Mientras el Gobierno vende la fantasía de una Argentina potencia nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica repartió más de cien telegramas de despido y escondió a su presidente detrás de un cordón de Gendarmería. Parece que el verdadero material sensible ya no es el uranio: son los trabajadores organizados.
El gobierno libertario finalmente logró la tan anunciada reacción en cadena. No ocurrió dentro de un reactor nuclear sino dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde más de cien trabajadores recibieron telegramas de despido mientras el presidente del organismo, Martín Porro, descubría que la física cuántica explica muchas cosas, pero no cómo mirar a los despedidos a la cara. Para resolver semejante dilema científico apeló al método libertario: esconderse detrás de un escuadrón de Gendarmería y esperar que el conflicto se evapore por acción del mercado.
La escena tiene esa belleza grotesca que sólo puede ofrecer la política argentina. Afuera había investigadores, ingenieros, técnicos y administrativos reclamando por sus puestos de trabajo. Adentro había un funcionario custodiado como si el peligro fuera un grupo comando de físicos nucleares dispuesto a tomar el reactor con calculadoras, ecuaciones diferenciales y termos de mate. Hollywood nunca imaginó un thriller tan berreta.
Hace apenas unas semanas las autoridades prometían renovar contratos y hablaban del enorme futuro de la energía nuclear argentina. Duraron menos que un influencer libertario defendiendo el Estado cuando le toca cobrar un sueldo público. Los telegramas llegaron con una velocidad que el programa nuclear hace años envidia para aprobar presupuestos.
Desde ATE sostienen que ya se fueron unos quinientos trabajadores desde que asumió Milei. No porque descubrieran una pasión irrefrenable por emigrar, sino porque cobrar un salario científico en la Argentina empieza a parecerse a practicar voluntariado con recibo de sueldo. El objetivo, dicen los gremios, es transformar la CNEA en una fábrica de profesionales listos para exportación. Formarlos con recursos públicos y regalárselos al primer país que les pague un sueldo digno. Libre mercado, pero de cerebros.
Mientras tanto, el Gobierno sigue recorriendo el mundo vendiendo el potencial nuclear argentino como quien ofrece un Ferrari por internet mientras en el garaje le está sacando el motor para venderlo por partes. La estrategia parece brillante: primero se despide a quienes saben hacer funcionar los reactores y después se anuncia que el país será líder mundial en tecnología atómica. Es como cerrar la panadería y presentar un plan para convertirse en potencia exportadora de facturas.
Los trabajadores cuentan, además, que los controles de seguridad llegaron al extremo de revisar hasta los tuppers con comida. El Estado no consigue controlar la fuga de divisas, pero encontró tiempo para declarar sospechosa una milanesa con puré. Al ritmo que van, cualquier día exigirán certificado de antecedentes penales para ingresar un sánguche de jamón y queso.
Lo más fascinante del experimento libertario es que siempre encuentra un enemigo nuevo. Antes eran los jubilados. Después los docentes. Más tarde los médicos. Ahora resulta que la amenaza para el equilibrio fiscal son los científicos nucleares. Einstein jamás imaginó que la teoría de la relatividad terminaría explicando cómo un físico puede convertirse en un gasto innecesario mientras un ejército de consultores, asesores y gurúes de PowerPoint sigue orbitando alrededor del Estado sin riesgo de extinción.
Y mientras los laboratorios se vacían, los funcionarios siguen hablando de innovación, soberanía tecnológica y desarrollo estratégico con la misma convicción con la que un pirómano inaugura un cuartel de bomberos.
Al final, el proyecto nuclear sí cambió de objetivo.
Ya no buscan enriquecer uranio.
Ahora parecen empeñados en enriquecer las estadísticas de fuga de cerebros, porque científicos sobran… siempre y cuando trabajen para otro país.



























