GONZALO SCHWEIZER
Un informe del CELS reveló que el Gobierno destinó más de $2.000 millones a los operativos de seguridad en las protestas de jubilados durante 2025. El monto equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono y no contempla el costo de miles de horas de servicio de las fuerzas federales.
Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que «no hay plata» para mejorar las jubilaciones, recomponer los haberes o ampliar la cobertura de medicamentos, el Estado destinó más de 2.000 millones de pesos a los operativos de seguridad montados para reprimir las protestas de jubilados frente al Congreso durante 2025. La cifra, reconstruida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de información oficial del Ministerio de Seguridad, vuelve a poner en debate las prioridades presupuestarias de la administración nacional.
De acuerdo con el informe, entre enero y diciembre del año pasado se realizaron 43 operativos para controlar las movilizaciones de los miércoles, en las que jubilados y organizaciones sociales reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes, el recorte de medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Solo en combustible y equipamiento, cada despliegue demandó un promedio de $48,5 millones, lo que arroja un gasto superior a los $2.000 millones en el año.
Sin embargo, el propio CELS advierte que ese monto representa una estimación conservadora. El Ministerio de Seguridad únicamente informó los gastos vinculados al combustible y al equipamiento utilizado durante los operativos, pero no incorporó el costo de las horas de servicio obligatorio, adicionales, logística, transporte ni los recursos humanos movilizados. En promedio participaron 915 efectivos por jornada, aunque en algunos casos el despliegue fue considerablemente mayor.
El operativo más costoso dejó a Pablo Grillo gravemente herido
La jornada del 12 de marzo de 2025 fue la más numerosa y también la más controvertida. Ese día participaron 1.266 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval, en un operativo que terminó con decenas de heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente lesionado tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.
La investigación judicial determinó que el proyectil fue disparado por el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, quien actualmente se encuentra procesado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas agravado. Paralelamente, la Justicia continúa investigando la responsabilidad de la cadena de mando que diseñó y ejecutó el operativo.
No se trata del único caso bajo investigación. También fueron procesados el prefecto Sebastián Martínez, acusado de provocar la pérdida de la visión de un ojo al manifestante Jonathan Navarro mediante un proyectil disparado con un rifle Byrna; el inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, imputado por agredir a la jubilada Beatriz Blanco, de 82 años; y el agente Cristian Rivaldi, denunciado por arrojar gas pimienta contra una niña de diez años durante otra movilización.
El equivalente a 5.578 jubilaciones mínimas
El dato más impactante del informe no surge únicamente del monto absoluto destinado a los operativos, sino de la comparación con el gasto previsional.
Según el CELS, los más de $2.000 millones ejecutados por el Ministerio de Seguridad equivalen a 5.578 jubilaciones mínimas con bono, tomando como referencia el promedio de los haberes pagados durante 2025.
La comparación adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno justificó buena parte del ajuste fiscal mediante la contención del gasto previsional, la reducción de programas sociales y la eliminación de distintos subsidios. Mientras los jubilados denunciaban la pérdida del poder de compra de sus ingresos y reclamaban la restitución de medicamentos gratuitos, el Estado destinaba recursos crecientes al despliegue de fuerzas federales para contener esas mismas manifestaciones.
Una protesta reprimida casi todas las semanas
Las cifras recopiladas por organismos de derechos humanos muestran además la intensidad del accionar de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones.
De las 43 protestas registradas durante el año, al menos 28 terminaron con represión, según datos elaborados por el CELS junto con la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la CTA y los equipos sanitarios que asistieron a los manifestantes.
El saldo fue de 149 detenciones consideradas arbitrarias y 501 personas heridas, muchas de ellas alcanzadas por balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Los informes también documentan agresiones contra trabajadores de prensa, jubilados de edad avanzada, personal sanitario y manifestantes que participaban de manera pacífica en las concentraciones.
La seguridad como respuesta al conflicto social
Para el CELS, el incremento del gasto en operativos refleja una decisión política de abordar el conflicto social desde una lógica de seguridad antes que mediante respuestas vinculadas a las políticas públicas.
La organización sostiene que el Gobierno convirtió las protestas previsionales en un problema de orden público y respondió con un despliegue permanente de efectivos federales, en lugar de atender los reclamos vinculados al deterioro de las jubilaciones, el aumento del costo de vida y las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos.
La estrategia quedó plasmada en una presencia constante de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura en las inmediaciones del Congreso cada miércoles, transformando una manifestación habitual en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
Las prioridades del ajuste
El informe reabre el debate sobre el destino de los recursos públicos en un escenario marcado por el ajuste fiscal. Mientras el Ejecutivo sostiene que el equilibrio de las cuentas exige limitar el gasto previsional y mantener congeladas diversas partidas sociales, el Estado destinó más de $2.000 millones únicamente a los costos directos de los operativos contra las marchas de jubilados.
Como reconoce el propio estudio, la cifra probablemente sea mucho mayor si se incorporan los costos salariales, logísticos y operativos que el Ministerio de Seguridad no informó.
Más allá del monto final, los datos exponen una de las principales contradicciones que atraviesa la gestión económica: el argumento de que «no hay plata» para mejorar los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima convivió durante todo 2025 con un importante despliegue de recursos públicos destinado a contener, semana tras semana, las protestas de esos mismos jubilados frente al Congreso Nacional.
