Melina Schweizer
La diputada Marcela Pagano denunció presuntas irregularidades en una licitación de $700 millones para el mantenimiento de la Quinta de Olivos firmada por Karina Milei. Según la presentación judicial, las dos empresas que compitieron pertenecerían al mismo empresario y existirían vínculos familiares con una funcionaria clave de Presidencia.
La interna libertaria sumó este miércoles un nuevo capítulo explosivo luego de que Marcela Pagano presentara una denuncia judicial contra Karina Milei por presuntas irregularidades en una licitación pública de casi 700 millones de pesos destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
La acusación sostiene que el proceso habría sido direccionado para beneficiar a un empresario supuestamente vinculado familiarmente al círculo íntimo de la hermana presidencial y apunta además a una posible simulación de competencia dentro de la licitación.
El expediente cuestionado corresponde a la “Licitación Pública N° 23-0005-LPU26”, convocada desde la Secretaría General de la Presidencia para contratar el “mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Según la denuncia presentada por Pagano, las dos firmas que se presentaron formalmente a competir por el contrato —La Mantovana y Grub S.A.— pertenecerían en realidad al mismo grupo económico encabezado por el empresario Franco Castelli. La legisladora sostiene que esa relación societaria figura documentada en actuaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desde septiembre de 2024 y que, pese a ello, ambas empresas fueron admitidas como oferentes independientes dentro del procedimiento licitatorio.
La denuncia advierte que esa situación habría permitido construir una “ficción de competencia” dentro de la licitación, eliminando en los hechos cualquier disputa real entre empresas y afectando potencialmente el costo final para el Estado. “La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia”, sostiene el escrito presentado por la diputada. Y agrega una acusación todavía más delicada: “Constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay”. Pero el eje político más sensible de la denuncia aparece alrededor de los presuntos vínculos familiares dentro del entorno presidencial.
Pagano pidió formalmente que la Justicia investigue si Castelli mantiene lazos de parentesco con María Belén Agudiez, considerada una de las funcionarias más cercanas a Karina Milei y una de las figuras de mayor confianza dentro de la estructura administrativa de Presidencia.
Agudiez supervisa buena parte de la logística y funcionamiento de la Quinta de Olivos y de áreas sensibles vinculadas a Presidencia. Dentro del propio oficialismo la identifican como “la sombra de El Jefe”, en referencia al apodo con el que Javier Milei suele nombrar a su hermana Karina.
La diputada solicitó específicamente que el juzgado ordene partidas de nacimiento y documentación registral para confirmar si Agudiez es efectivamente prima hermana del empresario beneficiado por la contratación.
De comprobarse ese vínculo, la denuncia podría escalar hacia acusaciones por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El escrito judicial además incorpora otros elementos que buscan contextualizar la denuncia dentro de un esquema más amplio de contrataciones estatales vinculadas a servicios de mantenimiento y limpieza.
Pagano cita informes de la Sindicatura General de la Nación según los cuales durante 2023 el Estado ejecutó cerca de 3.000 contratos relacionados con servicios de mantenimiento por más de 88.000 millones de pesos, con una fuerte concentración en un reducido grupo de empresas. Entre las firmas recurrentemente beneficiadas aparecerían precisamente La Mantovana y compañías vinculadas a Grub S.A.
La SIGEN también habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos auditados, incluyendo falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones insuficientemente justificadas y debilidades en controles sobre ART, aportes previsionales y asistencia laboral. La diputada sostiene que esos antecedentes “no son accesorios” y que podrían formar parte de un patrón estructural de funcionamiento.
Otro punto particularmente sensible de la denuncia gira alrededor de la posibilidad de que Castelli ya estuviera prestando servicios en Olivos antes de la licitación formal.
Pagano desliza que la contratación podría haber funcionado como una suerte de “blanqueo” administrativo para regularizar tareas previamente realizadas sin contrato formal o fuera de registros estatales.
“No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente”, afirma el escrito presentado por la legisladora.
La denuncia llega además en un momento de creciente tensión interna dentro de La Libertad Avanza.
Pagano mantiene desde hace meses una fuerte confrontación política con Karina Milei y con sectores del núcleo duro libertario, especialmente después de los conflictos internos alrededor de Manuel Adorni y las disputas por manejo de cajas, contratos y estructuras partidarias.
Por eso, el expediente no solamente amenaza con abrir un frente judicial delicado para Presidencia.
También vuelve a exponer las fracturas internas dentro del oficialismo y los cuestionamientos alrededor de las estructuras de poder construidas por Karina Milei desde la Secretaría General.
Mientras el Gobierno sostiene un discurso público de austeridad extrema, ajuste estatal y combate contra “la casta”, la denuncia instala ahora sospechas sobre contrataciones millonarias, posibles vínculos familiares y presunto direccionamiento de negocios dentro del corazón mismo de la residencia presidencial.
