REDACCIÓN
El Senado otorgó media sanción a las dos iniciativas con una mayoría construida por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Detrás del respaldo aparecen intereses productivos del NOA, concesiones para las pymes y una advertencia política: el Gobierno no tiene mayoría propia, pero puede comprar gobernabilidad atendiendo las demandas territoriales.
El Gobierno consiguió en el Senado dos victorias legislativas importantes, pero ninguna fue gratuita ni puede interpretarse como la consolidación de una mayoría oficialista permanente. La aprobación en general de Inocencia Fiscal II por 44 votos contra 23 y la media sanción de la reforma de Biocombustibles por 41 contra 25 fueron posibles gracias a una negociación con el radicalismo y los gobernadores del norte argentino.
La secuencia mostró nuevamente cómo funciona el poder legislativo de Javier Milei. La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para imponer por sí sola su programa. Para avanzar necesita negociar con gobernadores que administran provincias dependientes de las transferencias nacionales, pero que también poseen recursos productivos capaces de convertirse en moneda de intercambio.
Gustavo Sáenz llegó al Senado y se reunió con representantes de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Misiones antes de que comenzara la sesión. Durante varios minutos, el oficialismo no consiguió reunir el cuórum. La situación cambió cuando los senadores de esos espacios ingresaron juntos al recinto.
La imagen resumió el acuerdo con mayor claridad que cualquier discurso: los votos provinciales aparecieron cuando las demandas territoriales encontraron un lugar dentro de la negociación.
El resultado no fue una adhesión ideológica plena al Gobierno. Fue un intercambio político. Milei obtuvo cuórum y apoyo para dos proyectos centrales; los gobernadores consiguieron modificaciones en el régimen de biocombustibles, protección adicional para empresas regionales y una demostración pública de que sus senadores pueden definir el destino de las leyes.
Fue media sanción, no una ley terminada
Las dos iniciativas todavía deben completar su recorrido parlamentario. La votación del Senado no significa que el nuevo régimen de biocombustibles ni Inocencia Fiscal II hayan entrado en vigencia.
La distinción es fundamental porque los textos pueden ser modificados en la Cámara de Diputados. Si eso ocurre, deberán regresar al Senado. También podrían quedar demorados en comisiones o ser utilizados dentro de nuevas negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias.
Presentar el resultado como una aprobación definitiva oculta que el Gobierno apenas superó una etapa. La victoria política existió, pero la transformación jurídica todavía no se produjo.
Este detalle adquiere especial importancia en el caso de Biocombustibles porque el dictamen sufrió cambios hasta poco antes de la votación. Varios senadores llegaron al recinto sin conocer con precisión la versión final. La propia conducción oficialista reconoció que el texto había sido armado mediante sucesivas modificaciones y acuerdos.
Votar una política energética de largo plazo sin que todos los legisladores dispongan de una versión consolidada genera un problema de calidad institucional. El Congreso no debería aprobar primero y averiguar después qué efectos produce cada artículo.
Biocombustibles: una pelea por porcentajes y mercados
La reforma eleva el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15% y el de biodiésel en el gasoil del 7% al 10%. Ese cambio amplía el mercado interno reservado para los combustibles obtenidos a partir de materias primas agrícolas.
Detrás de cada punto porcentual existen millones de litros, contratos, inversiones industriales, puestos de trabajo y una disputa por la distribución del negocio.
El bioetanol beneficia especialmente a las economías vinculadas con la caña de azúcar y el maíz. Tucumán, Salta y Jujuy poseen intereses directos en la producción de alcohol de caña, mientras Córdoba y otras provincias concentran plantas basadas en maíz.
El biodiésel se produce principalmente con aceite de soja y tiene una presencia industrial importante en Santa Fe. Allí conviven grandes compañías integradas con plantas pequeñas y medianas que dependen en mayor medida del corte obligatorio para sostener su actividad.
El aumento de los porcentajes puede reducir parcialmente el consumo de combustibles fósiles, estimular la industrialización de materias primas agrícolas y diversificar la matriz energética. Pero su impacto ambiental no debe presentarse como automáticamente positivo. Depende del origen de la materia prima, del uso del suelo, de la energía utilizada durante la producción y del transporte necesario para llevar el combustible hasta las refinerías.
La discusión central no fue solamente cuánto bioetanol o biodiésel debe mezclarse, sino quién podrá abastecer ese nuevo mercado.
Las multinacionales y las pymes se disputan el mismo tanque
El proyecto despertó resistencia entre las pequeñas y medianas empresas porque una mayor apertura a compañías integradas podía concentrar el negocio en grupos con capacidad para producir materia prima, procesarla, exportarla y vender el combustible terminado.
Una empresa integrada posee ventajas de escala, financiamiento, infraestructura y acceso a puertos. Puede soportar márgenes menores durante períodos prolongados y desplazar a competidores que dependen exclusivamente del mercado regulado.
Las pymes no integradas, en cambio, compran la materia prima y necesitan que el precio oficial, la distribución de cupos y las condiciones de comercialización cubran sus costos. Si quedan obligadas a competir directamente con grandes agroexportadoras, su supervivencia puede verse comprometida.
