GONZALO SCHWEIZER
El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso vuelve a colocar el equilibrio fiscal por encima de buena parte de las políticas públicas. La Secretaría de Inteligencia del Estado tendrá una partida cercana a $177.000 millones y el Centro Nacional de Ciberseguridad registra un salto de 697,9%, mientras las universidades reciben unos $3,7 billones menos de lo que consideran necesario para funcionar, el sistema científico arrastra años de pérdida presupuestaria y discapacidad enfrenta cambios que pueden licuar prestaciones. El Presupuesto muestra que la motosierra no corta por igual: inteligencia, ciberseguridad y defensa aparecen entre los sectores protegidos.
El Presupuesto es probablemente el documento político más sincero de cualquier gobierno. Los discursos permiten prometer, explicar y construir adversarios. El Presupuesto obliga a ponerles números a las prioridades.
El proyecto para 2027 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso deja una fotografía bastante nítida: mientras el ajuste continúa sobre áreas de educación, ciencia y asistencia social, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aparece entre los organismos fortalecidos y tendrá una partida cercana a los $177.000 millones, unos USD 115 millones al tipo de cambio utilizado para la elaboración del proyecto. Aproximadamente el 10% correspondería a fondos reservados, cuya publicidad y trazabilidad es mucho más limitada que la del gasto ordinario.
El incremento nominal calculado para la SIDE ronda el 87%. Pero el dato adquiere verdadero significado cuando se lo coloca al lado de las demás prioridades presupuestarias y, sobre todo, cuando se recuerda que el Gobierno proyecta una inflación del 18% para 2027, un crecimiento del PBI del 4% y un superávit comercial superior a USD 15.000 millones.
La discusión no es, entonces, si el Estado gasta.
La discusión es dónde decidió dejar de gastar y dónde decidió gastar más.
La SIDE no está sola: inteligencia, ciberseguridad y defensa ganan espacio
La expansión de la SIDE forma parte de un mapa más amplio. El proyecto fortalece también áreas relacionadas con ciberseguridad y defensa.
Uno de los casos más contundentes es el Centro Nacional de Ciberseguridad, cuya partida proyectada aumenta 697,9%. En paralelo, el Ejecutivo busca autorización para operaciones de crédito público por hasta USD 3.500 millones destinadas a la adquisición de tres submarinos y dos fragatas.
El aumento del gasto en Defensa también aparece entre los rasgos destacados del proyecto. No es un dato menor dentro de una administración que desde diciembre de 2023 construyó buena parte de su programa económico alrededor de la reducción del gasto público y la eliminación del déficit.
Que un Estado invierta en inteligencia, defensa o ciberseguridad no constituye por sí mismo una anomalía. La protección de infraestructura crítica, la seguridad informática y la capacidad defensiva son funciones estatales.
El problema aparece al comparar.
Mientras estas áreas reciben recursos crecientes, organismos vinculados con el desarrollo productivo y tecnológico como INTA, INTI y CONAE aparecen sometidos a restricciones presupuestarias, al igual que buena parte del sistema científico.
La pregunta, por lo tanto, es distributiva: ¿por qué la restricción presupuestaria opera con tanta severidad sobre algunas capacidades del Estado y prácticamente desaparece cuando se trata de otras?
Universidades: $7,35 billones donde los rectores calculan que hacen falta $11 billones
El sistema universitario permite ponerle números concretos a esa discusión.
El proyecto oficial contempla alrededor de $7,35 billones para las universidades nacionales durante 2027. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne y representa institucionalmente a las universidades públicas argentinas y a sus rectoras y rectores, aprobó una solicitud presupuestaria de $11 billones.
No se trata, por lo tanto, de una cifra elaborada por un partido opositor ni de una estimación sindical.
El monto fue aprobado el 4 de septiembre por el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, realizado en San Carlos de Bariloche y organizado por la Universidad Nacional de Río Negro. El CIN definió expresamente esos $11 billones como los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.
La diferencia respecto de la partida oficial ronda los $3,65 billones.
Dicho de otra manera, los aproximadamente $7,35 billones contemplados por el Ejecutivo representan cerca del 67% de los $11 billones solicitados por las universidades.
