Melina Schweizer
El esquema prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad coloque depósitos de largo plazo en los bancos para financiar préstamos destinados a la compra de viviendas. La iniciativa no contempla, en principio, una asistencia para las familias que ya están endeudadas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, prepara un nuevo esquema para reactivar los créditos hipotecarios mediante la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en un escenario marcado por el crecimiento de la morosidad, la caída del consumo y las dificultades de numerosas familias para llegar a fin de mes.
La propuesta consistiría en que el fondo previsional realice licitaciones de depósitos a plazo fijo de largo plazo entre las entidades financieras. Con esos recursos, los bancos podrían contar con financiamiento más estable para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.
El objetivo sería reducir uno de los principales problemas del sistema financiero argentino: los bancos reciben depósitos mayoritariamente de corto plazo, pero los créditos para comprar una vivienda necesitan plazos de veinte o treinta años.
A través del nuevo mecanismo, las entidades competirían por los recursos del FGS ofreciendo diferentes tasas, plazos y condiciones. El fondo de la ANSES no compraría directamente las hipotecas ni les prestaría dinero a las familias, sino que colocaría recursos en los bancos para que estos otorguen los créditos.
Fondos previsionales para financiar a los bancos
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado para respaldar el sistema previsional y administrar activos destinados a proteger el pago de jubilaciones y pensiones. Por esa razón, cualquier utilización de sus recursos debería cumplir criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez y transparencia.
La legislación permite que una parte de la cartera del FGS sea colocada en depósitos bancarios. Sin embargo, la implementación de un programa de largo plazo abre interrogantes sobre las garantías que deberán presentar las entidades, las tasas que recibiría el fondo y los mecanismos previstos para evitar pérdidas.
El Gobierno deberá informar cuánto dinero se destinará al programa, qué bancos podrán participar, cuáles serán los plazos de las colocaciones y qué ocurrirá si una entidad incumple sus compromisos.
También será necesario conocer si existirá un límite de concentración para evitar que una parte considerable de los recursos quede depositada en pocos bancos.
La transparencia de las licitaciones será un aspecto central. No se trata de fondos privados del Gobierno ni de una herramienta disponible para rescatar entidades financieras, sino de activos vinculados con la sustentabilidad del sistema previsional.
Hipotecas no significan alivio para los endeudados
La iniciativa aparece mientras millones de argentinos enfrentan dificultades para pagar tarjetas, préstamos personales, servicios y compromisos asumidos con bancos o billeteras virtuales.
Sin embargo, el programa hipotecario no ofrecería una respuesta directa a esa emergencia. Las familias que ya acumulan cuotas impagas, intereses punitorios o antecedentes negativos difícilmente puedan cumplir los requisitos para acceder a un crédito destinado a la compra de una vivienda.
Para obtener una hipoteca, los bancos generalmente exigen ingresos registrados, estabilidad laboral, capacidad de ahorro y una relación determinada entre la cuota y el salario. También se necesita contar con dinero para cubrir una parte del valor de la propiedad y afrontar gastos de escritura, impuestos y comisiones.
Por lo tanto, el plan podría beneficiar principalmente a sectores medios con empleo formal y capacidad de ahorro, pero tendría un alcance limitado entre trabajadores informales, familias sobreendeudadas y hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
La expansión del crédito tampoco garantiza por sí sola el acceso a la vivienda. El resultado dependerá de las tasas, el sistema de actualización utilizado, el valor de las propiedades y la evolución de los salarios.
El riesgo de los créditos ajustados por inflación
Otro punto que deberá aclarar Caputo es si los préstamos estarán nominados en UVA, una unidad que se actualiza de acuerdo con la inflación.
Este mecanismo permite comenzar con cuotas más bajas que las de un crédito tradicional, pero también provoca que el capital adeudado aumente con el paso del tiempo. Si los salarios crecen por debajo de la inflación, el peso de la cuota sobre los ingresos familiares puede volverse cada vez mayor.
La experiencia de los créditos UVA mostró que el acceso inicial a una vivienda puede transformarse en un compromiso difícil de sostener cuando existe una diferencia prolongada entre la actualización de la deuda y los ingresos del hogar.
Por eso, además de impulsar el financiamiento, el Gobierno deberá explicar si existirán límites para el incremento de las cuotas, seguros ante la pérdida del empleo o mecanismos de protección frente a una crisis económica.
Una medida todavía pendiente de reglamentación
Aunque el esquema fue anticipado como uno de los ejes de las medidas económicas, su verdadero alcance dependerá de la normativa que publique el Gobierno.
Hasta que no se conozcan las resoluciones correspondientes, no puede determinarse cuánto dinero del FGS quedará comprometido, cuál será la rentabilidad obtenida por la ANSES ni qué condiciones deberán cumplir los futuros solicitantes.
El proyecto podría aportar financiamiento de largo plazo y estimular la construcción, la actividad inmobiliaria y algunos sectores industriales. Pero no reemplaza una política integral de vivienda ni resuelve el endeudamiento que afecta actualmente a millones de familias.
La discusión central será si los fondos previsionales se utilizarán mediante un procedimiento transparente, con garantías suficientes y una rentabilidad adecuada, o si terminarán convirtiéndose en una fuente de financiamiento beneficiosa para los bancos sin una mejora significativa en el acceso a la vivienda.
REDACCIÓN
