Melina Schweizer
El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer prejuicios judiciales, demoras institucionales y el desmantelamiento de herramientas de prevención. Este 3 de junio, Ni Una Menos marcha para recordar que la violencia machista no nace de la nada: necesita condiciones que la permitan.
A once años del primer Ni Una Menos, miles de personas volvieron a movilizarse en todo el país tras los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Carolina Romero. La marcha no fue solamente un reclamo de justicia: fue una respuesta política frente a un tiempo marcado por el desmantelamiento de políticas públicas, el avance de discursos antifeministas y una violencia que sigue encontrando condiciones para reproducirse.
A veces una sociedad descubre que no avanzó tanto como creía. No porque le falten leyes, diagnósticos o estadísticas. Tampoco porque desconozca el problema. Todo eso existe. Lo que ocurre es algo más inquietante: la violencia deja de aparecer como una emergencia y comienza a naturalizarse como parte del paisaje. Entonces sucede un crimen que rompe la rutina del horror. Un nombre atraviesa la conversación pública. Una adolescente desaparece. Una familia busca respuestas. Un país entero vuelve a preguntarse cómo es posible que, once años después del primer Ni Una Menos, siga marchando por las mismas razones. Ese nombre, esta vez, fue Agostina Vega.
La movilización del 3 de junio volvió a ocupar las calles de Buenos Aires y de decenas de ciudades argentinas. Córdoba, Santa Fe, Paraná, Mendoza, Neuquén, Trelew, Comodoro Rivadavia y muchas otras localidades replicaron una escena que ya forma parte de la historia política reciente del país. Miles de personas marcharon impulsadas por la conmoción generada por los femicidios de Agostina Vega, de 14 años; Dulce María Candia, de 17; y Noelia Carolina Romero, de 30. Pero reducir la magnitud de la convocatoria únicamente a esos crímenes sería un error de lectura. Lo que apareció en las calles fue también el rechazo a un clima político y cultural que, lejos de fortalecer las herramientas de prevención, parece decidido a cuestionar la legitimidad misma de las demandas feministas.
La historia de Agostina sacudió a la sociedad porque condensó muchos de los temores que atraviesan a las familias argentinas. La adolescente desapareció durante varios días mientras sus allegados insistían en aportar información que, según denunciaron posteriormente, no fue tomada con la urgencia necesaria. La activación de mecanismos de búsqueda llegó tarde. La sospecha inicial pareció recaer más sobre las decisiones de la víctima que sobre el peligro que corría. Cuando finalmente fue encontrada, ya era demasiado tarde. Las denuncias sobre demoras, prejuicios y falta de perspectiva de género en el abordaje del caso reabrieron una discusión que el movimiento feminista viene sosteniendo desde hace años: la violencia extrema rara vez aparece de manera espontánea. Suele estar precedida por una cadena de omisiones, subestimaciones y fallas institucionales que terminan convirtiendo la vulnerabilidad en tragedia.
Sin embargo, la pregunta que recorrió la marcha fue todavía más profunda. ¿Por qué once años después seguimos acá? ¿Por qué una consigna que nació en 2015 conserva semejante capacidad de convocatoria? La respuesta obliga a mirar más allá de los femicidios individuales. Porque lo que volvió a llenar las calles no fue solamente el dolor. Fue también la percepción de que existe una ofensiva política y cultural contra muchas de las conquistas impulsadas por los movimientos feministas durante la última década.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno fueron eliminadas, reducidas o desarticuladas decenas de políticas vinculadas a prevención, asistencia y cuidados. Organizaciones feministas sostienen que el retroceso no puede analizarse únicamente en términos presupuestarios. Lo interpretan como una redefinición ideológica del papel que debe ocupar el Estado frente a las desigualdades de género. La discusión no se limita a programas específicos. Abarca también el lugar que tienen las violencias, los cuidados y la igualdad dentro del proyecto político dominante.
El problema es que los datos sociales parecen ir en dirección contraria a la narrativa según la cual estas políticas habrían perdido relevancia. Según cifras citadas por organizaciones que participaron de la convocatoria, las mujeres representan el 64,2% de las personas pobres del país y siete de cada diez hogares sostenidos por mujeres necesitan recurrir a endeudamiento para afrontar gastos cotidianos. A eso se suma una distribución profundamente desigual de las tareas de cuidado, que continúan recayendo mayoritariamente sobre ellas. La violencia no existe en un vacío. Se desarrolla dentro de condiciones materiales concretas. La dependencia económica, la precarización laboral, la ausencia de redes de cuidado y la fragilidad institucional no explican por sí solas los femicidios, pero forman parte del contexto que vuelve más difícil escapar de relaciones violentas o acceder a mecanismos de protección.
Por eso una parte importante de la movilización estuvo atravesada por una crítica más amplia al rumbo económico y social del país. La consigna histórica de Ni Una Menos apareció este año acompañada por demandas relacionadas con trabajo, endeudamiento, educación, salud y acceso a derechos. No se trata de una ampliación arbitraria de la agenda. Se trata de una comprensión política de la violencia que la vincula con las condiciones concretas en las que transcurre la vida cotidiana. Para quienes marcharon, la pregunta no es solamente cómo castigar a los agresores. También es cómo construir una sociedad donde la vulnerabilidad deje de ser una condición permanente para millones de mujeres y diversidades.
Pero existe otro elemento que explica la masividad de esta convocatoria. Durante los últimos años se consolidó un discurso público que presenta al feminismo como un exceso. Como una agenda privilegiada. Como una ideología que habría ido demasiado lejos. Desde distintos espacios políticos, mediáticos y digitales se multiplicaron expresiones destinadas a desacreditar conceptos como violencia de género, perspectiva de género o femicidio. Lo que en otro momento parecía parte de un consenso democrático básico volvió a transformarse en objeto de disputa. En ese contexto, cada femicidio adquiere un significado adicional. No sólo interpela a la justicia. También desafía a quienes insisten en minimizar la magnitud del problema.
La paradoja es evidente. Mientras algunos sectores sostienen que el feminismo perdió razón de ser, las movilizaciones continúan reuniendo multitudes. Mientras se cuestiona la necesidad de políticas específicas, los casos de violencia extrema siguen acumulándose. Mientras proliferan discursos que presentan la igualdad como una amenaza, miles de personas vuelven a ocupar el espacio público para recordar que las desigualdades siguen organizando la experiencia cotidiana de millones de argentinas.
Por eso la marcha de este año tuvo una carga emocional diferente. No fue la celebración de una victoria ni la conmemoración de una conquista. Fue una advertencia. Una señal de que existe un sector importante de la sociedad dispuesto a resistir la normalización de la violencia y el desmantelamiento de herramientas construidas durante años de lucha colectiva. Fue, también, una forma de decir que los femicidios no son hechos aislados ni tragedias privadas. Son acontecimientos políticos que obligan a preguntarnos qué vidas importan, qué instituciones responden cuando una adolescente desaparece y qué responsabilidades colectivas existen frente a esa realidad.
Agostina nos volvió a sacar a la calle. Pero la pregunta que recorrió la movilización no hablaba solamente de ella. Hablaba de un país. De sus prioridades. De las vidas que siguen quedando al margen. Y de una democracia que todavía no logró resolver por qué, once años después de aquel primer grito, seguimos contando ausencias. Porque la verdadera pregunta ya no es por qué existe Ni Una Menos. La verdadera pregunta es por qué sigue siendo necesario.
