REDACCIÓN
Un diputado pidió la intervención del Colegio de Escribanos por el accionar de la escribana de Adorni. El planteo apunta a posibles omisiones en controles clave. En paralelo, la entidad confirmó que sigue el caso y defendió sus mecanismos de control.
Ciudad de Buenos Aires, 13 de abril de 2026
El caso que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo institucional: el diputado nacional Esteban Paulón solicitó al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe el desempeño de la escribana Adriana Nevechenko por su intervención en operaciones inmobiliarias del funcionario.
La presentación, fechada el 10 de abril, fue dirigida a la presidenta del organismo, Magdalena Tato, y pone el foco en lo que el legislador definió como “contradicciones públicas” en las declaraciones de la profesional, además de posibles incumplimientos de las obligaciones que rigen para este tipo de intervenciones.
El planteo: controles reforzados para funcionarios
En el escrito, Paulón sostiene que la escribana no habría dimensionado adecuadamente la condición de su cliente. Recuerda que, al tratarse de un funcionario de primera línea, corresponde aplicar estándares más estrictos en la verificación de operaciones.
“Cada una de las cuestiones como el precio y la forma de pago, en el caso de un funcionario público, requieren una justificación reforzada”, advierte el documento. Y agrega que ese control es clave para evitar que el profesional “se convierta en un eslabón de un negocio de corrupción más amplio”.
El planteo remite directamente a las obligaciones de los escribanos como sujetos alcanzados por la normativa antilavado, que los obliga a verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas.
Una operación que genera dudas
Uno de los puntos más sensibles es la modalidad de pago de una operación inmobiliaria atribuida a Adorni.
Según lo consignado en la presentación:
- el valor total rondó los 230 mil dólares
- una parte menor habría sido abonada en efectivo
- el resto se habría instrumentado mediante mecanismos no tradicionales
Para el diputado, ese esquema exigía una trazabilidad más rigurosa y una verificación exhaustiva del origen de los fondos, algo que —según su interpretación— no quedó debidamente acreditado.
Declaraciones bajo cuestionamiento
El pedido también se apoya en entrevistas públicas de la escribana, en particular una intervención televisiva en la que relativizó la existencia de irregularidades.
Paulón subraya una contradicción: la profesional sostuvo que no detectó anomalías, pero al mismo tiempo reconoció que el funcionario no había realizado operaciones en años y que luego concentró varias en un corto período.
Para el legislador, ese cambio debió haber activado alertas.
El rol del Colegio de Escribanos
Desde el Colegio de Escribanos evitaron pronunciarse sobre el fondo del caso, aunque confirmaron que siguen el expediente y que trabajan en coordinación con la Justicia.
El organismo tiene facultades para evaluar la conducta profesional de sus matriculados y, en caso de detectar irregularidades, avanzar con sanciones que van desde apercibimientos hasta la suspensión o inhabilitación.
Un caso que escala
El planteo de Paulón agrega presión sobre Adorni en un contexto en el que la oposición ya impulsa su interpelación en el Congreso.
Pero además desplaza el foco: ya no se trata solo de las operaciones del funcionario, sino también del rol de quienes intervinieron en ellas.
En ese marco, la actuación de la escribana queda bajo revisión.
Y con ella, un punto sensible del sistema: los controles que deberían garantizar la transparencia en operaciones que involucran a funcionarios públicos.
