Sudáfrica persigue a los africanos que ayudaron a liberarla: la xenofobia como herencia de una descolonización inconclusa

Grupos civiles ingresaron en viviendas de Johannesburgo, identificaron migrantes por su apariencia o nacionalidad y los entregaron a la Policía. Más de 98.000 ciudadanos de Malawi y Zimbabue regresaron a sus países por temor, mientras el desempleo y el deterioro social son utilizados para convertir al extranjero africano en chivo expiatorio de una crisis que no provocó.

Grupos de ciudadanos sudafricanos recorrieron el jueves las calles de Alexandra, uno de los municipios urbanos más pobres y densamente poblados de Johannesburgo, derribaron puertas, ingresaron en viviendas particulares y sacaron de ellas a personas que consideraban extranjeras. No existían órdenes judiciales, agentes migratorios ni procedimientos administrativos que respaldaran esos actos. Eran civiles arrogándose la facultad de identificar, registrar, detener y entregar seres humanos a la Policía. Entre las personas capturadas se encontraba una mujer de Malawi acompañada por un niño y un ciudadano de Zimbabue que aseguró poseer un permiso legal para vivir y trabajar en Sudáfrica.

La escena no pertenece al pasado segregacionista del país, pero expone una continuidad política inquietante: la construcción de una categoría humana sospechosa, identificada no por una conducta delictiva comprobada, sino por su origen, su acento, su documentación o su apariencia. El apartheid institucionalizó una jerarquía racial bajo dominio blanco. La actual persecución contra inmigrantes africanos responde a otro contexto histórico y no puede equipararse jurídicamente con aquel régimen. Sin embargo, ambos fenómenos comparten un mecanismo fundamental del poder excluyente: convertir a una población entera en amenaza colectiva y presentar su expulsión como una forma de restauración nacional.

Las redadas fueron impulsadas por sectores vinculados al movimiento March and March, que acusa a los migrantes indocumentados de quitar empleo a los sudafricanos, apropiarse de servicios públicos, incrementar el delito y deteriorar las condiciones de vida. La organización fijó el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros sin documentación abandonaran el país y anunció movilizaciones semanales hasta que el Gobierno adopte políticas de deportación masiva, endurezca las fronteras y reserve escuelas, hospitales y oportunidades laborales para ciudadanos sudafricanos.

Lo ocurrido en Alexandra demuestra que el movimiento cruzó una frontera cualitativa. Ya no se limita a marchar, reclamar reformas migratorias o difundir consignas nacionalistas. Sus integrantes comenzaron a ejecutar por cuenta propia competencias reservadas al Estado. La diferencia es decisiva desde el punto de vista jurídico: una sociedad democrática puede discutir sus políticas migratorias, establecer requisitos de residencia y aplicar procedimientos legales de expulsión, pero ninguna voluntad mayoritaria autoriza a particulares a irrumpir en domicilios, clasificar personas según su nacionalidad y someterlas a una detención extrajudicial.

El presidente Cyril Ramaphosa condenó la xenofobia, la afrofobia y la justicia por mano propia. Recordó que únicamente las instituciones estatales pueden controlar documentos y aplicar las leyes migratorias. Sin embargo, la respuesta oficial resulta atravesada por una contradicción difícil de ignorar. Mientras el Gobierno advierte que los extranjeros no deben ser convertidos en responsables de la pobreza, el desempleo y la criminalidad, intensifica arrestos migratorios, controles fronterizos y repatriaciones, y adopta parte del vocabulario político utilizado por quienes sostienen que Sudáfrica está siendo invadida.

Esa ambivalencia puede producir un efecto peligroso. El Estado rechaza formalmente la violencia, pero valida parcialmente el diagnóstico que la alimenta. Cuando las autoridades aceptan que la inmigración constituye uno de los problemas centrales del país, sin demostrar su responsabilidad real en la crisis económica, ofrecen legitimidad política a quienes reemplazan las instituciones por patrullas vecinales. La xenofobia no necesita que el Gobierno ordene atacar. Le basta con que el poder público reproduzca la idea de que el extranjero es una carga y actúe después como si la violencia fuera una consecuencia inesperada.

El extranjero africano como chivo expiatorio de un fracaso económico

Sudáfrica atraviesa una emergencia social real. El desempleo oficial alcanzó el 32,7 % durante el primer trimestre de 2026 y la economía perdió aproximadamente 345.000 puestos de trabajo. Entre los jóvenes de 15 a 34 años, 4,7 millones estaban desocupados y otros 10,6 millones permanecían fuera de la fuerza laboral. La desigualdad sigue siendo una de las más profundas del planeta, mientras millones de personas viven sin acceso adecuado a vivienda, servicios sanitarios, educación de calidad o empleo formal.

La frustración no es imaginaria. Lo fraudulento es atribuirla al inmigrante.

