Juan OConnor
Un nuevo libro de Ian Lustick y Eli Clifton reconstruye cómo las organizaciones alineadas con los gobiernos israelíes inciden sobre elecciones, congresistas y decisiones militares de Estados Unidos. La tesis ayuda a explicar parte de la política de Trump, pero no alcanza para afirmar que Israel “controle” Washington ni que Javier Milei sea una pieza pasiva: ambos gobiernos también actúan por ideología, conveniencia electoral, negocios y estrategia.
La publicación de Israel’s Lobby: America in the Grip of a Foreign Power, escrito por el politólogo Ian Lustick y el periodista Eli Clifton, reabre una discusión que durante décadas osciló entre el análisis legítimo del poder y las deformaciones conspirativas: cuánto influyen las organizaciones proisraelíes sobre la política exterior de Estados Unidos y hasta qué punto esa presión condiciona decisiones que afectan a millones de personas dentro y fuera de Medio Oriente.
El libro existe, fue publicado en agosto de 2026 y sus autores no son figuras marginales. Lustick es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania y especialista en el conflicto israelí-palestino. Clifton es cofundador del Quincy Institute for Responsible Statecraft, un centro que cuestiona el intervencionismo militar estadounidense.
Su tesis es deliberadamente provocadora: una red de donantes, organizaciones políticas, centros de estudios, contratistas, líderes religiosos y dirigentes partidarios habría conseguido orientar durante décadas la política estadounidense hacia una defensa prácticamente incondicional de Israel, incluso cuando esa orientación perjudicaba los intereses de Estados Unidos.
La discusión merece ser tomada en serio, pero exige precisión. No existe un “poder judío” homogéneo que gobierne desde las sombras, como sostienen las teorías antisemitas. Tampoco todas las organizaciones proisraelíes representan a las comunidades judías estadounidenses ni todos sus integrantes son judíos.
El entramado incluye a multimillonarios, grupos empresariales, organizaciones como AIPAC, industrias de defensa y vigilancia, sectores del Partido Republicano y del Demócrata, iglesias evangélicas sionistas y funcionarios convencidos de que Israel es una plataforma estratégica estadounidense en Medio Oriente.
Hablar de actores concretos permite investigar dinero, votos y decisiones. Hablar de una colectividad como si actuara en bloque reemplaza la política por el prejuicio.
Influencia no significa control absoluto
El título del libro de Lustick y Clifton sostiene que Estados Unidos se encuentra “en las garras de una potencia extranjera”. La fórmula resume la tesis editorial, pero no debe aceptarse como una descripción literal sin discusión.
Washington no es una víctima pasiva de Israel. La alianza también responde a intereses propios: proyección militar en Medio Oriente, cooperación de inteligencia, venta y desarrollo de armamento, acceso tecnológico, control regional, competencia con Irán y protección de rutas energéticas.
Israel recibe armas, respaldo diplomático y asistencia financiera. A cambio, Estados Unidos obtiene un socio militar avanzado, capacidad de inteligencia y una plataforma regional integrada a sus objetivos estratégicos.
El vínculo es profundamente asimétrico en algunos terrenos y paradójico en otros. Estados Unidos posee mucha más capacidad económica y militar, pero la política interna puede reducir el margen de maniobra de sus presidentes frente a un aliado formalmente menor.
Eso es influencia estructural, no dominación mágica.
Los gobiernos estadounidenses también utilizaron la alianza para justificar operaciones que sus propios sectores de poder deseaban realizar. Responsabilizar exclusivamente al lobby proisraelí puede terminar absolviendo al Pentágono, las empresas armamentísticas, los contratistas, las petroleras y los presidentes que tomaron las decisiones.
Trump no fue secuestrado políticamente por una fuerza exterior. Eligió rodearse de donantes, funcionarios y aliados que comparten una agenda favorable a Netanyahu. Si esa agenda lo llevó a una guerra costosa, continúa siendo responsable de haberla adoptado.
