Melina Schweizer
La Garganta Poderosa desplazó de toda función a Ignacio «Nacho» Levy tras las denuncias públicas de tres exparejas por presunta violencia psicológica y maltrato. La organización activó su protocolo de género, mientras el caso vuelve a recordar que la ideología no otorga certificados de conducta.
Durante demasiado tiempo cierta parte del progresismo vendió la fantasía de que militar causas populares funcionaba como una vacuna contra el machismo. Como si repartir solidaridad en una asamblea inmunizara automáticamente contra las prácticas de violencia puertas adentro. La realidad, bastante menos romántica, suele encargarse de pinchar esos globos.
La decisión de La Garganta Poderosa de apartar a Ignacio «Nacho» Levy de toda función dentro de la organización llegó después de que su expareja, la sexóloga Cecilia Ce, hiciera pública una denuncia sobre presuntas situaciones de violencia psicológica y maltrato emocional. Con el correr de las horas se sumaron otros testimonios de mujeres que mantuvieron vínculos con el dirigente social, entre ellas Gloria Carrá y Sofía Monachelli.
Frente a ese escenario, la organización resolvió activar su protocolo de género y anunció el «corrimiento total» de Levy de los espacios de conducción, sosteniendo que los hechos denunciados resultan incompatibles con los principios que dice defender.
La reacción institucional merece un dato que no es menor. A diferencia de otros espacios políticos que suelen atrincherarse detrás del «es una operación» o del «esperemos que pase la tormenta», La Garganta Poderosa optó por apartar preventivamente a uno de sus dirigentes más visibles mientras la situación se esclarece. Eso no convierte automáticamente en verdaderas las denuncias ni reemplaza el trabajo de la Justicia, pero sí marca una decisión política sobre cómo administrar una crisis interna.
Porque conviene recordar algo elemental en tiempos donde las redes sociales suelen dictar sentencia antes que los tribunales: toda persona conserva la presunción de inocencia hasta que la Justicia determine lo contrario. Las denuncias deben ser investigadas con seriedad, las denunciantes escuchadas y el debido proceso respetado. Una cosa no invalida la otra.
Lo que sí vuelve a quedar expuesto es un fenómeno bastante más amplio. El machismo no pide carnet partidario antes de entrar. No distingue entre quienes levantan el puño izquierdo, rezan el rosario, usan traje o llevan remera del Che. La violencia de género atraviesa a toda la sociedad y ninguna identidad política entrega un certificado automático de deconstrucción.
Tal vez esa sea la enseñanza más incómoda del caso. Hay quienes todavía creen que declararse progresista alcanza para aprobar el examen de feminismo sin rendir la materia. Como si leer a Marx impidiera ejercer control, manipulación o violencia sobre una pareja. Lamentablemente, la historia demuestra exactamente lo contrario: se puede hablar de revolución social durante el día y reproducir relaciones profundamente desiguales cuando se apagan los micrófonos.
La izquierda, el progresismo y los movimientos populares suelen reclamar —con razón— estándares éticos más altos para quienes ocupan lugares de representación. Justamente por eso, cuando las denuncias alcanzan a dirigentes propios, la vara no debería bajar sino mantenerse en el mismo lugar.
Porque el patriarcado tiene una pésima costumbre: nunca pregunta a quién votás antes de entrar por la puerta.
Y conviene repetirlo las veces que haga falta: ser de izquierda no te vuelve automáticamente menos machista. La ideología puede orientar valores. La conducta, en cambio, se demuestra con los hechos.
