Melina Schweizer
Daniel Alfredo Neira fue despedido del ENACOM, cobró una liquidación neta de $109,8 millones y empezó a trabajar al día siguiente en el INTA. La documentación disponible indica que su incorporación se preparaba antes de la desvinculación. En el Gobierno que prometió terminar con la casta, algunos salen por la puerta indemnizados y vuelven por la ventana con cargo gerencial.
Daniel Alfredo Neira protagonizó una modalidad de movilidad laboral que difícilmente aparezca en los manuales de recursos humanos: el Estado lo despidió un viernes, le reconoció casi $110 millones y lo recibió nuevamente el sábado en otro organismo público. No atravesó el desempleo, no actualizó LinkedIn y probablemente tampoco alcanzó a despedirse del grupo de WhatsApp.
El caso ocurrió dentro del mismo Gobierno que recortó organismos, congeló salarios, impulsó miles de cesantías y presentó cada despido estatal como una victoria contra el gasto político. A Neira, sin embargo, el ajuste no lo alcanzó como tragedia: lo convirtió en millonario y gerente casi simultáneamente.
La documentación difundida permite corregir un dato de las primeras versiones. Neira no habría ingresado en un retiro voluntario. El ENACOM le notificó que prescindía de sus servicios desde el 31 de julio de 2026, bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La liquidación neta alcanzó exactamente los $109.781.999,73.
El detalle incluyó $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas, además de otros conceptos menores. Una despedida dolorosa, aunque acolchada con más de cien millones de motivos para atravesar el duelo.
El problema es que el duelo duró un día.
Desde el 1.º de agosto, Neira comenzó a desempeñarse en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como gerente de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio. La designación fue formalizada posteriormente mediante la Resolución 296/2026 del Consejo Directivo del INTA, fechada el 3 de septiembre, pero con efectos retroactivos desde el día siguiente a su salida del ENACOM.
La motosierra, en este caso, cortó el vínculo laboral y enseguida lo utilizó como puente.
Una contratación que comenzó antes del despido
La secuencia se vuelve más difícil de justificar porque el desembarco no habría sido improvisado después de la desvinculación. Según la reconstrucción periodística, los trámites para incorporar a Neira comenzaron el 1.º de julio, 30 días antes de su salida del ENACOM.
El 28 de julio quedó habilitado el pago de la indemnización. El 31 se extinguió el contrato. El 1.º de agosto empezó a trabajar en el INTA.
No se trató, entonces, de un desempleado que encontró rápidamente otra oportunidad. Mientras el Estado preparaba su despido indemnizado en un organismo, otra dependencia del mismo Estado ya gestionaba su contratación.
Esa simultaneidad es el verdadero corazón del escándalo. Si el Gobierno consideraba que Neira reunía experiencia y capacidades necesarias para ocupar una gerencia en el INTA, podía trasladarlo, promover su adscripción o esperar que renunciara para asumir el nuevo puesto. La decisión de despedirlo permitió que cobrara una indemnización que no habría recibido mediante una renuncia.
La pregunta no es por qué aceptó el dinero. Cualquier trabajador despedido tiene derecho a cobrar lo que corresponde. La pregunta es quién decidió generar artificialmente una ruptura indemnizable cuando su continuidad dentro del Estado ya se encontraba en preparación.
La responsabilidad política no termina en el beneficiario. Empieza en quienes firmaron.
El INTA dice que algunos consejeros no sabían
La incorporación fue impulsada por la Dirección General de Administración del INTA, encabezada por Gustavo Javier Abaurrea. Neira fue designado transitoriamente como gerente tipo A, nivel de puesto 11, durante 180 días, con posibilidad de prórroga si no se realizaba el concurso correspondiente.
Integrantes del Consejo Directivo afirmaron que recibieron su currículum, pero que no fueron informados de las condiciones bajo las cuales había dejado el ENACOM ni del monto de la indemnización.
La explicación abre otro problema. La propia resolución reconocía que Neira se había desvinculado del ente de comunicaciones el 31 de julio y disponía su incorporación desde el 1.º de agosto. Aunque no detallara los $109,8 millones, la continuidad sin un solo día de distancia estaba escrita en el expediente.
Si los consejeros aprobaron una designación gerencial sin preguntar por qué el candidato abandonaba un organismo público un día antes de ingresar a otro, el sistema de control administrativo funciona con la profundidad de una encuesta de Instagram.
Ahora algunas autoridades del INTA analizan revisar la incorporación y solicitaron la intervención del área jurídica. El problema es que la revisión comenzó después de que el caso se hiciera público. En la administración libertaria, el control suele aparecer cuando el expediente ya salió en los diarios.
¿Fue ilegal cobrar la indemnización?
El episodio puede resultar escandaloso sin ser automáticamente delictivo. La indemnización habría sido pagada por un despido bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si el ENACOM extinguió unilateralmente el vínculo, Neira tenía derecho a recibirla.