Para conseguir los votos, el oficialismo aceptó otorgar un punto porcentual adicional a las empresas locales de menor tamaño, incorporar beneficios para establecimientos no integrados y contemplar compensaciones para plantas alejadas del puerto de Rosario.
Las modificaciones revelan que el texto original no ofrecía garantías suficientes para las pymes. También muestran que los gobernadores y senadores provinciales tenían capacidad para frenar la iniciativa.
El Gobierno defendió la apertura y la competencia hasta que descubrió que sin protección regional no conseguía los votos. La libertad de mercado terminó ajustándose a la aritmética parlamentaria.
Las provincias alejadas de Rosario reclamaron compensaciones
La distancia respecto de los principales puertos y centros de refinación constituye una desventaja concreta. Las plantas instaladas en el norte o en regiones alejadas del corredor industrial santafesino soportan mayores costos logísticos para trasladar materias primas y productos terminados.
La compensación incluida en la negociación busca evitar que esa diferencia territorial expulse del mercado a productores regionales. Sin embargo, deberá definirse cómo se calculará, quién la financiará y qué controles impedirán que se convierta en una transferencia permanente sin evaluación de eficiencia.
Si la compensación se traslada al precio final, podría terminar siendo pagada por quienes cargan combustible. Si se cubre con recursos públicos, tendrá un costo fiscal. Si recae sobre las petroleras, estas intentarán trasladarlo a otros segmentos de la cadena.
La reforma amplía la demanda de biocombustibles, pero no elimina el costo. Lo distribuye entre productores, refinadoras, consumidores y Estado. La reglamentación será tan importante como la ley para determinar quién absorberá finalmente ese gasto.
Un régimen anterior que todavía debía llegar hasta 2030
El peronismo cuestionó que el Congreso modifique las condiciones de un régimen cuya vigencia se extendía hasta 2030. El argumento no impide legalmente dictar una nueva norma, porque ninguna ley ordinaria resulta inmodificable. Pero plantea un problema de previsibilidad.
Las empresas realizaron inversiones considerando determinadas reglas, cupos y plazos. Cambiarlas antes del vencimiento puede favorecer a algunos actores y perjudicar a otros. Por eso, una reforma de esta magnitud necesita disposiciones de transición claras.
La seguridad jurídica no consiste en congelar eternamente una regulación. Consiste en evitar que el Estado modifique las condiciones de manera intempestiva, opaca o diseñada para beneficiar a sectores específicos.
El rechazo del oficialismo a pasar a un cuarto intermedio para revisar las modificaciones debilitó ese principio. La urgencia política por conseguir la votación prevaleció sobre la necesidad de conocer el texto definitivo.
Inocencia Fiscal II: dólares guardados y menos capacidad de control
La segunda victoria del Gobierno fue Inocencia Fiscal II. El oficialismo presenta el proyecto como una herramienta para que el dinero no declarado salga de cajas de seguridad, cuentas informales o escondites domésticos y se incorpore al circuito económico.
El argumento consiste en que los “dólares debajo del colchón” no financian inversiones, consumo formal ni crédito. Para atraerlos, el Estado ofrece mayor seguridad frente a futuras investigaciones tributarias y reduce determinados riesgos vinculados con inconsistencias patrimoniales.
La discusión no consiste en negar que una parte importante del ahorro argentino permanece fuera del sistema. La desconfianza en el peso, las crisis bancarias, los cambios regulatorios y la presión fiscal estimularon durante décadas la acumulación de dólares por fuera del circuito formal.
El problema aparece cuando el incentivo para exteriorizar ahorros se aproxima a una renuncia estatal a investigar el origen de los fondos.
No todo dinero no declarado proviene del narcotráfico o la corrupción. Puede surgir de ahorro informal, actividad económica parcialmente registrada, trabajo independiente o evasión tributaria. Pero tampoco todo capital escondido tiene un origen inocente.
Una ley responsable debe establecer controles que permitan diferenciar al pequeño ahorrista de quienes utilizaron estructuras societarias, testaferros o circuitos financieros para ocultar delitos.
Si la protección resulta demasiado amplia, el beneficio puede alcanzar a evasores sofisticados, funcionarios con patrimonio injustificado o personas vinculadas con actividades criminales. Si es demasiado limitada, los ahorristas no ingresarán el dinero y el proyecto fracasará en su objetivo económico.
Ese equilibrio constituye el núcleo de la controversia.
El Gobierno necesita los dólares, pero también necesita controlar su origen
La economía argentina arrastra una escasez estructural de divisas. El Gobierno busca que los ahorros privados ingresen al sistema para ampliar depósitos, crédito, inversión y eventualmente la oferta de dólares.
La estrategia puede producir un efecto inmediato favorable si logra movilizar capital inmovilizado. Sin embargo, también puede reforzar una conducta repetida: esconder activos esperando que aparezca un nuevo régimen beneficioso.
