Melina Schweizer
La cifra oficial inicial fue de 16 muertos, pero organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales ya elevan el balance a al menos 70 víctimas, con miles de desplazados. La ofensiva volvió a mostrar el avance territorial de las bandas fuera de Puerto Príncipe.
La violencia de las pandillas volvió a golpear con brutalidad a Haití. Un ataque atribuido a la banda Gran Grif en Petite-Rivière-de-l’Artibonite dejó primero un saldo oficial de 16 muertos y 10 heridos, pero en las horas siguientes el panorama se agravó: una organización local de derechos humanos elevó la cifra a al menos 70 asesinados y 30 heridos, mientras Naciones Unidas advirtió que el número total de víctimas podría acercarse a 80.
El ataque comenzó entre la noche del sábado 28 y la madrugada del domingo 29 de marzo, y continuó con nuevos episodios de violencia el lunes. Según reportes coincidentes, hombres armados incendiaron viviendas, dejaron cadáveres en calles y casas, y sembraron terror en comunidades rurales de la zona de Jean-Denis, dentro del departamento de Artibonite. La magnitud real todavía es difícil de establecer porque las rutas quedaron bloqueadas y el acceso de rescatistas y autoridades fue limitado.
Qué se sabe del ataque
Gran Grif es considerada la banda más poderosa de Artibonite, una región clave para Haití por su peso agrícola. De acuerdo con la ONU, el grupo ha sido responsable de una porción enorme de la violencia contra civiles en esa zona y ya había sido vinculado con la masacre de Pont-Sondé en octubre de 2024, donde murieron más de 70 personas. En esta nueva ofensiva, activistas locales sostienen que la banda actuó en represalia por ataques previos de grupos de autodefensa contra una de sus bases.
La Policía haitiana logró evacuar a parte de la población con apoyo de efectivos kenianos integrados en la misión multinacional respaldada por la ONU, pero los operativos quedaron obstaculizados por barricadas y bloqueos montados por los atacantes. Reuters reportó además que unas 6.000 personas fueron desplazadas por esta masacre, una cifra que muestra que el impacto no se limita a las muertes: también incluye el vaciamiento forzado de comunidades enteras.
Un país atrapado por la expansión de las bandas
El ataque en Petite-Rivière-de-l’Artibonite no es un episodio aislado. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó hace pocos días que, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, al menos 5.500 personas murieron y otras 2.600 resultaron heridas en hechos de violencia vinculados a pandillas en Haití. El organismo advirtió además que las bandas ya no solo controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, sino que avanzan hacia los departamentos de Artibonite y Centre.
Ese dato ayuda a leer lo ocurrido en Artibonite como parte de una tendencia más amplia: la crisis de seguridad haitiana se está territorializando por fuera de la capital. Naciones Unidas viene alertando que las bandas matan, secuestran, extorsionan, queman viviendas, destruyen servicios básicos y restringen el acceso a salud y educación mediante bloqueos armados.
La dimensión humanitaria
La masacre también confirma el colapso humanitario en Haití. Según la ONU, más de 1,4 millones de personas estaban desplazadas internamente en 2025, en medio de una combinación de violencia armada, hambre, colapso institucional y eventos climáticos extremos. En ese marco, cada nueva incursión de las bandas no solo produce asesinatos, sino que profundiza el desarraigo, rompe redes comunitarias y deja a miles de familias sin techo ni medios de subsistencia.
La ONU calificó este último ataque como una demostración de la “gravedad” de la situación que enfrenta la población haitiana y reclamó una investigación exhaustiva. El problema es que la capacidad estatal para investigar, juzgar y contener a las bandas está profundamente erosionada por años de corrupción, impunidad y debilidad institucional.
Más que una masacre local
Lo ocurrido en Petite-Rivière-de-l’Artibonite expone una verdad incómoda: en Haití, las bandas ya no operan solo como estructuras criminales, sino como poderes territoriales capaces de desplazar población, disputar rutas, imponer bloqueos y condicionar la vida cotidiana de regiones enteras. El ataque de Gran Grif vuelve a mostrar que la crisis haitiana no es una suma de episodios aislados, sino una emergencia prolongada en la que la población civil sigue pagando el costo más alto.
Jorge R. Schweizer
