CONCHITA PRETA
El oficialismo tiene los votos para entregar los glaciares a la minería, pero la audiencia pública fue una farsa: cupo para el 0,3% de los inscriptos, expositores con cuatro minutos, micrófonos que se cortaban cuando no les gustaba lo que escuchaban, una diputada preguntándole a una especialista si necesitaba un calmante y el presidente de la comisión haciéndose el chistoso mientras más de 100 mil personas miraban desde afuera. Unión por la Patria ya anuncia que la judicialización es “inevitable”. La Corte ya falló en contra de Barrick Gold en 2019. Pero ellos, tan campantes, dicen tener los números.
Mientras los escándalos de Adorni tapaban el sol, en el Anexo de Diputados se cocinó una audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares que fue un mamarracho de aquellos. La Libertad Avanza armó el circo, le dio cuatro minutos a los pocos que dejaron entrar, y cuando una expositora habló de más, le cortaron el micrófono. Y cuando otra habló de la verdadera dueña del proyecto, una diputada de LLA le preguntó si no quería tomarse “una pastillita”. Sí, en pleno 2026, con el planeta ardiendo y los glaciares derritiéndose, una legisladora argentina se despachó con esa joyita.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fue uno de los que logró pasar el filtro. Y no se guardó nada. Miró a los diputados y soltó: “¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta sino que representa a las mineras directamente, que se llama Flavia Royón?”. Royón, que votó a favor de la ley en el Senado, tiene una consultora que asesora a Río Tinto, una de las mineras que más gana con el desguace de la protección glaciar. Viale lo dijo claro: “Mañana la estamos denunciando penalmente por incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.
Después fue por los de la casa. Le apuntó al diputado libertario José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y le preguntó si él también tenía relación con proveedores mineros. “¿Cuántos diputados son proveedores mineros?“, inquirió. Y cerró con una frase que retumbó en el salón medio vacío: “La verdad es que esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras, ¡Le están entregando el agua y es para siempre!”.
Pero el papelón no terminó ahí. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, estaba exponiendo en contra del proyecto cuando se le ocurrió decir algo que evidentemente no estaba en el libreto: “Necesitan tener presa a Cristina (Kirchner) para que ustedes (diputados libertarios) puedan avanzar con esta pavada”. En ese mismo segundo, el micrófono se cortó. Así nomás, como si alguien hubiera tirado de un cable. La censura fue tan burda que hasta la oposición se quedó muda un segundo, antes de que la sesión se convirtiera en un griterío.
Pero el broche de oro lo puso la diputada de LLA Karen Reichardt. Flavia Bruffoni, politóloga especializada en cambio climático de Chubut, estaba exponiendo cuando la legisladora la interrumpió y, según testigos, le preguntó: “¿por qué no te tomás una pastillita?”. Bruffoni, que había viajado miles de kilómetros para estar ahí, reaccionó con toda la dignidad que a Reichardt le falta: “¿Corresponde que la diputada sentada acá nos esté agrediendo a todos nosotros?. Es de una irresponsabilidad de un grado mayúsculo, es asqueroso”.
María José Lubertino, ex diputada, señaló que ella y Leonardo Grosso pudieron entrar por ser legisladores “mandato cumplido”, pero que “hay cien mil personas que están afuera y no pudieron entrar”. Otra expositora anónima, que hizo miles de kilómetros desde su provincia para estar ahí, se quejó con la voz entrecortada: “Ustedes pidieron que hiciéramos miles de kilómetros de nuestras provincias y dejáramos nuestros trabajos y se comportaran así”.
Los números espantan. Más de 100 mil personas se inscribieron para exponer. Entraron 0,3%. El diputado Nicolás Del Caño lo planteó a los gritos, y el presidente de la comisión, José Peluc, le contestó con una sonrisita: “Es verdad la observación del diputado Del Caño, han habido más de 100.000 inscriptos. Es todo un éxito la convocatoria”. En la sala, le retrucaron: “¿Y por qué está el salón vacío?”.
Milenka Fedorczuk, de la Red Universitaria por la Crisis Climática, resumió el sentir de muchos: “Esta audiencia no es legítima. Se les pidió al resto de las personas que suba un video o presente un escrito y es un formato unidireccional, no permite un intercambio, la posibilidad de debatir y eso le quita el carácter deliberativo”.
Ahora, la advertencia de fondo. Una voz de Unión por la Patria le dijo que “la judicialización es inevitable” porque la Corte Suprema “se pronunció en contra en el caso Barrick hace poco”. En 2019, el máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de la ley de Glaciares frente a un reclamo de Barrick Gold y el gobierno de San Juan. La minera argumentaba que la norma atentaba contra la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales. La Corte respondió con una frase que debería estar tatuada en la frente de cada diputado libertario: “ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.
Y ahora la reforma que impulsa Milei hace exactamente eso: vacía de contenido la protección ambiental y la entrega a las provincias. Por eso, desde la oposición advierten que si un gobernador se siente perjudicado, el conflicto puede terminar otra vez en la Corte. “Si lo judicializa un gobernador, termina en la Corte”, nuestra fuente.
Así que eso. La ley que protegía los glaciares desde 2010 está a punto de ser reformada. La audiencia pública fue un simulacro. Los que se animaron a disentir fueron insultados o silenciados con un botón. La diputada Reichardt se fue a su casa tan campante, preguntándose por qué la gente se ofende cuando le ofrece un psicofármaco en plena sesión. Y mientras tanto, el agua que tomamos, los ríos que nos cruzan, los cultivos que nos alimentan, están en la mesa de juego de los que tienen la mayoría automática.
El proyecto pasará en abril, dicen. La judicialización, advierten, es inevitable. Y cuando la Corte vuelva a fallar, como falló en 2019, los mismos que hoy se ríen de las expositoras van a tener que explicar por qué no leyeron los fallos que ya existen. Pero bueno, eso será en otro momento. Por ahora, la diputada de LLA tiene una recomendación para los que se preocupan por los glaciares: tomate una pastillita.
Reichardt, andá, decile a los 100 mil argentinos que se quedaron afuera que se tomen un psicofármaco mientras vos entregás el agua que tomamos. Porque a vos, Reichardt, lo que te sobra es caradurismo y lo que te falta es un par de años de cana para que se te acomode la cabeza de mierda que tenés.
