REDACCIÓN
La investigación ya vincula al menos 90 muertes y 44 lesiones con fentanilo contaminado distribuido en 52 centros de salud de cinco provincias. Ahora la Justicia analiza el rol de la ANMAT, el INAME y del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
La causa judicial por el fentanilo contaminado ingresó en una nueva etapa y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas. Tras ampliar el procesamiento de los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por otras 70 muertes y 44 lesiones, el juez federal Ernesto Kreplak comenzó a poner la lupa sobre quienes debían controlar la elaboración, distribución y circulación de los medicamentos que terminaron provocando una tragedia que ya acumula al menos 90 fallecidos en distintos puntos del país.
Hasta ahora la investigación había estado concentrada en el entramado empresarial encabezado por Ariel García Furfaro y su grupo de laboratorios. Sin embargo, la magnitud del caso abrió una pregunta inevitable: cómo un producto contaminado pudo ingresar al sistema sanitario argentino, distribuirse en múltiples jurisdicciones y ser administrado a miles de pacientes sin que los organismos estatales detectaran a tiempo el riesgo.
Por esa razón, los investigadores comenzaron a analizar el desempeño de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el propio Ministerio de Salud de la Nación, del que dependen políticamente los organismos de control. El avance de esa línea investigativa podría alcanzar directamente al ministro Mario Lugones, cuya gestión ya se encuentra bajo cuestionamiento por los recortes presupuestarios en áreas sensibles del sistema sanitario.
La reconstrucción realizada por la Justicia muestra una secuencia inquietante.
El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata informó a la ANMAT la detección de bacterias en ampollas de fentanilo utilizadas en pacientes internados. Según consta en el expediente, la jefa de Farmacia del hospital comunicó que un brote de infecciones había llevado a identificar una coincidencia entre todos los casos: los pacientes habían recibido fentanilo producido por HLB Pharma. Los análisis realizados sobre las ampollas detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, dos bacterias potencialmente letales en pacientes críticos.
Sin embargo, la denuncia formal recién fue presentada el 12 de mayo y la orden para retirar el lote contaminado del mercado se emitió el 15 de mayo. Ese intervalo temporal es uno de los puntos que ahora analiza la Justicia para determinar si existieron demoras injustificadas en la respuesta estatal frente a una amenaza sanitaria de enorme magnitud.
Para Kreplak, existen elementos suficientes para sostener que la contaminación del lote 31202 no fue producto de un accidente aislado sino consecuencia de un sistema de producción atravesado por incumplimientos sistemáticos de las Buenas Prácticas de Fabricación. El juez sostuvo que el incremento del riesgo de contaminación estuvo directamente vinculado a las condiciones en las que se elaboró el medicamento dentro de Laboratorios Ramallo.
Las inspecciones realizadas antes de la tragedia ya habían detectado problemas severos.
Veinte días antes de iniciarse la producción del lote contaminado, inspectoras del INAME realizaron una visita no programada al laboratorio y concluyeron que la planta no cumplía con estándares mínimos para garantizar la esterilidad de medicamentos inyectables. Pese a esas observaciones, la producción continuó y las ampollas fueron distribuidas por todo el país.
La documentación incorporada al expediente describe un escenario alarmante. Según el magistrado, los registros productivos eran confeccionados de manera retroactiva, se utilizaban datos inexistentes o inventados y se manipulaba documentación para simular controles que nunca se habían realizado. Las irregularidades alcanzaban áreas de producción, control de calidad y garantía de calidad.
A partir de la reconstrucción de la trazabilidad del medicamento, la Justicia determinó que el lote contaminado circuló en 52 establecimientos sanitarios distribuidos en cinco jurisdicciones del país. El universo potencial de afectados alcanzó a 10.539 pacientes que recibieron fentanilo durante el período investigado. Para acotar el análisis, los investigadores seleccionaron a quienes habían recibido cinco ampollas o más, un total de 1.307 personas. Sobre ese grupo se realizaron estudios microbiológicos que permitieron identificar 90 fallecimientos y 44 casos de lesiones compatibles con la contaminación detectada en el laboratorio.
Pero incluso esa cifra podría ser inferior a la real.
El propio juzgado advirtió que existen limitaciones para reconstruir todos los casos y que el número definitivo de víctimas probablemente sea mayor. La dispersión geográfica del medicamento y la complejidad para acceder a historias clínicas completas dificultan la determinación exacta del alcance de la tragedia.
Mientras tanto, los responsables empresariales continúan procesados.
Entre ellos aparecen Ariel García Furfaro, considerado por la Justicia como el verdadero controlador del conglomerado empresarial; su hermano Diego García Furfaro; su madre, Nilda Furfaro; el director general Javier Tchukrán; directores técnicos, responsables de calidad, supervisores de laboratorio y jefes de producción. Todos fueron señalados como piezas fundamentales en una estructura que permitió la elaboración y distribución de medicamentos contaminados que terminaron provocando decenas de muertes.
Sin embargo, la pregunta que ahora domina el expediente es otra.
Si las irregularidades eran tan graves, si existían antecedentes de incumplimientos y si las inspecciones habían detectado fallas antes de la producción del lote mortal, ¿por qué el sistema de control no logró impedir que el medicamento llegara a hospitales, terapias intensivas y áreas de neonatología de todo el país?. Esa respuesta podría conducir la investigación mucho más allá de los laboratorios. Y acercarla peligrosamente a los despachos donde se toman las decisiones políticas sobre la salud pública argentina.
Melina Schweizer
