Melina Schweizer
El 10 de abril de 2026, el Gobierno impulsa un decreto que cambia el régimen de navegación.
Busca bajar costos en el comercio exterior, pero genera alarma en la Armada.
Advierten riesgos en seguridad y beneficios para navieras extranjeras.
Una reforma silenciosa en un área estratégica
Mientras la agenda pública se concentra en la economía y la política, el Gobierno avanza con un decreto que podría redefinir uno de los sistemas más sensibles del país: el control de la navegación en la hidrovía y los puertos.
La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, apunta a modificar el régimen de practicaje y pilotaje, una actividad clave que regula cómo los buques —especialmente los extranjeros— ingresan y circulan en aguas argentinas.
Aunque el argumento oficial es reducir costos logísticos y mejorar la competitividad, el proyecto ya generó una reacción fuerte en sectores navales, militares y técnicos.
Qué cambia: menos intervención, más libertad
El corazón del decreto es la flexibilización del sistema de practicaje.
Hasta ahora, los buques extranjeros que ingresan al país deben contar con un práctico argentino: un profesional que conoce las condiciones del río, los canales y los puertos, y que asiste en la maniobra.
El nuevo esquema propone:
- Reducir la obligatoriedad de estos servicios
- Permitir excepciones para capitanes extranjeros
- Limitar la regulación estatal sobre tarifas
- Avanzar hacia un modelo más liberalizado
En términos simples, el Estado se corre de un sistema que históricamente fue considerado crítico para la seguridad.
El rol del práctico: mucho más que un técnico
En el debate aparece una clave que el decreto parece minimizar: el práctico no es solo un guía.
Es, en muchos casos, la única presencia argentina a bordo de buques extranjeros.
Su función incluye:
- Supervisar maniobras complejas
- Detectar anomalías
- Actuar como enlace con autoridades
- Garantizar condiciones de seguridad
Por eso, su eventual desplazamiento genera preocupación.
Como advierten especialistas del sector, eliminar ese control implica abrir zonas grises en el sistema.
Seguridad en riesgo: el punto más sensible
Uno de los cuestionamientos más duros al decreto es su impacto en la seguridad.
La posibilidad de que buques extranjeros operen sin presencia argentina a bordo plantea escenarios complejos:
- Menor control sobre cargas y movimientos
- Dificultad para monitorear situaciones de riesgo
- Vulnerabilidad en zonas estratégicas
Incluso se advierte sobre navegación cercana a infraestructuras críticas, sin supervisión directa.
El argumento oficial: competitividad y costos
Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual encarece la logística y afecta la competitividad del comercio exterior.
El objetivo del decreto es:
- Reducir costos operativos
- Facilitar la circulación de buques
- Alinear el sistema con estándares internacionales
Esta lógica responde a una visión más amplia de desregulación impulsada por la gestión.
El trasfondo económico: quién gana
Sin embargo, las críticas apuntan a que los principales beneficiarios serían las grandes navieras internacionales.
Particularmente aquellas que operan en la hidrovía del Paraná, donde se concentra la exportación de granos.
El razonamiento es claro:
- Menos regulaciones → menores costos
- Menores costos → mayor rentabilidad para empresas extranjeras
Mientras tanto, el Estado resigna herramientas de control.
Guerra interna: Armada vs Prefectura
El decreto también abre una disputa dentro del propio Estado.
Propone cambios en la formación del personal de la Marina Mercante, históricamente bajo la órbita de la Armada.
La iniciativa plantea trasladar ese esquema hacia la Prefectura Naval.
Esto implica:
- Pérdida de atribuciones para la Armada
- Redefinición del sistema educativo marítimo
- Cambio en el perfil de formación
El conflicto no es menor: se trata de dos instituciones con roles y visiones diferentes.
Un cambio que excede lo técnico
Más allá de los detalles, el decreto toca un punto estratégico:
el control de la hidrovía, una de las principales arterias económicas del país.
Por allí circula gran parte de las exportaciones argentinas.
Modificar su regulación no es solo una decisión administrativa.
Es una decisión política de alto impacto.
Entre eficiencia y control
El Gobierno presenta el decreto como una herramienta para modernizar el sistema y hacerlo más eficiente.
Pero la discusión revela una tensión profunda:
bajar costos vs mantener control
abrir el sistema vs preservar la seguridad
desregular vs sostener la soberanía
El problema no es solo qué cambia.
Es quién pierde capacidad de intervenir cuando algo sale mal.
Porque en la hidrovía no solo se mueve mercadería.
Se mueve poder.
Y cuando ese poder se flexibiliza, el riesgo no siempre se mide en números.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