La población migrante representa aproximadamente entre el 4 y el 5 % de los habitantes de Sudáfrica. Las estimaciones internacionales indican, además, que aporta una proporción superior a su peso demográfico en la economía. Los trabajadores extranjeros ocupan puestos en agricultura, construcción, transporte, comercio minorista, servicios de entrega, hostelería y sectores informales donde suelen existir dificultades para cubrir vacantes. Numerosos migrantes administran pequeños comercios que abastecen barrios populares, compran productos a mayoristas sudafricanos, pagan alquileres a propietarios locales y sostienen redes económicas que benefician a ciudadanos del país.

La persecución promete recuperar puestos de trabajo y recursos públicos. En la práctica, amenaza con destruir actividad productiva, provocar escasez de mano de obra, cerrar comercios, afectar cadenas de distribución y reducir las remesas de las que dependen familias enteras en países vecinos. La xenofobia se presenta como una política de protección económica, pero puede convertirse en un mecanismo de autolesión nacional.

Los migrantes no crearon el desempleo masivo, la concentración de la riqueza ni el deterioro de los servicios públicos. Tampoco diseñaron la estructura económica que, tres décadas después del fin jurídico del apartheid, continúa distribuyendo sus beneficios de manera profundamente desigual. Responsabilizarlos permite desplazar la discusión desde la propiedad, el poder financiero, la reforma agraria, el acceso al empleo y la incapacidad del Estado hacia un enemigo socialmente vulnerable que puede ser reconocido, perseguido y expulsado.

Ese procedimiento no es nuevo. Las crisis económicas suelen producir una disputa por la definición del culpable. Cuando las élites políticas no pueden garantizar bienestar material, pueden intentar preservar su legitimidad ofreciendo una explicación identitaria: la nación estaría sufriendo no por la desigualdad estructural, sino por la presencia de quienes llegaron desde afuera. El extranjero se convierte así en una respuesta falsa a una pregunta verdadera.

Las fronteras de Europa dentro de la conciencia africana

La actual crisis tampoco puede comprenderse sin examinar la arquitectura territorial heredada del colonialismo. La Conferencia de Berlín de 1884 y 1885 no se limitó a repartir África entre las potencias europeas. Impuso límites destinados a administrar colonias, extraer recursos y organizar zonas de influencia, sin respetar necesariamente las continuidades culturales, comerciales, lingüísticas y políticas de los pueblos existentes.

Cuando los países africanos alcanzaron la independencia, decidieron conservar gran parte de esas fronteras para impedir que su revisión desencadenara guerras territoriales generalizadas. La decisión fue históricamente comprensible, pero consolidó Estados cuyos límites habían sido concebidos por Europa y para Europa. La descolonización expulsó a las administraciones coloniales, pero no eliminó el mapa político que estas habían diseñado.

Con el tiempo, aquellas fronteras dejaron de ser solamente líneas sobre el territorio. Fueron interiorizadas como criterios absolutos de pertenencia. El zimbabuense, el malauí, el mozambiqueño o el nigeriano comenzaron a ser vistos no como integrantes de una historia continental compartida, sino como extranjeros que amenazan la seguridad económica de la nación. La geografía colonial se convirtió en psicología política.

Ese resultado representa una derrota profunda del panafricanismo. Kwame Nkrumah imaginó que la independencia de Ghana carecería de sentido mientras el resto de África continuara sometido. Julius Nyerere defendió una solidaridad continental capaz de superar los límites heredados. Thomas Sankara denunció la deuda y la dependencia como prolongaciones del dominio colonial. Steve Biko comprendió que la liberación política no sería completa sin una transformación de la conciencia.

La Sudáfrica democrática tiene, además, una deuda histórica particular con el resto del continente. Durante la lucha contra el apartheid, numerosos países africanos recibieron militantes, apoyaron al Congreso Nacional Africano, soportaron represalias militares y diplomáticas del régimen segregacionista y contribuyeron materialmente a una causa que consideraban continental. Hoy, ciudadanos procedentes de algunos de esos mismos países son perseguidos en las calles sudafricanas como intrusos.

No se trata simplemente de una ironía histórica. Es la demostración de que una liberación nacional puede fracasar cuando no logra transformarse en emancipación social, económica y cultural. Sudáfrica desmontó el orden jurídico del apartheid, pero no eliminó las desigualdades que ese sistema produjo ni alcanzó a construir una ciudadanía regional capaz de resistir el nacionalismo excluyente.

La responsabilidad internacional de Sudáfrica

La persecución de extranjeros no es únicamente un problema moral o de seguridad interior. Puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado sudafricano.

Sudáfrica está obligada por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y por los instrumentos internacionales y regionales de protección de refugiados. Su Constitución reconoce la dignidad, la igualdad, la libertad y la seguridad como derechos de todas las personas sometidas a su jurisdicción, no solamente de quienes poseen ciudadanía.

Las obligaciones estatales no terminan con la prohibición de que la Policía discrimine. El derecho internacional exige actuar con la debida diligencia para prevenir agresiones previsibles cometidas por particulares, proteger a las personas amenazadas, investigar las violaciones y sancionar a sus responsables. El Estado no puede alegar que los ataques fueron ejecutados por civiles cuando conocía la existencia de campañas organizadas, ultimátums públicos, movilizaciones nacionales y antecedentes reiterados de violencia xenófoba.

