Melina Schweizer
La Ciudad habilitará taxis de hasta ocho pasajeros y eliminará varias exigencias históricas para los choferes tradicionales. Al mismo tiempo, exigirá licencia profesional, VTV y seguros especiales para conductores de Uber y otras plataformas. El proyecto busca regular un negocio que mueve millones de viajes mensuales en Buenos Aires y que durante años funcionó en una zona gris legal.
📍 Ciudad de Buenos Aires, 21 de mayo de 2026
Después de años de conflictos judiciales, operativos, multas y disputas políticas alrededor del transporte por aplicaciones, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires avanzó finalmente con un proyecto para regular formalmente a plataformas como Uber, Cabify y Didi dentro del sistema porteño de transporte de pasajeros.
La iniciativa fue enviada esta semana a la Legislatura por la gestión de Jorge Macri e incluye una profunda reforma tanto para taxis tradicionales como para vehículos de plataformas digitales. El objetivo oficial es “modernizar” el sistema y cerrar una disputa que lleva casi una década atravesando tribunales, sindicatos y organismos de control.
El proyecto establece por primera vez requisitos específicos para conductores de aplicaciones.
Los choferes deberán tener más de 21 años, contar con licencia profesional habilitante, presentar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y contratar un seguro especial para transporte de pasajeros. Además, los vehículos quedarán incorporados a un registro formal administrado por la Ciudad. Hasta ahora, gran parte de las plataformas funcionaban bajo una situación de vacío regulatorio. Aunque millones de usuarios las utilizan diariamente en Buenos Aires, la actividad permanecía en una zona gris legal marcada por causas judiciales, secuestros de vehículos y enfrentamientos permanentes con taxistas.
El Gobierno porteño ahora busca institucionalizar ese mercado.
Pero el proyecto no solamente modifica las reglas para Uber y las aplicaciones.
También transforma de manera profunda el funcionamiento histórico del sistema de taxis porteños.
Uno de los cambios más relevantes es que los taxis podrán transportar hasta ocho pasajeros, ampliando considerablemente el límite tradicional. Además, se eliminará la obligación de contar con un baúl específico y desaparecerá el requisito de un mínimo obligatorio de pasajeros para determinados servicios.
La reforma además flexibiliza varias exigencias históricas que durante años fueron reclamadas por el sector taxista.
Los choferes dejarán de estar obligados a utilizar camisa como uniforme y ya no tendrán que cumplir determinados turnos rígidos impuestos por regulación. También se simplificarán trámites vinculados a renovación de licencias y controles sobre relojes tarifarios.
Desde el Gobierno sostienen que muchas de esas normas habían quedado desactualizadas frente a la transformación tecnológica del transporte urbano y la expansión irreversible de las plataformas digitales. “Durante muchos años la política eligió mirar para otro lado”, afirmó Jorge Macri durante la presentación del proyecto. “Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas”, agregó.
La reforma además incluye un componente económico importante.
La administración porteña acordó con Banco Ciudad líneas de financiamiento de hasta 28 millones de pesos a 48 meses para que taxistas puedan renovar vehículos e incorporar unidades eléctricas.
La discusión alrededor de Uber y las aplicaciones viene atravesando fuertes tensiones desde 2016, cuando comenzaron las primeras operaciones masivas de la plataforma en Buenos Aires. Desde entonces, el conflicto enfrentó a sindicatos de taxistas, funcionarios judiciales, empresas tecnológicas y distintos gobiernos porteños.
Durante años hubo allanamientos, secuestros de vehículos y fallos contradictorios sobre la legalidad del servicio.
Mientras los taxistas denunciaban competencia desleal y falta de controles, las plataformas argumentaban que el Estado mantenía regulaciones antiguas incapaces de adaptarse a nuevas formas de movilidad urbana.
El avance definitivo de las apps terminó modificando completamente el mercado.
Hoy millones de viajes mensuales se realizan mediante plataformas digitales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de los usuarios abandonó progresivamente el sistema tradicional de taxis, especialmente entre sectores jóvenes y trabajadores urbanos que priorizan tarifas dinámicas, geolocalización y pagos electrónicos.
El proyecto de Jorge Macri aparece así como un reconocimiento político de una realidad que el Estado ya no pudo contener ni prohibir.
Pero también abre nuevas discusiones.
Sectores sindicales del taxi sostienen que la legalización formal de Uber consolida una precarización laboral creciente dentro del transporte urbano, mientras que asociaciones de conductores de aplicaciones reclaman que todavía persisten requisitos excesivos y costos elevados para ingresar al sistema formal.
La reforma además ocurre en un contexto económico marcado por caída de ingresos, aumento de costos operativos y fuerte deterioro del transporte urbano en todo el país.
Por eso, detrás del debate técnico sobre licencias, seguros y VTV aparece otra discusión mucho más profunda: cómo reorganizar un mercado de movilidad urbana atravesado por plataformas globales, flexibilización laboral y modelos económicos que transformaron completamente la relación entre trabajo, tecnología y transporte público en las grandes ciudades.