AIPAC, elecciones y disciplina parlamentaria
La influencia puede observarse de forma más concreta en el financiamiento electoral. AIPAC y su comité asociado, United Democracy Project, invirtieron decenas de millones de dólares en campañas y elecciones primarias, especialmente contra candidatos demócratas críticos de las políticas israelíes.
Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que United Democracy Project acumuló más de USD 107 millones en ingresos. Durante las elecciones de 2024, organizaciones vinculadas con AIPAC intervinieron fuertemente en distritos donde enfrentaron a representantes progresistas como Jamaal Bowman y Cori Bush.
Una parte importante de las campañas financiadas por estos grupos no hablaba directamente de Israel. Los anuncios se concentraban en delitos, impuestos, antecedentes legislativos o cuestiones locales. El objetivo era más eficaz que defender públicamente una guerra impopular: castigar electoralmente a quienes cuestionaban la ayuda militar o exigían un alto el fuego.
El mensaje para el resto del Congreso era transparente. Criticar determinadas políticas podía atraer una cantidad extraordinaria de dinero hacia el adversario en la próxima elección.
Ese mecanismo no requiere comprar literalmente un voto. Basta con modificar el cálculo de riesgo de cada legislador. Quien sabe que una posición puede costarle millones de dólares en publicidad negativa no necesita recibir una orden directa.
El lobby opera entonces como una estructura de premios y castigos dentro de un sistema electoral ya dominado por grandes aportantes. El problema excede a Israel: revela hasta qué punto la democracia estadounidense permite que capitales concentrados alteren la competencia política.
AIPAC no inventó ese sistema. Aprendió a utilizarlo con enorme eficacia.
La sociedad se aleja mientras Washington mantiene la alianza
El cambio más profundo aparece en la distancia entre la opinión pública y las decisiones del poder político. En 2026, una encuesta del Pwe Research Center mostró que el 60% de los estadounidenses tenía una opinión desfavorable de Israel, frente al 42% registrado en 2022. El 59% expresaba poca o ninguna confianza en Benjamin Netanyahu.
Entre los demócratas, el rechazo alcanzaba al 80%. Incluso entre los republicanos menores de 50 años, el 57% tenía una opinión negativa. El apoyo permanece más alto entre los republicanos mayores y los evangélicos blancos, pero el consenso bipartidista que durante décadas protegió la alianza muestra fracturas evidentes.
La política institucional no se movió con la misma velocidad. El suministro de armas, la cooperación militar y la protección diplomática continuaron pese al deterioro de la imagen de Israel, la devastación de Gaza y la creciente oposición a nuevas guerras regionales.
Ese desacople es uno de los argumentos más sólidos de Lustick y Clifton. El poder del lobby no se mediría ya por su capacidad para convencer a la mayoría social, sino por su habilidad para condicionar a una minoría decisiva: donantes, legisladores, funcionarios, medios, candidatos y organizaciones capaces de cerrar una carrera política.
La paradoja es contundente. La influencia puede crecer dentro del sistema mientras disminuye la legitimidad fuera de él.
La fractura atraviesa también a la derecha
La crítica dejó de ser patrimonio de la izquierda estadounidense. Figuras del movimiento trumpista como Tucker Carlson y Candace Owens cuestionaron el involucramiento de Estados Unidos en guerras vinculadas con los intereses del Gobierno israelí.
Su argumento no siempre parte de una defensa de los derechos palestinos. En muchos casos responde al nacionalismo “America First”: Estados Unidos no debería gastar recursos, soldados ni capital político en conflictos que esos sectores consideran ajenos.
Esa fractura es peligrosa para Trump porque afecta una de sus promesas más importantes: terminar con las guerras interminables y concentrarse en las fronteras, la industria y los problemas internos.
Si la guerra con Irán se prolonga, aumenta el precio de la energía o produce nuevas bajas estadounidenses, Netanyahu puede convertirse en un costo electoral incluso dentro de la coalición republicana.
