Melina Schweizer
El Ministerio Público de la Acusación abrió un sumario contra la fiscal Raquel Almada por liberar sin imputación a Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, tras un operativo en el que se secuestró un revólver. La decisión también quedó bajo la lupa porque devolvió los celulares de los involucrados, pese a una investigación por presuntas extorsiones y juego ilegal.
La Justicia santafesina quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenara investigar la actuación de la fiscal Raquel Almada, quien resolvió liberar sin imputación a Matías Belloso, hijo del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, tras un procedimiento policial en el que se encontró un arma de fuego dentro del vehículo en el que viajaba junto a otras tres personas.
El pedido de sumario administrativo fue impulsado por el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario y remitido a la Auditoría General de Gestión del MPA, que deberá determinar si la funcionaria incumplió los protocolos vigentes para este tipo de casos.
El operativo ocurrió el 29 de junio en Granadero Baigorria, luego de que una mujer denunciara al 911 que estaba siendo amenazada por una supuesta deuda. Al llegar al lugar, la Policía interceptó un Peugeot 308 en el que viajaban cuatro personas y, durante la requisa, encontró un revólver calibre .22 oculto debajo de la alfombra del asiento del acompañante.
El único imputado fue Fausto Carbajo, de 25 años, quien ya había sido denunciado meses atrás por el futbolista Jonatan Gómez por presuntas extorsiones relacionadas con plataformas de juego online clandestinas. En cambio, Matías Belloso y los otros dos ocupantes recuperaron inmediatamente la libertad sin que se les iniciara una causa penal.
La decisión generó un profundo malestar dentro del Ministerio Público porque desde 2019 existe una instrucción interna que ordena iniciar actuaciones penales contra todas las personas encontradas en procedimientos donde aparezcan armas de fuego, incluso cuando la tenencia pudiera considerarse compartida. Esa política fue adoptada como respuesta al elevado nivel de violencia armada que afecta a Rosario desde hace años.
Otro de los puntos cuestionados fue que la fiscal ordenó devolver los teléfonos celulares a los tres ocupantes desvinculados del expediente. Para los investigadores, esa decisión eliminó la posibilidad de realizar pericias forenses sobre dispositivos que podrían haber aportado información relevante acerca de una presunta organización dedicada al juego clandestino y las extorsiones.
La investigación principal quedó ahora en manos del fiscal Fernando Dalmau, quien analiza ampliar la imputación contra Carbajo e incorporar delitos vinculados con amenazas, cobro violento de deudas y explotación de plataformas ilegales de apuestas.
Los investigadores sostienen que las redes de juego clandestino en Rosario generan ingresos millonarios y utilizan mecanismos de intimidación para cobrar créditos otorgados a jugadores, una modalidad que ya fue denunciada en distintas causas judiciales abiertas en la provincia.
También despertó sospechas el cambio de versión de la mujer que originó el procedimiento. Aunque inicialmente denunció amenazas, luego desvinculó a los ocupantes del vehículo interceptado. Para los investigadores, ese comportamiento es frecuente en víctimas sometidas a presiones o intimidaciones por parte de organizaciones criminales.
El auditor general de Gestión del MPA, Leandro Mai, confirmó que ya recibió el expediente para evaluar si la actuación de Almada constituye una falta disciplinaria. Paralelamente, el fiscal regional Matías Merlo emitió una nueva circular interna reforzando la obligación de iniciar investigaciones penales en todos los casos donde existan personas demoradas junto a armas de fuego.
El episodio vuelve a colocar bajo la lupa la compleja trama que vincula violencia, barras bravas y juego ilegal en Rosario, un escenario que, según distintas investigaciones judiciales, se reconfiguró tras el asesinato en noviembre de 2024 de Andrés «Pillín» Bracamonte, histórico líder de la barra de Rosario Central. Desde entonces, fiscales e investigadores advierten sobre una disputa por el control de negocios ilícitos que continúa generando hechos de violencia y nuevas investigaciones judiciales.
