para esclarecer este punto, el PAMI debería informar el estado dominial del inmueble, las obras de mantenimiento realizadas, los estudios de seguridad, cualquier tasación reciente y todos los proyectos administrativos vinculados con su destino.
Si no existe intención de venderlo o cerrarlo, publicar esa documentación sería la forma más sencilla de desactivar la sospecha.
El ajuste no empezó con Milei, pero Milei lo aceleró
La precarización laboral de los policlínicos precede al actual Gobierno. Cerca de la mitad de algunos equipos habría trabajado durante años bajo modalidades de monotributo, incluso realizando tareas permanentes. Durante la pandemia, la gestión de Luana Volnovich prometió regularizar a quienes sostuvieron la atención en condiciones extremas, pero esa incorporación no se completó.
Sergio Massa retomó el compromiso durante la campaña electoral y tampoco lo concretó. La fragilidad contractual, por lo tanto, atravesó gobiernos de distinto signo.
Esa continuidad no diluye la responsabilidad de la administración libertaria. La gestión de Milei recibió una institución precarizada y, según los trabajadores, profundizó el deterioro mediante salarios atrasados, vacantes congeladas, despidos y transferencia de pacientes.
El relato de la “herencia” encuentra un límite cuando el Gobierno utiliza los problemas heredados para justificar decisiones que los agravan.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Si se comprueba la transferencia denunciada, los ganadores inmediatos serían los sanatorios privados que incorporaron miles de cápitas financiadas por PAMI. También se fortalece un modelo sanitario en el que el Estado conserva la obligación de pagar, pero pierde capacidad directa para atender y controlar.
Los perjudicados son los jubilados que sufren cambios de prestador, demoras y discontinuidad en sus tratamientos; los trabajadores que enfrentan precarización y reducción de equipos; y los policlínicos, cuya pérdida de pacientes puede utilizarse más adelante para justificar nuevos recortes.
También pierde el conjunto de aportantes. PAMI no administra dinero privado de sus funcionarios: gestiona recursos provenientes de trabajadores, jubilados y el Estado. Cada cápita transferida debe responder a una necesidad sanitaria, no a una relación política o empresarial.
La investigación debería determinar si la derivación mejoró efectivamente la atención, cuánto costó, qué prestadores fueron beneficiados y quién tomó cada decisión. También debe comparar los tiempos de espera, las prestaciones disponibles y los resultados sanitarios antes y después de los cambios.
Sin esos datos, la “optimización” puede ser apenas el nombre administrativo de una privatización silenciosa.
El dato que podría confirmar o derrumbar la denuncia
La gravedad del caso no depende de rumores sobre empresarios poderosos, jueces de la Corte o negocios inmobiliarios. Existe una forma concreta de verificarlo: abrir los registros.
PAMI debe publicar la evolución mensual de las cápitas de los policlínicos I y II, identificar los establecimientos receptores, informar los montos pagados, explicar los criterios sanitarios utilizados y detallar cuántos afiliados aceptaron voluntariamente el cambio.
También corresponde conocer la dotación de personal, las vacantes sin cubrir, las prestaciones suspendidas y el presupuesto ejecutado en cada efector.
Si las 15.000 cápitas fueron trasladadas por razones médicas justificadas y con consentimiento de los pacientes, la documentación podría demostrarlo. Si fueron retiradas mientras se dejaba caer deliberadamente la capacidad pública, los registros expondrán un circuito de transferencia de recursos.
Hasta entonces, no está probado que Carlos Tita haya diseñado un vaciamiento, que Lorenzetti intervenga en la operación ni que exista un plan inmobiliario consumado. Lo que sí está documentado es el deterioro de los policlínicos, la pérdida de personal, la protesta de trabajadores y afiliados y la falta de explicaciones públicas sobre los cambios denunciados.
El problema no es solamente quién administra un sanatorio. Es qué modelo de salud se está construyendo con el dinero de los jubilados: uno que fortalece sus hospitales para garantizar atención o uno que primero los debilita y después entrega sus pacientes al mejor conectado.
GONZALO SCHWEIZER
Juan OConnor
