REDACCIÓN
Mientras el ministro de Energía y Minas dice que los estudios son “insignificantes” y el presidente Abinader se entera por la prensa, campesinos, sacerdotes y ambientalistas toman las calles de Santiago. La consigna es clara: que la Cordillera Septentrional sea declarada patrimonio natural, libre de exploración y explotación. Pero la pregunta que queda flotando es simple: ¿explorar no es el primer paso para explotar?.
SANTO DOMINGO, 27 de febrero de 2026 – Mientras en Argentina discutimos si los glaciares son «funcionalmente hídricos» o no, en República Dominicana la gente ya está en la calle. El miércoles 25 de febrero, organizaciones religiosas, campesinas, ecológicas y sociales marcharon por Santiago en rechazo a la concesión otorgada para la exploración minera en la cordillera Septentrional .
El sacerdote católico Ramón «Nino» Ramos, vocero del colectivo, fue claro: «Buscamos que el Congreso Nacional declare la cordillera Septentrional como patrimonio natural, libre de exploración minera y de extracción de materiales». Y advirtió: «No pararemos hasta que las autoridades emitan una certificación por escrito que deje sin efecto la concesión» .
EL CONTRATO QUE ENCENDIÓ LA CHISPA
La empresa involucrada se llama Vertrixi Holding, S.R.L. El 9 de julio de 2024, el Ministerio de Energía y Minas le otorgó una concesión de exploración por tres años en la zona de «Cobre El Hoyazo II» . La resolución, firmada por el entonces ministro Antonio Almonte, autoriza estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos, muestreos y perforaciones exploratorias. Prohíbe explícitamente la extracción de minerales con fines comerciales .
Pero los campesinos y comunitarios no se tragan el cuento. Saben, por historia y por instinto, que donde hay exploración, tarde o temprano llega la explotación. Y en una región con 229 fuentes de agua y 142 mil tareas de vocación agrícola, el riesgo es demasiado alto .
LA DANZA DE LAS DECLARACIONES OFICIALES
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, salió a apagar el incendio el 26 de enero: «No existe por parte del gobierno intención de iniciar ningún proceso de explotación en la Cordillera Septentrional» . Aclaró que la concesión fue otorgada en julio de 2024, bajo la gestión anterior, y que los procesos de explotación requieren un contrato aprobado por el presidente .
Pero el dato que hizo ruido fue otro: Santos informó que los estudios realizados hasta ahora «han arrojado hallazgos insignificantes» y «no tienen importancia económica» . Traducción: lo que hay abajo, por ahora, no justifica una mina. Pero «por ahora» no es lo mismo que «nunca».
El presidente Luis Abinader, consultado sobre el tema, soltó una frase que debería preocupar a cualquiera: «Mandé al ministro a que haga una rueda de prensa y explique que ahí no va a haber tal explotación. Como no hay firmado nada tampoco en términos de explotación» . Y agregó que se enteró de la controversia a través de la prensa .
El presidente se entera por los diarios. El ministro dice que los estudios son insignificantes. La concesión la firmó el ministro anterior. Mientras tanto, la gente en la calle.
LA CONTRADICCIÓN QUE GRITA
El padre Ramos puso el dedo en la llaga. Acusó al Ministerio de Medio Ambiente de «faltar a la verdad» al negar que haya recibido solicitudes vinculadas a la exploración minera . Y mostró los papeles: el 6 de septiembre de 2023, el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Minería validó los puntos de exploración. Dos días después, el 8 de septiembre, Medio Ambiente certificó que los terrenos no estaban dentro de áreas protegidas, allanando el camino para que Energía y Minas continuara el trámite .
La pregunta es obvia: ¿cómo puede el Ministerio de Medio Ambiente decir que no tiene nada que ver, si su propia firma está en el expediente?.
LOS NÚMEROS DE LA DISCORDIA
Las organizaciones convocantes, agrupadas bajo el lema «Unidos Somos Más», estiman que la explotación minera afectaría directamente a 80 comunidades de Santiago y Puerto Plata, poniendo en riesgo 229 fuentes de agua y 142 mil tareas de vocación agrícola . Números concretos, vidas concretas, familias que dependen del agua y la tierra para sobrevivir.
El ministro Santos insiste en que los estudios «no tienen importancia económica» . Pero si no tienen importancia, ¿por qué no anular la concesión de una buena vez?, ¿Por qué mantener la puerta abierta?.
LA POLÍTICA TAMBIÉN SE METE
La diputada Llaniris Espinal, del partido Fuerza del Pueblo, participó en la protesta y fue clara: «Es momento de que los legisladores asuman una postura firme en favor del medio ambiente, abrazando y apoyando la causa de decir no a la explotación de las cordilleras de nuestra nación» . Propuso que tanto la Septentrional como la Central sean declaradas áreas protegidas, conforme a lineamientos de la UNESCO .
El diputado José David Báez, también de Fuerza del Pueblo, fue más lejos: denunció que la empresa extranjera estaría realizando exploraciones sin permisos legales, amparada en un contrato de concesión que, según él, fue otorgado de manera irregular por el Ministerio de Energía y Minas . Aseguró que la compañía se presentó ante los campesinos alegando que haría estudios ambientales y biológicos, cuando en realidad se trata de exploraciones mineras .
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La cordillera Septentrional no es cualquier montaña. Es una de las principales fuentes de agua de la región del Cibao, la zona más productiva del país. Agricultura, consumo humano, ecosistemas enteros dependen de lo que baja de esas laderas.
El gobierno insiste en que «exploración no es explotación». Pero los campesinos saben que las mineras no invierten millones en perforaciones y estudios geológicos por amor a la ciencia. Saben que si encuentran algo «con importancia económica», la presión para explotar será inmensa. Y saben que una vez que la mina empieza a funcionar, el agua y la tierra no vuelven a ser las mismas.
El miércoles 28 hay otra marcha convocada . La gente no se rinde. El padre Ramos lo dice sin vueltas: «Vamos a mantener las movilizaciones hasta que tengamos un documento por escrito que diga claramente que no se va a explotar la cordillera» .
LA PREGUNTA QUE QUEDA FLOTANDO
¿Por qué el gobierno no anula la concesión si los estudios son «insignificantes»?, ¿Por qué mantener abierta la posibilidad de explorar si después dicen que no van a explotar?, ¿Quién le cree a un ministro que dice que los hallazgos no valen nada, pero la concesión sigue vigente?.
Mientras tanto, en Santiago, la gente sigue marchando. Bajo la lluvia, con escolta policial, con pancartas y consignas. Defendiendo el agua, la tierra, la vida. Como siempre, los de abajo peleando contra los de arriba. Y el gobierno, como siempre, jugando al equilibrista entre el negocio y la gente.
En República Dominicana, la Cordillera Septentrional está en la mira. El gobierno dice que no va a explotar, pero la concesión sigue vigente. Los campesinos dicen que no le creen y marchan. El agua, como siempre, en el medio. Hasta que no haya un papel firmado que anule todo, la lucha sigue.
David Fonseca
Jorge R. Schweizer
