CONCHITA PRETA
Mientras Casa Rosada negocia inversiones para centros de datos e inteligencia artificial, el Gobierno impulsa un “Gemelo Digital Social” que busca integrar información de ANSES, RENAPER, salud y educación en plataformas centralizadas. La oposición ya judicializó el proyecto por posibles violaciones a la privacidad, mientras expertos advierten sobre soberanía digital, consumo energético y acceso extranjero a datos sensibles de millones de argentinos
El viejo colonialismo llegaba en barcos. El nuevo aterriza en jet privado, entra por Balcarce 50, sonríe para la foto y habla de inteligencia artificial. Ya no necesita quedarse con puertos, ferrocarriles o compañías telefónicas: le alcanza con administrar datos. Mucho más rentable. Mucho menos visible. Mientras el gobierno de Javier Milei celebra la llegada de magnates tecnológicos como si fueran exploradores del progreso, empieza a tomar forma una discusión bastante menos glamorosa: quién será dueño de la información personal, sanitaria, educativa y previsional de millones de argentinos en la era de los algoritmos.
La visita del empresario británico Maurice Ostro volvió a poner sobre la mesa una pregunta que la Casa Rosada intenta disolver entre palabras seductoras como innovación, modernización y desarrollo digital. Porque detrás de los anuncios sobre centros de datos e inteligencia artificial aparece la posibilidad de integrar y procesar enormes volúmenes de información provenientes de organismos sensibles del Estado, desde ANSES y RENAPER hasta áreas vinculadas a salud y educación. Lo que se presenta como eficiencia tecnológica también implica una inédita concentración de información estratégica cuya administración, control y destino final siguen envueltos en una niebla cuidadosamente burocrática.
Lo llamativo es que el mileísmo parece haber descubierto una nueva forma de extractivismo. Durante décadas Argentina exportó vacas, granos, petróleo, gas y minerales. Ahora podría convertirse en proveedora de otra materia prima extraordinariamente valiosa: información humana. Porque los datos son el recurso estratégico de la economía contemporánea. Las grandes corporaciones tecnológicas no construyeron fortunas históricas fabricando computadoras o vendiendo aplicaciones simpáticas. Las construyeron transformando información sobre personas en poder económico. Cada búsqueda, cada compra, cada interacción, cada movimiento y cada hábito se convierte en un insumo comercializable. El negocio ya no consiste en vender productos. Consiste en conocer mejor a las personas que ellas mismas.
Por eso la discusión es mucho más profunda que una simple inversión tecnológica. Quien controla datos masivos controla capacidad de observación, capacidad de clasificación y capacidad de predicción. Puede construir perfiles sociales, identificar patrones de comportamiento, segmentar poblaciones enteras y anticipar decisiones colectivas con niveles de precisión que hace apenas veinte años parecían ciencia ficción. Los gigantes tecnológicos entendieron antes que nadie que la información es una forma de poder tan estratégica como la energía o las finanzas. Y cuando ese poder empieza a concentrarse, la pregunta inevitable es quién vigila a quienes vigilan.
La paradoja libertaria aparece entonces con toda su crudeza. Milei llegó al poder denunciando un Estado invasivo que amenazaba la libertad individual. Construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de que el ciudadano debía protegerse de la intromisión estatal. Sin embargo, cuando se trata de concentrar información sensible bajo arquitecturas tecnológicas cada vez más complejas, las alarmas libertarias parecen apagarse misteriosamente. El problema deja de ser la libertad individual y pasa a ser la eficiencia administrativa. El resultado es una combinación bastante curiosa: menos Estado para garantizar derechos sociales, pero más capacidad para organizar, procesar y centralizar información sobre la población.
Tampoco se habla demasiado de otro aspecto central del negocio: la energía. Los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial consumen cantidades monumentales de electricidad, agua e infraestructura. No funcionan con discursos sobre innovación ni con posteos de Twitter celebrando el futuro. Funcionan con recursos concretos que salen de algún lado. En una Argentina donde millones de hogares enfrentan aumentos tarifarios, caída del poder adquisitivo y recortes de subsidios, la pregunta sobre quién absorberá los beneficios y quién cargará con los costos adquiere una relevancia política imposible de ignorar. La experiencia internacional muestra que las ganancias suelen concentrarse en pocas corporaciones mientras los territorios aportan suelo, energía y capacidad instalada.
Por eso el debate real no es tecnológico sino político. Nadie discute la importancia de la inteligencia artificial ni la necesidad de modernizar sistemas públicos. Lo que está en discusión es si Argentina desarrollará soberanía tecnológica o si volverá a desempeñar el papel histórico que tan bien conoce: exportadora de recursos estratégicos mientras otros capturan el valor agregado. Porque los nombres cambian, las tecnologías evolucionan y los discursos se modernizan, pero la lógica suele repetirse. Antes se llevaban cereales, carne y minerales. Después se llevaron empresas públicas y recursos energéticos. Ahora vienen por los datos.
Y la pregunta sigue siendo la misma de siempre: cuando termine la fiesta de las inversiones y las fotos protocolares desaparezcan de las redes sociales, ¿quién será realmente el dueño de la riqueza que se está generando? Porque si los datos son el petróleo del siglo XXI, lo que está en juego no es una plataforma tecnológica. Es la soberanía misma de la información de toda una sociedad.