La comparación con 2026 también permite dimensionar la magnitud nominal del incremento. La Ley de Presupuesto 2026 había fijado $4,785 billones para financiar funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
Pero mirar únicamente la variación nominal sería engañoso. Las universidades vienen de años de inflación, deterioro salarial, incremento de servicios, mantenimiento de edificios, hospitales universitarios, investigación y gastos operativos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, Mónica Biasone, sintetizó el reclamo al presentar el cálculo para 2027: el proyecto elaborado por las universidades representa lo que consideran necesario para seguir funcionando como sistema.
La discusión, entonces, no es si $7,35 billones parecen muchos pesos escritos sobre una planilla.
Es si alcanzan.
Y, según el organismo que representa institucionalmente al sistema universitario público, faltan alrededor de $3,65 billones.
Ciencia: 2027 empieza después de varios años de ajuste
El problema de la ciencia es diferente porque el punto de partida ya está deteriorado.
El CONICET reconoce en su propio portal de transparencia que su presupuesto y ejecución pueden seguirse año por año en los registros de la Oficina Nacional de Presupuesto y Presupuesto Abierto.
Pero existe además una decisión estructural previa que ayuda a explicar la situación actual.
La Ley de Presupuesto 2026 derogó los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También eliminó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional referido a financiamiento educativo y disposiciones de financiamiento de la educación técnico-profesional.
No se trata solamente, entonces, de cuánto recibe CONICET en una planilla.
Se modificaron también los mecanismos legales que establecían pisos y trayectorias de financiamiento.
El deterioro acumulado se traduce en salarios científicos rezagados, becas deterioradas, dificultades para comprar insumos y equipamiento y pérdida de investigadores hacia otros países o hacia el sector privado.
Y existe un efecto que una planilla anual no captura: un laboratorio que pierde personal altamente especializado no vuelve a reconstruirse simplemente aumentando una partida dos años después.
La formación de un investigador puede demandar una década. Un equipo científico puede necesitar años para consolidarse. Un proyecto interrumpido puede perder muestras, series de datos, experimentos y vínculos internacionales.
El ahorro fiscal de un ejercicio puede transformarse, por eso, en pérdida de capital científico durante muchos años.
La contradicción se vuelve todavía más visible frente al salto del 697,9% destinado al Centro Nacional de Ciberseguridad: el mismo Estado que considera estratégico construir capacidades tecnológicas en seguridad reduce o debilita otras estructuras públicas dedicadas precisamente a producir conocimiento y tecnología.
Discapacidad: cuando la licuación presupuestaria llega a las prestaciones
El otro punto particularmente sensible del proyecto está en discapacidad.
El Presupuesto 2027 busca modificar mecanismos de actualización relacionados con pagos a prestadores y se inserta en una disputa política más amplia sobre la emergencia del sector. También aparecen modificaciones sobre actualizaciones automáticas de otras prestaciones sociales.
La cuestión es particularmente delicada porque detrás de la palabra «prestaciones» existen terapias, rehabilitación, transporte, acompañantes terapéuticos, centros de día, educación especial y profesionales.
No es gasto abstracto.
Son servicios concretos.
Si los aranceles quedan congelados o aumentan por debajo de los costos, la consecuencia puede aparecer primero como ahorro en las cuentas nacionales, pero después convertirse en profesionales que abandonan prestaciones, instituciones que reducen servicios y familias obligadas a cubrir la diferencia.
El Tesoro ahorra.
El costo no desaparece: cambia de bolsillo.
Tres de cada cuatro pesos son «sociales», pero el promedio esconde quién pierde
El Gobierno tiene un argumento importante para defender su proyecto: aproximadamente tres de cada cuatro pesos del gasto previsto corresponden a servicios sociales.
El Presupuesto proyecta un gasto total cercano a $202 billones. El servicio de la deuda demandaría alrededor de $18,6 billones, mientras Administración Gubernamental, Seguridad y Defensa también concentran partidas significativas.
Pero decir que el 75% es «gasto social» no resuelve la discusión distributiva.
Dentro de esa enorme categoría conviven jubilaciones, pensiones, educación, salud, asistencia social y numerosas prestaciones con dinámicas completamente diferentes.
Dos presupuestos pueden destinar el mismo porcentaje global a «servicios sociales» y producir resultados radicalmente distintos dependiendo de quién recibe el dinero, qué partidas se actualizan, cuáles se congelan y cuánto vale realmente cada peso después de la inflación.
Ese último punto es fundamental.
Un programa que recibe 10% más pesos cuando los precios aumentan 18% no recibió realmente un aumento.
Perdió poder de compra.