Cada regularización extraordinaria transmite un mensaje problemático a quienes pagan sus impuestos. Mientras el contribuyente cumplidor afronta obligaciones, controles e intereses, quien ocultó patrimonio puede recibir años después una vía de ingreso con menores costos y preguntas.
El resultado social es una desigualdad tributaria difícil de justificar. Las personas asalariadas y consumidoras pagan impuestos mediante retenciones, facturas y precios, sin posibilidad de esconder su capacidad contributiva. Los sectores con mayor patrimonio poseen más herramientas para postergar, eludir o negociar su regularización.
La “inocencia fiscal” puede transformarse así en un privilegio de clase si no establece límites, exclusiones y controles estrictos.
Las acusaciones sobre nombres propios no reemplazan el análisis legal
Durante el debate, Mayans sostuvo que la iniciativa podía beneficiar a funcionarios y dirigentes investigados. Sus referencias políticas aumentaron la tensión, pero el examen jurídico no puede depender solamente de sospechas sobre personas determinadas.
La pregunta relevante es si el texto excluye adecuadamente a funcionarios públicos, personas políticamente expuestas, condenados, investigados por lavado y capitales vinculados con delitos graves.
También debe analizarse si limita las facultades de ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Justicia y el Ministerio Público para reconstruir incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados.
Si una norma impide investigar sin ofrecer mecanismos alternativos de control, puede entrar en tensión con el deber estatal de perseguir delitos económicos y garantizar igualdad ante la ley.
La presunción de inocencia protege a toda persona frente al poder punitivo. Pero no debe confundirse con una presunción automática de licitud sobre cualquier dinero cuyo origen el titular no puede justificar.
Sáenz mostró el nuevo poder de los gobernadores
La presencia de Gustavo Sáenz en el Senado no fue protocolar. El gobernador salteño funcionó como articulador de un grupo de legisladores provinciales que podía otorgar o negar el cuórum.
Flavia Royón y Carolina Moisés habían presionado para que Biocombustibles fuera incluido en el temario. La negociación reunió además a representantes de Misiones, Tucumán y Catamarca. Cuando ingresaron juntos, el Gobierno consiguió abrir la sesión.
La escena confirmó la formación de una franja de poder que no responde completamente al oficialismo ni al peronismo. Son senadores vinculados con gobernadores que negocian cada iniciativa según los intereses de sus provincias.
Para Milei, este sistema ofrece gobernabilidad sin necesidad de construir una coalición estable. Puede conseguir votos atendiendo demandas específicas. Para los gobernadores, permite conservar autonomía y elevar el precio de su apoyo.
El riesgo es que las leyes nacionales terminen convertidas en una suma de acuerdos territoriales sin una estrategia coherente. Cada provincia obtiene una cláusula, una compensación o una cuota, mientras el texto general se modifica hasta minutos antes de la votación.
Quiénes ganan y quiénes pierden
El Gobierno gana dos medias sanciones y demuestra que puede quebrar la mayoría opositora. Patricia Bullrich fortalece su papel como negociadora parlamentaria al conseguir cambios que destrabaron el acompañamiento radical y provincial.
Los gobernadores del Norte ganan capacidad de interlocución y protección para actividades productivas vinculadas con la caña de azúcar, el maíz y la industria energética regional.
Las pymes de biocombustibles obtienen una reserva mayor del mercado y compensaciones, aunque deberán esperar el texto definitivo y su reglamentación para saber si la protección será efectiva.
Las grandes compañías también pueden beneficiarse porque el aumento del corte amplía el volumen total del negocio y abre la posibilidad de ingresar con mayor fuerza al mercado interno.
Los consumidores podrían enfrentar variaciones en el precio de los combustibles si los mayores costos de producción, transporte o compensación son trasladados a los surtidores. El impacto final dependerá de la evolución del petróleo, los precios agrícolas, el tipo de cambio y la regulación oficial.
Con Inocencia Fiscal II, los titulares de activos no declarados obtienen una vía para incorporarlos al circuito formal con menor incertidumbre. Los contribuyentes cumplidores, en cambio, vuelven a observar cómo el Estado ofrece ventajas a quienes mantuvieron patrimonio fuera de su alcance.
Una mayoría legislativa alquilada por proyecto
La sesión dejó una conclusión política más importante que las dos votaciones. Milei no consiguió una mayoría propia: armó una mayoría temporal.
Los votos de la UCR, el PRO y los bloques provinciales no constituyen un cheque en blanco. Cada nueva ley requerirá otra negociación, otras concesiones y probablemente otro grupo de gobernadores esperando fuera del recinto.
La Casa Rosada puede celebrar que obtuvo las medias sanciones. Pero la fotografía del cuórum mostró quién conserva la llave. Los senadores del Norte esperaron, negociaron y entraron juntos cuando el acuerdo estuvo cerrado.
Biocombustibles fue el precio productivo. Inocencia Fiscal II fue la prioridad económica del Gobierno. Los gobernadores aportaron los votos. La Libertad Avanza puso el nombre de la victoria.
La política federal volvió a recordarle a Milei una verdad elemental: en el Senado, la motosierra no corta sin combustible, y esta vez el combustible lo llevaron las provincias.
