Melina Schweizer
A casi nueve años del hundimiento del ARA San Juan, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó únicamente al exjefe de Operaciones Navales Claudio Javier Villamide a tres años de prisión en suspenso. Los otros tres altos mandos imputados fueron absueltos, mientras las 44 muertes siguen sin una respuesta judicial integral.
Después de casi una década de espera, el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan dejó un fallo que reaviva el debate sobre las responsabilidades dentro de la Armada Argentina y el alcance de la Justicia frente a una de las mayores tragedias militares en tiempos de democracia.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al exjefe de Operaciones Navales Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. La pena, al ser en suspenso, implica que no cumplirá prisión efectiva.
En cambio, los jueces absolvieron a los exjefes navales Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal por el hundimiento del submarino.
La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron durante el debate oral las decisiones adoptadas por la cadena de mando antes y durante la última misión del submarino.
Una tragedia que marcó al país
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata con 44 tripulantes a bordo.
Durante más de un año, la búsqueda movilizó recursos nacionales e internacionales hasta que, en noviembre de 2018, la nave fue localizada a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de la Península Valdés.
Desde entonces, la causa judicial intentó establecer si existieron negligencias, omisiones o incumplimientos por parte de la conducción naval que pudieran haber contribuido al desenlace fatal.
Un fallo que deja más preguntas que respuestas
Según trascendió de fuentes judiciales, Villamide fue considerado responsable por irregularidades vinculadas al control operativo del submarino y por decisiones adoptadas antes y durante la misión.
En cambio, el tribunal entendió que Alonso y Correa actuaban como asesores técnicos sin capacidad de decisión directa dentro de la cadena de mando.
Respecto de López Mazzeo, los magistrados concluyeron que el control operativo inmediato sobre el submarino no formaba parte de sus funciones específicas, razón por la cual resolvieron absolverlo.
Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos durante el mes de agosto.
Una condena que difícilmente cierre la herida
Para los familiares de los 44 tripulantes, el proceso judicial siempre tuvo un objetivo mayor que determinar responsabilidades individuales: conocer por qué un submarino con antecedentes de fallas continuó navegando y quiénes autorizaron esa misión.
La condena a un solo funcionario, sumada a una pena sin cumplimiento efectivo, difícilmente represente el cierre que durante años reclamaron quienes perdieron a sus seres queridos.
La tragedia del ARA San Juan no solo expuso deficiencias operativas dentro de la Armada, sino también profundas falencias en los mecanismos de control, mantenimiento y conducción de una fuerza que durante años denunció problemas estructurales.
Casi nueve años después del hundimiento, la Justicia emitió su primer gran veredicto. Sin embargo, para muchas de las familias de los 44 tripulantes, la sensación sigue siendo la misma: la verdad judicial aún parece navegar muy lejos de la verdad completa.
