Melina Schweizer
El doble terremoto que sacudió a Venezuela la noche del 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó un saldo provisorio de 920 muertos, 3.360 heridos y al menos 172 personas desaparecidas bajo los escombros, según el último balance oficial. La Guaira fue declarada zona de desastre mientras continúan las tareas de rescate y comienza a desplegarse la ayuda internacional.
Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente. Dos terremotos de gran intensidad registrados con pocos minutos de diferencia provocaron el colapso de edificios, hospitales, escuelas, carreteras y servicios esenciales en buena parte del centro-norte del país, dejando un escenario de devastación que continúa agravándose a medida que avanzan las tareas de búsqueda.
El último balance oficial, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó a 920 la cifra de fallecidos, mientras que 3.360 personas resultaron heridas y 172 continúan desaparecidas, presuntamente atrapadas bajo los escombros. Las autoridades reconocen que el número de víctimas podría aumentar significativamente debido a que numerosas zonas permanecen incomunicadas y los equipos de rescate aún no lograron acceder a todas las áreas afectadas.
Los movimientos sísmicos ocurrieron durante la noche del miércoles 24 de junio y tuvieron epicentros cercanos a Caracas y al estado de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por el desastre. La combinación de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 generó un efecto devastador sobre construcciones ya vulnerables, provocando derrumbes generalizados y afectando la infraestructura crítica del país.
Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como zona de desastre natural, habilitando la movilización extraordinaria de recursos estatales y la coordinación con organismos internacionales. Sin embargo, la respuesta oficial enfrenta enormes dificultades logísticas. Las réplicas continúan registrándose con intensidad moderada, lo que obliga a interrumpir periódicamente las operaciones de rescate y mantiene a miles de personas viviendo en espacios abiertos por temor al colapso de edificios que permanecen en pie.
La situación humanitaria se deteriora rápidamente. Hospitales parcialmente destruidos trabajan por encima de su capacidad, mientras que la escasez de medicamentos, agua potable y combustible complica la asistencia a los heridos. Equipos médicos improvisan centros de atención en plazas, escuelas y espacios públicos ante la imposibilidad de utilizar numerosos establecimientos sanitarios.
En La Guaira comenzaron a registrarse además episodios de saqueos sobre comercios y viviendas colapsadas, una situación que obligó al despliegue adicional de fuerzas de seguridad para proteger tanto los bienes de la población como los corredores destinados al ingreso de ayuda humanitaria. Las autoridades atribuyen estos hechos al colapso de los sistemas de abastecimiento y a la desesperación de sectores que quedaron aislados tras el terremoto.
La dimensión del desastre activó una rápida respuesta internacional. Argentina confirmó el envío de un contingente compuesto por 26 efectivos militares especializados, junto con binomios caninos de búsqueda y rescate pertenecientes a la Armada Argentina. La misión tiene como prioridad la localización de sobrevivientes durante las primeras 72 horas posteriores al sismo, período considerado crítico para encontrar personas con vida bajo los escombros.
Estados Unidos también anunció el despliegue de asistencia humanitaria. Un equipo del Comando Sur, encabezado por el mayor general Kevin J. Jarrard, arribó a Caracas para coordinar las operaciones de apoyo solicitadas formalmente por las autoridades venezolanas. La asistencia estadounidense se concentrará inicialmente en logística, evaluación de daños y cooperación con los equipos internacionales de rescate.
El terremoto vuelve además a poner el foco sobre la vulnerabilidad sísmica de la región. Aunque Venezuela no forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio está atravesado por importantes sistemas de fallas geológicas, especialmente la falla de Boconó y la falla de El Pilar, responsables de buena parte de la actividad sísmica del país. La interacción entre las placas del Caribe y Sudamericana genera una acumulación permanente de energía tectónica que, periódicamente, se libera mediante terremotos de gran intensidad.
Especialistas señalan que la combinación de urbanización acelerada, edificaciones antiguas y normas de construcción desiguales incrementó considerablemente el impacto del fenómeno. En varias ciudades, edificios construidos antes de la incorporación de normas antisísmicas modernas sufrieron daños estructurales severos o colapsaron completamente.
Las consecuencias económicas también serán profundas. La destrucción de infraestructura vial, puertos, redes eléctricas y servicios públicos compromete la recuperación de una economía que ya enfrentaba importantes dificultades estructurales. Diversos analistas estiman que la reconstrucción demandará inversiones multimillonarias y varios años de trabajo coordinado entre el Estado, organismos multilaterales y la comunidad internacional.
Mientras tanto, la prioridad continúa siendo salvar vidas. Decenas de equipos nacionales e internacionales trabajan contrarreloj removiendo toneladas de escombros con maquinaria pesada y herramientas manuales, conscientes de que cada hora reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes.
La tragedia también vuelve a demostrar que los desastres naturales trascienden las diferencias políticas. Países con posiciones diplomáticas enfrentadas respecto de Venezuela comenzaron a coordinar ayuda humanitaria, priorizando la asistencia a una población golpeada por una de las peores catástrofes que recuerda el país en las últimas décadas.
Con cientos de personas aún desaparecidas, miles de familias desplazadas y una infraestructura severamente dañada, Venezuela enfrenta ahora el desafío de superar la emergencia inmediata y comenzar una reconstrucción que, según admiten las propias autoridades, será larga, compleja y marcará el futuro del país durante los próximos años.
Rodolfo Gudino