El 18% de inflación también forma parte del ajuste
El proyecto trabaja con una inflación punta a punta del 18% para 2027 y un crecimiento económico del 4%. Para 2026 estima una inflación cercana al 29%.
El antecedente obliga a mirar esas previsiones con atención.
Cuando la inflación efectiva termina por encima de la utilizada para elaborar el Presupuesto, las partidas sin actualización automática se licúan.
Supongamos que un organismo recibe $100 y el Gobierno calcula una inflación de 18%. Si finalmente los precios aumentan 25% y el crédito presupuestario no se modifica, esos $100 compran menos de lo previsto.
A escala del Estado ocurre lo mismo.
Por eso subestimar la inflación puede transformarse en una herramienta de ajuste real sin necesidad de anunciar formalmente un recorte nominal.
Y no afecta a todas las áreas de la misma manera.
Quién gana con el Presupuesto 2027
El primer ganador es el objetivo político que organiza todo el programa económico de Milei: el superávit fiscal.
El Gobierno proyecta para 2027 un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y busca mantener resultado financiero positivo. Llegar a las elecciones presidenciales de octubre de 2027 con cuatro años de equilibrio o superávit sería una pieza central de la narrativa económica oficial.
Entre los ganadores sectoriales aparecen inteligencia, ciberseguridad y defensa.
La SIDE ronda los $177.000 millones.
El Centro Nacional de Ciberseguridad aumenta 697,9%.
Y el Ejecutivo busca habilitación financiera por hasta USD 3.500 millones para submarinos y fragatas.
No significa que todo ese dinero sea comparable contablemente ni que corresponda al mismo tipo de gasto. Pero políticamente permite observar qué áreas son consideradas estratégicas y cuáles deben seguir adaptándose a la escasez.
Quién pierde
Pierden las universidades nacionales si finalmente reciben alrededor de $7,35 billones frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional considera necesarios: una brecha aproximada de $3,65 billones.
Pierde un sistema científico y tecnológico que llega al nuevo ejercicio después de años de deterioro y después de la eliminación, en el Presupuesto 2026, de disposiciones legales que establecían mecanismos de financiamiento para ciencia y educación.
Pierden las personas con discapacidad, sus familias y prestadores si los mecanismos de actualización no acompañan efectivamente la evolución de los costos.
Pierden también organismos tecnológicos y productivos como INTA, INTI y CONAE, alcanzados por una distribución presupuestaria mucho más restrictiva que la observada en inteligencia y ciberseguridad.
Y existe otro perdedor menos visible: las provincias.
Cuando Nación reduce obra pública, transferencias o programas compartidos, una necesidad social no necesariamente desaparece. Muchas veces termina trasladándose al gobernador, al municipio, al hospital provincial o directamente a la familia.
El déficit puede desaparecer de una planilla nacional y reaparecer en otra parte del Estado.
El ajuste no significa menos Estado para todos
Ahí aparece posiblemente la conclusión política más importante del Presupuesto 2027.
El Estado de Milei no desaparece.
Cambia de prioridades.
Se achica o restringe en determinados espacios mientras se expande en otros.
Una SIDE con aproximadamente $177.000 millones, un Centro Nacional de Ciberseguridad creciendo 697,9%, autorización para financiar hasta USD 3.500 millones en submarinos y fragatas, universidades con una brecha de unos $3,65 billones respecto de lo solicitado por sus rectores y organismos científicos obligados a funcionar después de varios años de deterioro presupuestario describen mejor el modelo estatal que cualquier consigna.
Por eso el debate no debería reducirse a Estado grande contra Estado chico.
La pregunta relevante es qué Estado se está financiando y para quién.
El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es condición necesaria para estabilizar la economía. Esa discusión económica existe y sería absurdo ignorarla. Pero incluso aceptando que el Estado tiene una restricción presupuestaria, todavía queda una decisión inevitable: cómo repartir esa restricción.
Y eso ya no pertenece a la contabilidad.
Es política.
Porque cuando el dinero alcanza para aumentar inteligencia, multiplicar recursos para ciberseguridad y proyectar nuevas capacidades militares, pero faltan $3,65 billones respecto de lo que las universidades públicas calculan necesario para funcionar, la explicación ya no puede agotarse en aquella frase repetida durante tres años.
No es simplemente que «no hay plata».
El Presupuesto 2027 muestra dónde el Gobierno decidió que sí la hay.
CONCHITA PRETA
Melina Schweizer
