El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el corazón financiero de la reforma laboral que la CGT no supo frenar. El decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, crea un sistema de capitalización individual para que los empleadores aporten mensualmente a un fondo que luego se usará para pagar indemnizaciones. Suena lindo. Es una trampa. No es un seguro. No es un ahorro. Es una licuadora de derechos.
La mecánica es perversa. El empleador elige un fondo común de inversión o un fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Abre una cuenta individual. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le descuenta el aporte de la declaración jurada de la seguridad social. El trabajador, si es despedido, cobra la indemnización de ese fondo. Pero el empleador se sigue llevando el crédito. Y la ganancia.
La letra chica que nadie lee
El decreto establece que los aportes al FAL serán deducibles del Impuesto a las Ganancias y otorgarán una reducción equivalente en las contribuciones patronales a la seguridad social . Traducción: el Estado le regala un descuento de impuestos al empleador por cada peso que aporta al fondo. El costo fiscal lo paga el Estado. El beneficio, la empresa. El trabajador, mientras tanto, sigue siendo el mismo de siempre.
La norma también permite que estos fondos se inviertan en «instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina» . Bonos del Estado, obligaciones negociables, acciones. Los mismos títulos que el gobierno de Milei necesita colocar en el mercado para financiar el déficit. El círculo es perfecto: el trabajador aporta a un fondo que compra deuda pública que el Estado usa para pagar los sobreprecios de Nucleoeléctrica, los viajes de Adorni y los asesores de Caputo.
La comisión total por administración de estos fondos no podrá superar el 1% anual de los activos . Un punto. Eso significa que la banca, los fondos de inversión y las administradoras se llevarán una tajada de la indemnización de los trabajadores todos los meses, todos los años, sin mover un dedo.
El problema de los plazos
El FAL recién empezará a regir el 1 de noviembre de 2026 . Hasta entonces, el gobierno tiene tiempo para reglamentar la letra chica que falta. Los trabajadores no estarán cubiertos hasta que hayan cumplido al menos doce meses de antigüedad en el empleo . Los despedidos antes de ese plazo no recibirán un peso del fondo. La indemnización, si la empresa quebró o si el empleador no tiene plata, pasará a ser un papel mojado.
El decreto establece que, en caso de disolución de la empresa, los recursos acumulados en el FAL serán transferidos al empleador «solo si no existen contingencias laborales pendientes» . Si la quiebra es fraudulenta, si el dueño se fugó con la plata, si los abogados tardan años en litigar, el trabajador se queda con las manos vacías.
El negociado de los fondos y la CNV
La Comisión Nacional de Valores será la encargada de supervisar todo el circo . La misma CNV que investigó a Lázaro Báez, que controló a los fondos buitre, que mira para otro lado cuando los dueños del poder mueven la ficha. La misma CNV que nunca auditó en serio las transferencias al exterior de capitales argentinos. La misma CNV que, después de cada escándalo, promete investigar y nunca investiga.
El FAL no es una herramienta para proteger al trabajador. Es una herramienta para licuar los costos laborales del empleador, para transferir la plata de los trabajadores al sistema financiero, y para que el Estado se desentienda de su responsabilidad de garantizar el pago de las indemnizaciones.
El sindicalismo, cómplice una vez más
La CGT, que durante meses negoció en privado con el gobierno mientras organizaba marchas de cartón, tuvo tiempo de sobra para frenar esta reforma. No lo hizo. UPCN, que firmó paritarias por debajo de la inflación, también fue parte. ATE, que rechazó las propuestas oficiales pero nunca logró torcer la voluntad del Ejecutivo, también fue parte. Los dirigentes sindicales, que se llenan la boca con el 1° de mayo, volvieron a demostrar que sus privilegios están primero.
El Fondo de Asistencia Laboral no es una conquista. Es una concesión. No es un derecho. Es una mercancía. No es un seguro. Es un negocio. El gobierno de Milei le regala a los empleadores un descuento en impuestos, a los bancos una comisión del 1%, a los fondos de inversión un nuevo mercado cautivo. Al trabajador, le regala una indemnización que nunca va a cobrar si la empresa quiebra, si el fondo quiebra, si la CNV no controla, si el empleador no aporta.
La reforma laboral fue una estocada al bolsillo de los trabajadores. El FAL es el veneno que corroe el hueso. Los sindicatos miraron para otro lado. El Congreso aprobó sin leer la letra chica. El gobierno reglamentó con el BO en la mano. Los trabajadores, como siempre, esperan. Esperan que les paguen la indemnización. Esperan que el fondo no se derrumbe. Esperan que la CNV los proteja.
La esperanza, señores, no es una estrategia. El FAL no es una protección. Es una pantalla. Y mientras los dirigentes sindicales negocian sus privilegios, los trabajadores se quedan con el fondo vacío y la indemnización en el aire.


























