Jorge R. Schweizer
La Argentina coordinó el operativo «Aliados por la Infancia VI», que incluyó 270 allanamientos en 17 provincias y 15 naciones. Entre los investigados, una funcionaria pública de Santa Cruz fue apartada de su cargo. También se allanó una celda en un penal de La Plata.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires coordinó el operativo internacional «Aliados por la Infancia VI», orientado a la desarticulación de redes dedicadas a la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil en entornos digitales.
El despliegue alcanzó a 17 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a 15 países del continente americano y Europa. En total, se ejecutaron 270 allanamientos: 68 en territorio argentino y 202 en el extranjero. Fruto de los procedimientos, resultaron detenidas 84 personas —26 en la Argentina y 58 en otros países—, acusadas por diversos delitos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
La distribución geográfica de los operativos en el exterior fue la siguiente: Brasil (159 allanamientos, 44 detenidos), Panamá (7 allanamientos), República Dominicana (7), Guatemala (5), Uruguay (5), Paraguay (5), Costa Rica (4), España (4), Perú (3), Puerto Rico (1), Honduras (1) y Francia (1).
Presencia del Estado en múltiples jurisdicciones
En la Argentina, los allanamientos se desplegaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.
De acuerdo con los datos oficiales provisorios, la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó 15 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, 11 en Santa Cruz, 8 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, Jujuy y Misiones, 3 en Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut, 2 en Catamarca y Salta, y 1 en Chaco, Formosa, Neuquén, Tucumán, San Luis y Santiago del Estero. Esa información fue remitida a las fiscalías locales, que avanzaron en la verificación de domicilios y la profundización de las pesquisas.
Una funcionaria pública en la mira
Entre los procedimientos realizados en Santa Cruz, uno de los allanamientos alcanzó a una funcionaria que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario «Nuestra Señora del Carmen» en Río Gallegos. Ante los resultados del operativo, el gobierno provincial resolvió su apartamiento inmediato del cargo, en una decisión que priorizó el resguardo institucional.
En esa provincia, se realizaron 13 procedimientos, con tres hombres detenidos y cuatro menores de edad demorados en el marco de causas vinculadas a grooming, según informó el titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad provincial, Daniel Barrientos.
La dimensión del cibercrimen y las herramientas técnicas
El operativo contó con el respaldo de plataformas tecnológicas especializadas. Gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el Department of Homeland Security, se incorporaron los sistemas ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y CPS (Child Protection System), desarrollado por la ONG Child Rescue Coalition. Ambas herramientas permiten la detección en tiempo real de usuarios de redes P2P que distribuyen material de abuso sexual infantil..
La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales el uso de estas herramientas y el análisis de los reportes remitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). En algunos de los archivos identificados, las víctimas eran menores de 13 años, extremo que agrava la tipificación penal de los hechos.
En la provincia de Misiones, por caso, cuatro allanamientos simultáneos en Posadas, Eldorado, Bernardo de Irigoyen y Leandro N. Alem permitieron la detención de tres hombres y el secuestro de dispositivos electrónicos, discos sólidos de almacenamiento y, en un procedimiento, sustancias estupefacientes que motivaron la intervención de la Justicia Federal. Dos de los casos surgieron a partir de detecciones mediante los sistemas mencionados; los otros dos, por reportes canalizados a través del NCMEC.
El alcance del operativo en el sistema penitenciario
Uno de los procedimientos tuvo lugar en la Unidad Penal Número 1 de Lisandro Olmos, en La Plata, donde se allanó la celda de un interno condenado por abuso sexual infantil que, según la investigación, continuaba distribuyendo material de abuso desde el penal. En el operativo, los agentes secuestraron ocho teléfonos celulares pertenecientes a reclusos alojados en el mismo sector, lo que derivó en la ampliación de la pesquisa.
Declaraciones oficiales y perspectivas procesales
El fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, valoró los resultados: «Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos, donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales».
La fiscal Daniela Dupuy detalló los pasos procesales siguientes: «Lo que sigue ahora es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ. Y allí se determinará si realmente vamos a juicio o si rápidamente llevamos a cabo alguna vía alternativa, como son los juicios abreviados. Estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados».
A su turno, la secretaria general a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bárbara Moramarco, subrayó: «La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional».
El operativo «Aliados por la Infancia VI» representa un hito en la cooperación judicial internacional y en el uso de herramientas tecnológicas para la persecución de delitos de explotación sexual infantil. Con despliegue en 17 provincias argentinas, 15 países, 270 allanamientos y 84 detenidos, la Argentina actuó como coordinadora general de una de las investigaciones más amplias de su tipo en la región.
El caso de la funcionaria pública apartada en Santa Cruz, el allanamiento en una celda del penal de Lisandro Olmos y los procedimientos simultáneos en Misiones evidencian que la red operaba en múltiples niveles de la sociedad. La investigación continúa con el análisis de los dispositivos secuestrados, cuyos resultados definirán la profundidad del daño que esta trama provocó y la magnitud de las responsabilidades penales involucradas.
GONZALO SCHWEIZER
