Rodolfo Gudino
La Cámara de Diputados se prepara para un miércoles de infarto. A las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzarán el debate de la ley de lobby, una iniciativa que crea un «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses». A las 15, será el turno del plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia para discutir el Súper RIGI, un régimen de promoción fiscal para grandes inversiones que incluye beneficios que harían palidecer de envidia al mismísimo paraíso fiscal de las Islas Caimán.
El oficialismo controla las tres comisiones clave. Asuntos Constitucionales está presidida por Nicolás Mayoraz, un ultraliberal que respondió a Karina Milei. Legislación General la preside Santiago Santurio, otro hombre de la hermana del Presidente. Y Presupuesto está en manos de Bertie Benegas Lynch, el mismo que firmó el dictamen del RIGI original en la Ley Bases. El resultado está cantado. La oposición puede protestar, puede pedir la palabra, puede llorar en el recinto. Los números no le dan.
La ley de lobby: el parche de un sistema podrido
La ley de lobby es, en apariencia, una iniciativa loable. Crea un Registro Público de Gestiones e Intereses, obliga a los lobistas a inscribirse, a declarar sus clientes y a detallar cada contacto con funcionarios y legisladores. Las sanciones para los infractores van desde multas de 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva. La representación clandestina de intereses extranjeros será reprimida con prisión de seis meses a tres años.
El problema no es la ley en sí. El problema es quién la impulsa. El mismo gobierno que eliminó las PASO para que los partidos puedan elegir candidatos a dedo. El mismo que redujo la publicidad oficial para asfixiar a los medios independientes. El mismo que blindó a Manuel Adorni con una declaración jurada que tiene «anexos reservados». El mismo que ahora dice que va a transparentar el lobby.
La ley no va a impedir que los lobistas sigan manejando los hilos del poder. Solo va a hacer que sus reuniones queden registradas en una base de datos que nadie va a mirar. Los lobistas más grandes del mundo —las multinacionales, los bancos, los fondos de inversión, los estudios jurídicos globales— ya tienen sus propios departamentos de asuntos gubernamentales. No necesitan registrarse. No necesitan declarar. Ellos son la casta. Y la ley de lobby es el perfume que le echan al muerto.
El oficialismo aprobará la ley sin problemas. Existe un núcleo de coincidencias filosóficas con el PRO y la UCR sobre la necesidad de terminar con la opacidad del lobby en Argentina. Pero la oposición dialoguista, que tanto habla de transparencia, no dice nada sobre el Súper RIGI. No dice nada sobre los 1.000 millones de dólares de inversión mínima que dejan afuera a las pymes. No dice nada sobre la exención de derechos de exportación y la reducción del impuesto a las ganancias al 15%.
El Súper RIGI: el sueño húmedo de las multinacionales
El Súper RIGI es el mismo proyecto que el gobierno envió al Congreso la semana pasada. El piso de inversión es de 1.000 millones de dólares. El beneficiario debe ejecutar al menos el 20% de ese monto en los primeros dos años. A cambio, recibe una tasa de ganancias del 15% (contra el 25% del régimen general), amortización acelerada del 60% en el primer año, exención total de derechos de importación y exportación, y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercero.
El economista Gonzalo Schweizer fue contundente: «Van a pagar menos impuestos que un kiosko» Empresas que te facturan un PBI.».
El gobierno dice que el Súper RIGI va a atraer inversiones, a generar empleo, a desarrollar tecnología. Pero los números no mienten. El RIGI original, sancionado en la Ley Bases, todavía no generó las inversiones prometidas. Las empresas se llevaron los beneficios fiscales y se fueron. El Súper RIGI es lo mismo, pero más grande. Más deducciones, más exenciones, menos control.
El cronograma de tratamiento es acelerado. El oficialismo necesita aprobar estas leyes antes del 11 de junio, cuando comience el Mundial de Fútbol y la atención de la opinión pública se desvíe hacia la pelota. La estrategia es clara: si las multinacionales se llevan todos los beneficios fiscales mientras la gente mira los goles, nadie va a protestar.
El oficialismo controla las comisiones, tiene los votos y maneja los tiempos. La oposición, como siempre, llegará tarde. El gobierno necesita aprobar estas leyes antes del Mundial para que la gente no mire.
La ley de lobby es el parche de un sistema podrido. No va a impedir que los lobistas sigan manejando los hilos del poder. Solo va a hacer que sus reuniones queden registradas en una base de datos que nadie va a mirar.
El Súper RIGI, por su parte, es una máquina de transferir recursos desde los argentinos hacia las grandes corporaciones globales. Las multinacionales pagan menos impuestos, las pymes siguen siendo asfixiadas por la carga fiscal, y los trabajadores, los jubilados, los pobres, los que menos tienen, siguen esperando que la riqueza generada por la minería, la energía y el agro «derrame» hacia sus bolsillos. No va a derramar. Nunca derramó.
El miércoles, Diputados será el escenario de una farsa. La ley de lobby y el Súper RIGI se debatirán en comisiones, se aprobarán por mayoría, y pasarán al recinto. El gobierno celebrará. Los medios anunciarán el «éxito legislativo». Las multinacionales festejarán. Los trabajadores, mientras tanto, seguirán pagando el pato.
GONZALO SCHWEIZER
