Represores furiosos buscan un certificado de discapacidad para salir de la cárcel

Condenados por crímenes de lesa humanidad quieren que el gobierno de Milei les extienda un certificado de discapacidad para alegar que no pueden estar presos. Mario Sandoval, Antonio Pernías, el «Indio» Castillo y Juan Daniel Amelong encabezan la maniobra. Piden que una junta evaluadora se traslade a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Argumentan que son una «prisión geriátrica» con pisos resbaladizos y falta de barandas. El mismo gobierno que prometió sacarlos ahora los tiene abandonados. O no. Porque la pregunta que todos se hacen es si esta movida no es en realidad una jugada orquestada desde arriba para darles una salida judicial sin que el Presidente tenga que firmar un indulto.

Los represores están furiosos. Javier Milei les prometió en campaña que iba a terminar con «los juicios políticos» y que la justicia iba a ser pareja para todos. Pero pasaron dos años y ellos siguen presos. Peor: el Ejército acaba de dar de baja a 34 militares con condenas firmes por crímenes contra la humanidad . Sin jubilación, sin obra social, sin la esperanza de que el gobierno los venga a buscar.

Entonces, los represores decidieron tomar el asunto en sus propias manos.

La maniobra

El cerebro de la operación es Mario Sandoval, inspector de la Policía Federal condenado a quince años de prisión por crímenes en la ESMA. Sandoval se puso al frente de un grupo de reclusos de la Unidad 34 de Campo de Mayo y diseñó una estrategia: que el gobierno les extienda un certificado de discapacidad para alegar que no están dadas las condiciones para que sigan presos .

La maniobra es simple, retorcida y, para cualquier persona con dos dedos de frente, ofensiva. Quieren que una junta evaluadora de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS) se traslade a la cárcel, los evalúe, y les dé el certificado. Una vez que lo tengan, irán a los jueces de ejecución penal a pedir la prisión domiciliaria «por razones humanitarias» .

En su presentación, los represores sostienen que la edad promedio en la U34 es de 78 años y que se trata de una «prisión geriátrica» carente de medios y recursos. Hablan de «barreras físicas y sistémicas», de «riesgo inminente», de «trato cruel, inhumano o degradante». Denuncian pisos resbaladizos, falta de barandas, mobiliario rígido, baños no adaptados .

Lo que dice el informe oficial

Lo que los represores omiten es que durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación relevó las condiciones de detención en la U34 y el informe fue contundente: «Se destaca la disponibilidad de accesorios y dispositivos que posibilitan la movilidad y el uso de las instalaciones por parte de los internos. Cuentan con baño para personas con discapacidad, agarraderas en las duchas y habitaciones y bandas antideslizantes en los pisos de las duchas» .

O sea: los represores mienten. O al menos, exageran.

La hipótesis que nadie quiere confirmar

Pero acá viene lo más turbio. Los represores no habrían llegado solos a esta idea. En los últimos meses, el gobierno analizó la posibilidad de indultar a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. La fecha elegida, según filtraron algunos medios, era el 24 de marzo, en el 50° aniversario del golpe de Estado . La idea nunca se concretó. La presión internacional, el rechazo de los organismos de derechos humanos y el temor a un escándalo mayúsculo hicieron retroceder al gobierno.

Pero la promesa de campaña seguía vigente. Y los represores, que no son tontos, saben que tienen un aliado en la Casa Rosada. Por eso, la maniobra del certificado de discapacidad podría ser una vía alternativa: una salida judicial que no requiera la firma del Presidente, pero que cuente con su bendición implícita.

Los Muertos Vivos

El grupo de represores se hace llamar «Los Muertos Vivos». Tienen una cuenta en X, donde difunden proclamas y acumulan furia. En las últimas horas, le apuntaron al ministro de Defensa, Carlos Presti: «Desde que asumió no ha tomado una sola medida concreta; por el contrario, permite que avance el ‘circo’ de los juicios, encarcelaciones y el accionar de sectores ideologizados como Justicia Legítima» .

También le pegaron a las organizaciones de familiares y a los grupos que dicen defender a los «presos políticos». Los acusaron de tener una «labor meramente cosmética» y de actuar como «figuretis» en busca de protagonismo personal.

Y cerraron con amargura: «Mientras exigían un indulto inmediato, la respuesta del poder fue la baja de 34 miembros» .

La hipocresía del gobierno

El gobierno de Javier Milei se llenó la boca durante la campaña con la idea de que los represores eran «presos políticos». Dijo que había que cerrar los juicios, que había que mirar hacia adelante, que la memoria era un curro de los derechos humanos. Después de asumir, no hizo nada. O casi nada: les dio de baja a 34 militares, justo después del 24 de marzo, en un acto de hipocresía que ni los propios represores pueden creer.

Ahora, los represores están furiosos. No porque sean inocentes. Sino porque el gobierno que les prometió la libertad los abandonó. Y tienen que mendigar un certificado de discapacidad para intentar salir por la puerta de atrás.

La pregunta que nadie responde

¿Es esta maniobra una iniciativa genuina de los represores o hay alguien desde el gobierno que la está impulsando en silencio? ¿El certificado de discapacidad es el nuevo indulto encubierto? ¿Milei está dispuesto a que los genocidas salgan de la cárcel, pero sin mancharse las manos?

Los represores están en movimiento. Furiosos, sí. Pero también organizados. Y en la Casa Rosada, mientras tanto, nadie dice nada. El silencio, a veces, es la respuesta más elocuente.

Nos leemos pronto.