REDACCIÓN
El proyecto de Maite Alvado obtuvo dictamen con apoyo del peronismo, el radicalismo y bloques provinciales. Propone exigir una mayoría de dos tercios para que el Estado pierda el control de ABSA, AUBASA, BAGSA y otras compañías estratégicas.
La Cámpora avanzó en la Cámara de Diputados bonaerense con un proyecto destinado a dificultar la privatización de las empresas públicas provinciales. La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos y quedó en condiciones de continuar su recorrido hacia el recinto.
El texto fue presentado por la diputada camporista Maite Alvado y propone que cualquier decisión mediante la cual el Estado bonaerense pierda el control de una empresa requiera la aprobación de una ley respaldada por dos tercios de la Cámara.
Actualmente, una mayoría simple puede habilitar cambios en la estructura societaria, transferencias de acciones o procesos de privatización. La modificación elevaría considerablemente el costo político y parlamentario de esas operaciones, porque ningún gobierno podría disponer por sí solo de las compañías provinciales sin construir un acuerdo amplio con la oposición.
La propuesta mira hacia 2027. Aunque no existe actualmente un proceso formal para vender las principales empresas bonaerenses, el avance nacional de Javier Milei sobre sociedades estatales encendió las alarmas dentro del peronismo. El posible crecimiento libertario en las próximas elecciones provinciales aceleró la búsqueda de una protección legislativa antes del final del mandato de Axel Kicillof.
Un acuerdo que superó al peronismo
El dictamen fue acompañado por los representantes de Unión por la Patria, incluidos los sectores alineados con Cristina Kirchner, Kicillof y Sergio Massa. También recibió el respaldo de Nuevos Aires, Unión y Libertad, el radicalismo y el bloque Hechos, vinculado con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.
La amplitud del apoyo permitió que la propuesta superara la interna peronista y se presentara como un acuerdo transversal en defensa del patrimonio provincial.
La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el proyecto y firmaron conjuntamente un dictamen de minoría. Los tres votos negativos provinieron de esos espacios, que consideran que exigir dos tercios limitaría la capacidad de un futuro gobierno para reorganizar empresas deficitarias, abrir su capital o incorporar inversión privada.
La votación reprodujo una diferencia ideológica conocida. Para el peronismo y parte del radicalismo, las compañías estatales garantizan servicios esenciales y permiten sostener inversiones que el mercado no realizaría por falta de rentabilidad inmediata. Para los libertarios, la propiedad pública suele representar ineficiencia, déficit y utilización política de recursos empresariales.
El debate bonaerense traslada esa disputa nacional a servicios tan sensibles como el agua potable, el saneamiento, las autopistas y la distribución de gas.
Las empresas que quedarían protegidas
El Estado provincial controla Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, encargada de prestar servicios de agua y cloacas en gran parte del territorio. ABSA opera en decenas de municipios y atiende a millones de habitantes mediante una infraestructura cuya expansión exige inversiones permanentes.
También controla Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima, que administra rutas y corredores estratégicos, entre ellos la Autopista Buenos Aires-La Plata y distintos tramos viales provinciales.
Otra de las compañías alcanzadas es Buenos Aires Gas Sociedad Anónima, dedicada al desarrollo y la operación de redes de gas en localidades pequeñas donde la inversión privada resulta insuficiente o directamente inexistente.
La protección también podría comprender a Buenos Aires Energía y a otras sociedades en las que la Provincia posee una participación capaz de determinar las decisiones empresariales.
El proyecto no impide la presencia de capital privado ni prohíbe asociaciones, concesiones o contratos con compañías particulares. Su objetivo es evitar que el Estado pierda el control sin una mayoría legislativa especial.
Esa diferencia es central. No se plantea que las empresas permanezcan congeladas bajo una única estructura, sino que cualquier modificación decisiva requiera un consenso superior al de una votación ordinaria.
El antecedente nacional de Milei
La iniciativa aparece como respuesta directa al programa privatizador de la Casa Rosada. Desde su llegada al poder, Milei promovió la venta, concesión o apertura de capital de distintas empresas nacionales con el argumento de reducir el gasto público y eliminar la intervención estatal en la economía.
El Gobierno avanzó sobre corredores viales, compañías ferroviarias, empresas energéticas y otros activos públicos. También impulsó modificaciones para facilitar la incorporación de capital privado en sectores tecnológicos y estratégicos.