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ya había condenado, en abril, los ataques y las conductas de vigilancia dirigidas contra ciudadanos de otros países africanos. Por lo tanto, las autoridades sudafricanas no pueden sostener que la escalada era imprevisible. El ingreso de particulares en viviendas para localizar extranjeros constituye precisamente el tipo de práctica que los organismos regionales venían advirtiendo.

La pregunta jurídica no es solamente cuántos manifestantes cometieron delitos. También debe establecerse si el Estado adoptó medidas oportunas, suficientes y efectivas para impedir que grupos civiles sustituyeran a las autoridades. La presencia policial durante algunas de las capturas añade un interrogante todavía más grave: si los agentes recibieron de los manifestantes a personas seleccionadas mediante procedimientos ilegales, corresponde determinar si convalidaron materialmente una forma de detención discriminatoria.

La crisis ya produjo consecuencias diplomáticas. Ghana postergó reuniones bilaterales con Sudáfrica porque la violencia contra migrantes amenazaba con dominar toda la agenda. Nigeria reclamó explicaciones por la muerte de ciudadanos propios, aunque la relación de algunos de esos fallecimientos con las protestas continúa siendo discutida e investigada. Malawi, Zimbabue, Mozambique y otros países organizaron o facilitaron el retorno de miles de personas.

Más de 38.000 ciudadanos de Malawi y 60.000 de Zimbabue regresaron a sus territorios en las últimas semanas. No todos fueron víctimas directas de agresiones ni pueden ser considerados refugiados, pero su salida masiva revela la eficacia política del miedo. Una campaña no necesita expulsar físicamente a cada extranjero cuando consigue que decenas de miles huyan para proteger su vida, su familia o sus bienes.

La descolonización que no llegó a terminar

La violencia xenófoba no comenzó en 2026. Sudáfrica registró ataques graves contra extranjeros en 2008, 2015 y 2019. En cada episodio reaparecieron las mismas acusaciones: los migrantes quitarían empleos, saturarían hospitales, dominarían el comercio informal o serían responsables de la criminalidad. La repetición demuestra que no estamos ante un estallido excepcional, sino frente a una estructura política disponible que se activa cada vez que la crisis social alcanza determinado nivel.

Lo nuevo es el grado de organización. Los movimientos actuales tienen dirigentes, consignas, calendarios, redes digitales, capacidad de convocatoria nacional y una pretensión explícita de influir sobre la política estatal. Difunden documentos falsos con apariencia oficial, fijan fechas límite, convocan inspecciones y ofrecen una estructura de movilización capaz de transformar el prejuicio en acción colectiva.

La xenofobia sudafricana no puede explicarse mediante la fórmula superficial de que “los negros discriminan a otros negros”. El colonialismo no se limitó a ordenar las sociedades mediante una oposición entre personas blancas y negras. También clasificó poblaciones, reorganizó economías, impuso fronteras, creó jerarquías internas y convirtió la administración de las diferencias en una tecnología de gobierno. Esas estructuras sobrevivieron a la independencia formal.

El trabajador sudafricano que culpa al migrante zimbabuense por la falta de empleo no actúa fuera de la historia. Ha sido situado dentro de una economía incapaz de garantizarle seguridad material y de un orden político que le ofrece al extranjero como explicación inmediata de su frustración. Pero comprender esa estructura no significa absolverlo. Ninguna herencia colonial convierte la persecución en un acto inevitable ni elimina la responsabilidad individual de quien derriba una puerta, amenaza a una familia o entrega a una persona a la Policía por haber nacido al otro lado de una frontera.

La responsabilidad es simultáneamente personal, estatal e histórica. Personal, porque ningún ciudadano puede arrogarse el derecho de perseguir a otro. Estatal, porque las autoridades deben impedir que organizaciones privadas ejerzan funciones coercitivas. Histórica, porque el orden económico y territorial que produce esas tensiones fue construido durante el colonialismo y nunca fue completamente desmantelado.

Sudáfrica enseñó al mundo que una arquitectura jurídica de segregación podía ser derrotada. Ahora enfrenta una prueba igualmente decisiva: demostrar que la identidad nacional no será utilizada para levantar una nueva frontera moral entre africanos dignos de derechos y africanos considerados descartables.

La independencia política no concluye la descolonización. Un país puede expulsar al colonizador y conservar sus fronteras, su economía, sus desigualdades y sus formas de clasificar a los seres humanos. Puede sustituir a los gobernantes sin transformar las condiciones que hacen posible la exclusión.

Las escenas de Alexandra obligan a reconocer esa verdad. La descolonización africana continúa inconclusa mientras una frontera trazada por Europa tenga más fuerza política que la memoria compartida de los pueblos que lucharon contra el dominio colonial. Continúa inconclusa mientras el hambre de un trabajador pueda convertirse en odio contra otro trabajador. Y continúa inconclusa mientras el Estado que nació de una de las mayores luchas contra la segregación «permita» que ciudadanos comunes decidan, puerta por puerta, quién tiene derecho a permanecer dentro de la comunidad política.