Tampoco existe una prohibición general y automática que impida a una persona despedida de una entidad pública trabajar inmediatamente en otro organismo estatal. La restricción depende del régimen utilizado, las condiciones del egreso y las normas específicas de contratación.
Los retiros voluntarios suelen incluir cláusulas que prohíben regresar al Sector Público Nacional durante un período determinado. El propio INTA impuso una inhabilitación de cinco años a los agentes que adhirieron a su programa de retiros aprobado en 2026.
Pero Neira no habría salido por ese mecanismo. Fue despedido e indemnizado. Por eso esa prohibición no necesariamente se aplica a su caso.
La diferencia jurídica es importante: no puede afirmarse, sin mayor documentación, que haya cobrado indebidamente o violado una incompatibilidad. Sin embargo, la ausencia de una prohibición expresa no vuelve razonable la operación.
El posible perjuicio al Estado debe examinarse desde otro lugar. Si la desvinculación fue coordinada sabiendo que Neira continuaría trabajando inmediatamente en otro organismo, podría investigarse si existió una utilización abusiva del despido para generar una indemnización evitable.
También corresponde determinar quién inició cada trámite, qué funcionarios conocían ambos expedientes, cuándo recibió el INTA el currículum y si hubo comunicaciones entre las autoridades antes del 31 de julio.
La coincidencia puede ser legal. La coordinación, si existió, puede comprometer responsabilidades administrativas y patrimoniales.
El privilegio dentro del ajuste
El caso adquiere mayor gravedad política por el contexto. El Gobierno eliminó áreas, cerró programas y dejó sin empleo a miles de trabajadores con el argumento de reducir una planta estatal que consideraba sobredimensionada.
El INTA fue uno de los organismos sometidos a esa política. En noviembre de 2024, 394 empleados aceptaron un retiro voluntario. En junio de 2026 se abrió un segundo proceso que alcanzó a alrededor de 850 agentes, aunque varias solicitudes no prosperaron porque el organismo se negó a computar años trabajados bajo modalidades no permanentes.
Mientras técnicos, investigadores y trabajadores territoriales abandonaban el organismo, la Dirección General de Administración conseguía incorporar a un gerente procedente del ENACOM, recién indemnizado con casi $110 millones.
El contraste destruye el argumento de que el ajuste responde únicamente a criterios técnicos. El Estado no desaparece: selecciona a quién expulsa, a quién conserva y a quién paga para irse antes de volver a contratarlo.
Para la mayoría existe la motosierra. Para quienes encuentran la puerta correcta, existe el ascensor.
Quién ganó y quién pagó
Neira recibió una indemnización legal derivada de una decisión que no habría tomado personalmente. Después obtuvo un cargo gerencial transitorio en otro organismo público. Desde su perspectiva individual, la operación fue perfecta.
El ENACOM desembolsó casi $110 millones para prescindir de un trabajador con catorce años de antigüedad. El INTA incorporó inmediatamente esa experiencia, pero el costo de la desvinculación quedó a cargo del Estado.
El contribuyente financió las dos decisiones: la salida millonaria y el nuevo salario.
Ninguna empresa privada racional despediría con indemnización completa a un trabajador que otra unidad del mismo grupo ya decidió contratar al día siguiente. Dentro de una corporación, esa operación provocaría una auditoría. Dentro del Estado libertario, necesitó una investigación periodística para llamar la atención.
El episodio tampoco demuestra por sí solo que Neira haya cometido un delito o negociado clandestinamente su indemnización. Las responsabilidades principales recaen sobre los funcionarios que aprobaron el despido y la contratación, especialmente si conocían de antemano la continuidad.
Las preguntas que el Gobierno debe responder
El ENACOM debe explicar por qué decidió despedir a Neira, quién autorizó el pago y si conocía las gestiones iniciadas por el INTA. El organismo agropecuario debe identificar quién propuso al candidato, qué antecedentes evaluó, cuándo comenzó el expediente y por qué omitió analizar las condiciones de su salida anterior.
También debe determinarse si la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Transformación del Estado o el área conducida por Federico Sturzenegger intervinieron en alguno de los procesos.
La promesa de eficiencia estatal exige algo más que despedir empleados y publicar cifras de reducción de personal. También implica evitar que dos organismos administrados por el mismo Gobierno actúen como compartimentos aislados y generen costos innecesarios.
Por ahora, la secuencia muestra exactamente lo contrario. El Gobierno pagó casi $110 millones para que un funcionario dejara de trabajar para el Estado y, sin concederle siquiera un fin de semana largo, lo puso nuevamente a trabajar para el Estado.
No fue una puerta giratoria. Fue una puerta automática: se abrió al detectar la indemnización.
Rodolfo Gudino
GONZALO SCHWEIZER