Pero esa crítica debe analizarse con cautela. Parte de la extrema derecha mezcla cuestionamientos legítimos a AIPAC con estereotipos antisemitas sobre doble lealtad, control financiero o conspiraciones globales. Una cosa es investigar qué organizaciones financian candidatos y qué decisiones promueven. Otra es atribuir a los judíos estadounidenses una obediencia colectiva hacia Israel.
Las comunidades judías de Estados Unidos están profundamente divididas. Existen organizaciones judías que respaldan al Gobierno israelí, otras que apoyan una solución de dos Estados y movimientos que denuncian la ocupación y las acciones militares de Netanyahu.
Esa pluralidad no es un detalle: es la barrera necesaria contra la generalización racista.
Milei no necesita que lo dominen
Trasladar mecánicamente la tesis estadounidense a la Argentina conduce a otro error. Javier Milei no depende de AIPAC para financiar elecciones legislativas ni gobierna dentro del mismo sistema de donaciones políticas de Estados Unidos.
Su alineamiento con Netanyahu tiene componentes propios. Milei convirtió su aproximación al judaísmo en parte de su identidad pública, designó como embajador en Israel a Shimon Axel Wahnish, quien fue su referente religioso, y colocó la relación con Israel entre los ejes centrales de su política exterior.
También impulsó los Acuerdos de Isaac, una iniciativa destinada a extender por América Latina una alianza política, económica y cultural favorable a Israel. En abril de 2026, Milei y Netanyahu participaron de su lanzamiento y promovieron acuerdos de cooperación militar, científica y tecnológica.
El Presidente argentino no aparece como un dirigente sometido contra su voluntad. Comparte gran parte de esa visión del mundo: una lectura civilizatoria que divide a Occidente de sus enemigos, identifica a Israel como primera línea de combate y conecta liberalismo económico, conservadurismo cultural y seguridad.
La relación también produce beneficios políticos. Milei fortalece sus vínculos con la derecha republicana estadounidense, las iglesias evangélicas, organizaciones internacionales conservadoras, empresas tecnológicas y sectores vinculados con seguridad, defensa e inteligencia.
Por eso es más exacto hablar de alineamiento voluntario que de dominación.
El problema democrático no consiste en que Milei mantenga una relación cercana con Israel. Todo gobierno puede elegir socios internacionales. El problema aparece cuando las afinidades personales o religiosas sustituyen una evaluación autónoma de los intereses argentinos.
Navitas muestra el límite del alineamiento
El proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas coloca esa contradicción en términos concretos. Navitas Petroleum, de origen israelí, controla el 65% del emprendimiento destinado a explotar hidrocarburos en aguas bajo ocupación británica. Su socia es Rockhopper Exploration.
El Gobierno argentino anunció denuncias y un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las islas. La decisión enfrenta a Milei con una compañía israelí mientras intenta preservar su alianza política con Netanyahu.
Israel no acompañó históricamente el reclamo argentino en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas ni reconoció formalmente la soberanía argentina sobre las Malvinas. La afinidad ideológica no produjo automáticamente reciprocidad diplomática.
La situación demuestra el límite de la política exterior personalista. Milei puede presentarse como el aliado más leal de Netanyahu, pero Israel decide según sus propios intereses, no según los de la Argentina.
Navitas tiene una inversión estratégica, licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldo jurídico británico. Si el Gobierno israelí debe elegir entre una empresa propia, su relación con Londres y las necesidades discursivas de Milei, no existe garantía de que priorice a Buenos Aires.
La subordinación comienza cuando un gobierno concede apoyo incondicional y recibe a cambio apenas símbolos.
Religión, seguridad y negocios
El vínculo argentino-israelí tampoco se reduce a convicciones espirituales. Incluye mercados concretos: tecnología de vigilancia, ciberseguridad, armamento, inteligencia, agricultura, agua, energía y cooperación científica.
