REDACCIÓN
A tres días del inicio del ciclo lectivo, la federación Conadu Histórica anunció un paro nacional a partir del lunes 16. La medida coincide con el comienzo del primer cuatrimestre y se enmarca en un conflicto que lleva más de un año: el gobierno de Javier Milei no cumple la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras rechazar dos veces el veto presidencial. Los docentes reclaman un 51% de aumento salarial adeudado, actualización de gastos de funcionamiento y paritarias obligatorias. El plan de lucha incluye una marcha federal el 24 de marzo.
EL CONFLICTO QUE NO CESA
Mientras miles de estudiantes esperan el inicio del cuatrimestre, los docentes universitarios ya afilan sus herramientas de lucha. La federación Conadu Histórica resolvió en su congreso nacional un paro a partir del lunes 16 de marzo, fecha en la que está previsto el comienzo de las clases en la mayoría de las universidades nacionales.
La medida no es un paro de 24 horas ni una protesta simbólica. El gremio anunció que hará evaluaciones periódicas para determinar la continuidad del plan de lucha, lo que anticipa un conflicto prolongado justo en el inicio del ciclo lectivo.
El miércoles pasado, la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte de Conadu Histórica, ya había adelantado medidas de fuerza. El paro de los docentes de la UBA también es por tiempo indeterminado.
LOS RECLAMOS: EL 51% QUE EL GOBIERNO ADEUDA
El conflicto tiene nombre y número: 51%. Ese es el porcentaje de aumento salarial que los gremios consideran adeudado desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, fue contundente: «Nos deben el aumento del 51% de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno en completa ilegalidad desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso. Fue derrotado el veto presidencial y aun así incumple la ley».
El 51% reclamado surge de la diferencia entre los aumentos salariales otorgados por el Gobierno —sin convocatoria a paritarias— y la inflación acumulada en el período.
QUÉ DICE LA LEY QUE EL GOBIERNO INCUMPLE
La Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025 . Su objeto es claro: «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina» .
Los puntos centrales de la norma son:
- Actualización salarial: Ordena actualizar los salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el mismo período .
- Paritarias obligatorias: Establece que el Poder Ejecutivo debe convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios .
- Gastos de funcionamiento: Dispone la actualización al 1° de enero de 2025 de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas según la variación del IPC, y su actualización bimestral durante 2025 .
- Becas estudiantiles: Ordena la recomposición de todos los programas de becas (Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería) por la variación acumulada del IPC desde diciembre de 2023 .
- Investigación: Establece una partida especial para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas .
El gobierno de Javier Milei vetó la ley mediante el Decreto 647/2025, argumentando que «presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación» y que no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar las fuentes de recursos para todo gasto no previsto en el presupuesto .
Sin embargo, el 16 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones . Las imágenes de aquella jornada mostraron a las columnas de la Marcha Federal Universitaria celebrando en las afueras del Congreso, con una pantalla gigante que transmitía la votación . Un estudiante de la UBA resumía el sentir de aquellos días: «Que ganen una miseria es bastante preocupante, me moviliza como estudiante mañana ocupar su lugar y que desfinancien todo no está bueno» .
Poco después, el Senado también confirmó la ley con los dos tercios necesarios, y el 21 de octubre de 2025 la norma fue publicada en el Boletín Oficial . Pese a ello, los gremios sostienen que el Ejecutivo no está cumpliendo con lo establecido.
LAS MEDIDAS ANUNCIADAS
El congreso nacional de Conadu Histórica resolvió:
- Paro nacional a partir del 16 de marzo, coincidiendo con el inicio del cuatrimestre.
- Evaluaciones periódicas para determinar la continuidad del plan de lucha.
- Marcha federal universitaria antes de que el Congreso trate el nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
- Cese de tareas el 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
- Marcha a Plaza de Mayo el 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
EL CONTEXTO: UN GOBIERNO QUE INCUMPLE LA LEY
Los gremios denuncian que el gobierno de Javier Milei mantiene una conducta de «completa ilegalidad» al desconocer lo votado cuatro veces en el Congreso: la sanción original, el rechazo al veto en Diputados, el rechazo al veto en el Senado y la publicación en el Boletín Oficial.
A más de dos años de gestión, el Ejecutivo no ha convocado a paritarias obligatorias como establece la ley, y los aumentos salariales otorgados han sido por debajo de la inflación, sin negociación colectiva.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido declaraciones oficiales sobre este nuevo anuncio de paro. En septiembre de 2025, al vetar la ley, el gobierno argumentó que el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156 y que implicaba «importantes deficiencias en el financiamiento previsto» . En aquel momento, desde Casa Rosada señalaron que ese gasto «sin respaldo real» sólo podía financiarse con emisión monetaria, lo que provocaría un aumento de la inflación y perjudicaría a los sectores más vulnerables .
El vocero presidencial solía repetir entonces que «las cuentas están al día» y que algunas universidades «se resisten a auditorías» . Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió sobre la escasa asignación presupuestaria en el proyecto de Presupuesto 2026 .
LO QUE VIENE
El 16 de marzo, cuando los estudiantes esperan empezar las clases, se encontrarán con las aulas cerradas y los docentes en la calle. El conflicto, lejos de resolverse, se profundiza. Y mientras el gobierno insiste en que no hay recursos, los gremios sostienen que hay una ley que debe cumplirse.
Como resumió Carboni: «Fue derrotado el veto presidencial y aun así incumple la ley». La pulseada entre el Ejecutivo y los docentes universitarios recién comienza.
Melina Schweizer
