Melina Schweizer
La Nación reclama $5.511 millones por dos locomotoras cedidas en 1999 y devueltas en 2017. Kicillof llevó el caso a la Corte Suprema y denuncia una multa «arbitraria» calculada con el dólar de 2026.
La disputa comenzó hace casi tres décadas por dos locomotoras ferroviarias. Hoy amenaza con convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei. En juego no está solamente una deuda reclamada por el Estado nacional, sino una condena que la Provincia de Buenos Aires considera «escandalosa», «arbitraria» y capaz de generar un fuerte impacto sobre sus cuentas públicas.
La controversia tiene origen en un convenio firmado en agosto de 1999. En ese momento, el Estado nacional cedió a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media para ser utilizadas dentro del sistema ferroviario bonaerense. El acuerdo establecía un canon mensual de alquiler y fijaba una multa de 1.000 dólares diarios en caso de incumplimiento.
Según la demanda impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y los organismos ferroviarios nacionales, la Provincia incumplió el contrato al no pagar los cánones correspondientes y no devolver las unidades una vez vencido el plazo pactado. A partir de allí comenzó a correr la cláusula penal que, con el paso de los años, se transformó en el núcleo de una batalla judicial que todavía no encuentra resolución definitiva.
La cuestión adquirió una nueva dimensión durante los últimos meses, cuando una liquidación judicial fijó el monto reclamado en 3.895.000 dólares. Convertido al tipo de cambio utilizado por la Justicia en febrero de 2026, la cifra asciende a 5.511 millones de pesos.
El gobierno bonaerense sostiene que ese cálculo ignora hechos decisivos ocurridos durante el proceso. El principal argumento es que las locomotoras sí fueron restituidas al Estado nacional en diciembre de 2017, en el marco del cierre de Ferrobaires y la reversión de la concesión ferroviaria.
Para los abogados de la Provincia, allí aparece una contradicción central. Señalan que la propia Cámara reconoció formalmente que las unidades fueron devueltas el 27 de diciembre de 2017 y que esa fecha debía marcar el final del período de devengamiento de la multa. Sin embargo, al momento de convertir la deuda en pesos, los jueces utilizaron un criterio construido sobre la hipótesis contraria: que las locomotoras jamás habían sido restituidas.
Esa supuesta inconsistencia es el corazón de la acción presentada ante la Corte Suprema.
La Provincia sostiene que el tribunal aceptó un hecho nuevo —la devolución efectiva de las unidades— pero al mismo tiempo mantuvo intactas las consecuencias económicas calculadas bajo un escenario completamente diferente. En otras palabras, reconoció la restitución para frenar la acumulación de la multa, pero utilizó un mecanismo de actualización monetaria que parte del supuesto de que el incumplimiento continuó hasta 2026.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», plantearon los representantes del Estado bonaerense en la presentación judicial.
La discusión no es solamente técnica.
También involucra una vieja disputa jurídica vinculada a la salida de la convertibilidad y la pesificación de contratos pactados originalmente en dólares.
Los abogados de Kicillof sostienen que la sentencia desconoció la Ley 25.561 de Emergencia Pública, que estableció la pesificación de numerosas obligaciones contractuales luego de la crisis de 2001.
Según esa interpretación, la cláusula penal pactada en dólares en 1999 no podía mantenerse inalterada durante más de veinte años y luego ser actualizada utilizando el valor del dólar vigente al momento de la liquidación.
La Provincia argumenta que el fallo termina produciendo exactamente aquello que las leyes de emergencia buscaron evitar: una actualización múltiple de obligaciones originalmente expresadas en moneda extranjera.
Por eso reclama que la Corte deje sin efecto la liquidación o, subsidiariamente, reduzca la multa por considerarla manifiestamente excesiva.
La magnitud de los números aparece como uno de los principales ejes del planteo.
Mientras la deuda principal y los intereses reconocidos rondan los 3,3 millones de pesos según los cálculos expuestos por la defensa provincial, la cláusula penal supera los 5.500 millones. La diferencia es utilizada como prueba de lo que consideran una pérdida absoluta de razonabilidad entre el incumplimiento original y la sanción económica actualmente exigida.
La presentación judicial va todavía más lejos.
Los abogados sostienen que el Estado nacional recuperó efectivamente las locomotoras en 2017, las recibió en el marco de la reversión ferroviaria y posteriormente las reasignó al sistema ferroviario estatal. Por lo tanto, afirman que nunca existió un perjuicio patrimonial equivalente a la suma que ahora se pretende cobrar.
En esa línea, remarcan que las unidades continuaron siendo utilizadas para el servicio público ferroviario y que la Nación jamás perdió definitivamente los bienes objeto del litigio.
El expediente también incorpora un informe de la Subsecretaría de Hacienda bonaerense que advierte sobre el impacto fiscal de una eventual ejecución.
Según ese documento, el presupuesto provincial para afrontar obligaciones derivadas de consolidación de deuda durante 2026 ronda los 6.825 millones de pesos. La condena reclamada absorbería una porción sustancial de esos recursos y multiplicaría varias veces los niveles históricos de ejecución de esa partida.
La Provincia sostiene que afrontar de manera inmediata un pago superior a los 5.500 millones obligaría a reasignar recursos destinados a programas sociales y servicios esenciales.
Entre los ejemplos mencionados aparecen financiamiento para tarifa social eléctrica, programas alimentarios, medicamentos para personas trasplantadas, boleto estudiantil e inversiones educativas.
Ese argumento es utilizado para justificar el pedido de una medida cautelar destinada a suspender cualquier ejecución mientras la Corte analiza el caso.
Mientras tanto, el conflicto ya ingresó en una nueva etapa política.
El gobierno de Javier Milei intimó formalmente a la Provincia a cancelar la deuda bajo apercibimiento de ejecución. La decisión agrega tensión a una relación marcada por enfrentamientos permanentes entre la Casa Rosada y la administración bonaerense.
Para el Ejecutivo nacional, el reclamo responde al cumplimiento de una sentencia firme derivada de un contrato incumplido. Para la gestión de Kicillof, en cambio, se trata de una interpretación judicial que ignora la devolución efectiva de los bienes, desconoce la pesificación de las obligaciones y termina generando una condena desproporcionada.
Detrás de la discusión jurídica aparece una pregunta política inevitable: cómo una deuda originada en el alquiler de dos locomotoras firmado durante el gobierno de Carlos Menem terminó convirtiéndose, veintisiete años después, en una disputa multimillonaria entre Axel Kicillof y Javier Milei.
La respuesta ahora quedó en manos de la Corte Suprema. Allí se definirá si la Provincia debe afrontar una condena superior a los 5.500 millones de pesos o si, como sostiene su presentación, la liquidación constituye una aplicación arbitraria de una cláusula penal que perdió toda relación con el hecho que originalmente buscaba sancionar.