Israel posee empresas líderes en sistemas de reconocimiento, drones, interceptación de comunicaciones y seguridad fronteriza. La Argentina necesita equipamiento y asistencia, mientras el Gobierno de Milei busca reformular su política de defensa y seguridad.
Esa cooperación puede generar capacidades útiles, pero también requiere controles. Las tecnologías de vigilancia tienen consecuencias sobre la privacidad, la protesta social y los derechos civiles. Los contratos de defensa suelen quedar protegidos por cláusulas de confidencialidad que dificultan conocer precios, intermediarios y condiciones.
Cuando una alianza ideológica se combina con negocios opacos, el riesgo no consiste únicamente en pagar de más. También puede importarse una doctrina de seguridad que trate la protesta, la migración o determinados grupos políticos como amenazas internas.
La política exterior termina entrando por la puerta de la política doméstica.
Quiénes se benefician
Los primeros beneficiados son los grupos capaces de transformar financiamiento electoral en acceso político. AIPAC y otras organizaciones consiguen legisladores más receptivos, bloquean iniciativas contrarias al Gobierno israelí y elevan el costo de cuestionar la asistencia militar.
También ganan las industrias de defensa estadounidenses e israelíes. Cada guerra incrementa la demanda de misiles, sistemas antiaéreos, drones, municiones, vigilancia e inteligencia. Parte de la ayuda que Washington entrega a Israel regresa a empresas estadounidenses mediante compras militares.
Netanyahu obtiene respaldo exterior frente al desgaste interno y puede presentar cualquier presión internacional como una amenaza contra Israel. Trump recibe financiamiento, apoyo de sectores evangélicos y una narrativa de liderazgo militar. Milei consigue reconocimiento dentro de la derecha global y acceso a redes políticas y empresariales.
Quienes pierden son las poblaciones expuestas a la guerra, los contribuyentes que financian operaciones militares, los soldados enviados a conflictos regionales y las sociedades cuyos gobiernos actúan en contra de una opinión pública cada vez más crítica.
También pierde la lucha contra el antisemitismo cuando cualquier crítica a Netanyahu se presenta como odio contra los judíos o cuando las acciones del Gobierno israelí se atribuyen colectivamente a una comunidad mundial diversa.
Confundir Gobierno, Estado, religión y pueblo beneficia a los extremismos de ambos lados.
La influencia debe investigarse sin construir un enemigo étnico
El valor del libro de Lustick y Clifton reside en identificar mecanismos que durante mucho tiempo fueron tratados como intocables: grandes donaciones, campañas contra candidatos, presión legislativa, construcción de discursos y castigos institucionales.
Su límite aparece cuando la expresión “potencia extranjera” puede sugerir que toda la política estadounidense responde a una voluntad exterior única. Estados Unidos conserva intereses imperiales propios y una poderosa estructura militar que no necesita recibir instrucciones para intervenir en otros países.
La relación con Israel es una alianza entre élites políticas, económicas, militares y religiosas. Algunas son israelíes; muchas son estadounidenses. Todas deben ser examinadas por sus decisiones, contratos y aportes, no por su origen étnico.
En la Argentina, Milei tampoco puede escudarse detrás de Netanyahu. Si adopta posiciones que perjudican la autonomía nacional, abandona equilibrios diplomáticos o acepta acuerdos inconvenientes, la responsabilidad es del Presidente argentino.
La influencia explica. No absuelve.
El verdadero punto de inflexión no consiste en descubrir una conspiración escondida. Consiste en comprobar que una red de intereses puede conservar enorme poder institucional incluso cuando pierde apoyo social.
Trump y Milei no son marionetas sin voluntad. Son socios de una alianza que les ofrece dinero, reconocimiento, tecnología y pertenencia ideológica. La pregunta política es qué entregan a cambio y quién termina pagando esa factura.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Schweizer
