Melina Schweizer
El alquiler de un monoambiente en CABA ya cuesta $600.000, mientras que el salario mínimo es de apenas $367.800. La brecha obliga a miles de trabajadores a compartir vivienda, mudarse al Conurbano o destinar casi todo su ingreso a tener un techo.
Encontrar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires dejó de ser una cuestión de garantías o requisitos administrativos para convertirse, simplemente, en un problema matemático imposible de resolver. Los números ya no cierran. El salario mínimo vital y móvil apenas alcanza para cubrir poco más del 60% del alquiler de un monoambiente, sin contar expensas, servicios, transporte ni alimentación.
El último relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) confirma que la crisis habitacional continúa profundizándose. Durante junio, la mediana de los alquileres de un monoambiente en la Ciudad alcanzó los $600.000 mensuales, mientras que el salario mínimo quedó fijado en apenas $367.800. En otras palabras, un trabajador que percibe el ingreso mínimo necesita un 63% más de dinero solamente para pagar el alquiler de la vivienda más pequeña disponible en el mercado.
La situación es todavía más crítica cuando se incorporan los gastos que inevitablemente acompañan a cualquier contrato. Las expensas representan, en promedio, un 22,7% adicional sobre el valor del alquiler. Esto significa que un inquilino de un monoambiente termina afrontando un desembolso cercano a los $736.000 mensuales antes incluso de pagar luz, gas, agua, internet o transporte.
Los departamentos de mayor tamaño quedaron prácticamente fuera del alcance de los ingresos medios. Un dos ambientes ya presenta una mediana de $700.000 mensuales, mientras que un tres ambientes alcanza el millón de pesos, cifras que superan ampliamente los ingresos de la mayor parte de los trabajadores registrados del país.
La crisis habitacional no se limita únicamente al aumento de precios. El informe también señala que el 26% de la oferta inmobiliaria continúa publicándose directamente en dólares, una práctica que incrementa la incertidumbre para los inquilinos y expone los contratos a la volatilidad cambiaria.
Paradójicamente, la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler aumentó un 44% respecto del año pasado. Sin embargo, esa mayor disponibilidad no se tradujo en un alivio para quienes buscan vivienda. La oferta creció, pero los valores continúan muy por encima de la evolución de los salarios.
En términos interanuales, los monoambientes aumentaron un 33,3%, mientras que los ingresos de buena parte de los trabajadores permanecen rezagados. El resultado es una brecha cada vez mayor entre el costo de vivir y la capacidad real de pago de la población.
Las consecuencias ya se observan en toda el Área Metropolitana. Crece la cantidad de personas que comparten departamentos por necesidad económica, familias que regresan a vivir con sus padres, jóvenes que postergan su independencia y trabajadores que migran hacia municipios del Conurbano buscando alquileres relativamente más accesibles, aunque deban afrontar mayores costos y tiempos de transporte.
El problema se agrava en un contexto donde también aumentan las tarifas de servicios públicos, el transporte y los alimentos, mientras la informalidad laboral alcanza niveles récord y el salario real continúa perdiendo poder de compra frente al costo de vida.
El acceso a una vivienda dejó de ser solamente un derecho difícil de ejercer. Para millones de trabajadores se transformó en un lujo reservado para quienes cuentan con ingresos muy superiores al promedio o con ayuda familiar. En la Ciudad de Buenos Aires, trabajar ya no garantiza poder alquilar un techo propio. La vivienda, uno de los derechos básicos reconocidos constitucionalmente, se convirtió en uno de los bienes más inaccesibles para quienes viven exclusivamente de su salario.