La experiencia nacional funciona como advertencia para el peronismo bonaerense. Una victoria libertaria en 2027 podría trasladar la misma política a la provincia con mayor población y peso económico del país.
Alvado sostiene que la estabilidad en la administración de las empresas resulta necesaria para planificar inversiones, ampliar infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios. “Permitir cambios frecuentes e impulsivos socava la calidad y accesibilidad”, expresó en los fundamentos.
La legisladora también defiende modelos mixtos en los que el capital privado participa sin desplazar la conducción estatal. Citó el caso de YPF para sostener que la presencia pública permite supervisar operaciones, orientar inversiones y preservar objetivos que exceden la rentabilidad empresarial inmediata.
Blindar la propiedad no garantiza una buena gestión
La exigencia de dos tercios puede impedir una privatización acelerada, pero no resuelve automáticamente los problemas de las compañías estatales.
ABSA enfrenta reclamos frecuentes por cortes, baja presión, pérdidas, contaminación y demoras en obras de saneamiento. AUBASA requiere recursos constantes para mantener las rutas y mejorar la seguridad vial. BAGSA depende de inversiones capaces de extender redes hacia comunidades pequeñas y dispersas.
La propiedad pública solamente se justifica si está acompañada por eficiencia, transparencia, planificación y control social. Blindar una empresa que presta un servicio deficiente sin corregir su administración puede proteger una estructura burocrática antes que a sus usuarios.
El proyecto debería complementarse con obligaciones de publicar balances, planes de inversión, remuneraciones de autoridades, contrataciones, indicadores de calidad y auditorías externas. Una empresa estatal no puede escudarse en su carácter societario para ocultar información que pertenece a la ciudadanía.
Defender el patrimonio público exige algo más que impedir su venta: obliga a demostrar que funciona al servicio de la población.
La discusión jurídica sobre los dos tercios
La iniciativa también puede enfrentar un cuestionamiento legal. Una ley ordinaria que exige una mayoría especial para modificar decisiones futuras no siempre posee capacidad para obligar a legislaturas posteriores.
Si la Constitución bonaerense no establece expresamente los dos tercios para transferir empresas públicas, una futura mayoría podría intentar derogar primero esta protección mediante otra ley ordinaria y avanzar luego con la privatización.
El verdadero alcance del blindaje dependerá de la redacción definitiva, de las normas societarias que modifique y de la interpretación constitucional. Para consolidar una protección permanente podría ser necesaria una reforma constitucional o incorporar resguardos específicos en las leyes de creación de cada compañía.
El dictamen representa una barrera política importante, pero no necesariamente una muralla jurídica imposible de remover.
Además, la información difundida no permite determinar con claridad si la mayoría especial deberá alcanzarse únicamente en la Cámara de Diputados o en ambas cámaras de la Legislatura. Ese punto deberá quedar establecido antes del tratamiento en el recinto, porque una ley provincial necesita normalmente la aprobación de Diputados y el Senado.
Una batalla anticipada por 2027
El proyecto revela que el peronismo comenzó a tomar precauciones frente a la posibilidad de perder el gobierno bonaerense. Kicillof finaliza su segundo mandato consecutivo en 2027 y no puede aspirar inmediatamente a otra reelección bajo las reglas vigentes.
La sucesión abre una competencia dentro de Unión por la Patria y, al mismo tiempo, una oportunidad para La Libertad Avanza. Blindar las empresas antes del cambio de administración busca impedir que una eventual gestión libertaria aplique rápidamente el programa de Milei.
El respaldo radical demuestra que el temor a una liquidación acelerada del patrimonio provincial no pertenece únicamente al kirchnerismo. Sin embargo, la oposición también puede advertir que la mayoría especial condicionaría a gobiernos elegidos democráticamente y convertiría cada reforma empresarial en una negociación difícil de alcanzar.
Ese es precisamente el objetivo del proyecto: que la venta de una compañía pública no dependa solamente del resultado de una elección, sino de un consenso institucional más amplio.
La Cámpora intenta dejar cerrado el candado antes de 2027. El desafío será demostrar que detrás de la puerta no protege cargos ni cajas políticas, sino agua, rutas, gas, energía y patrimonio de los bonaerenses.
Melina Schweizer
