Jorge R. Schweizer
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recibió este domingo a Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado tras una semana de búsqueda. A la reunión asistieron también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Justicia, Julián María López.
Los abuelos, que horas antes habían exigido justicia en los tribunales cordobeses, declararon a la salida del encuentro que Llaryora les pidió disculpas por no haber estado físicamente presente en los momentos de mayor desesperación. El gobernador prometió profundizar la investigación y poner a disposición “la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos” de la provincia para el esclarecimiento del femicidio.
La reunión, sin embargo, dejó sin respuesta la pregunta central que la oposición y la ciudadanía vienen formulando desde que se conoció la identidad del acusado. ¿Cómo continuó Claudio Barrelier trabajando en la Municipalidad de Córdoba después de las denuncias y causas judiciales que se acumularon en los años posteriores a su ingreso? ¿Quién lo recomendó? ¿Por qué siguió en el área de Tránsito, con acceso a bases de datos sensibles, después de haber sido detenido por privación ilegítima de la libertad en 2025?
El ingreso a la Municipalidad: una recomendación política
Barrelier ingresó a la Municipalidad de Córdoba el 9 de diciembre de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora, actual gobernador. Lo hizo con el padrinazgo del concejal Ricardo Moreno, abogado penalista, jefe de las 62 Organizaciones Peronistas en Córdoba y referente histórico del peronismo local.
Moreno reconoció públicamente haber impulsado el ingreso de Barrelier. En un audio filtrado a la prensa, el concejal afirmó: “Metí 500 en la Muni, uno se echó un moco”. La frase, que buscaba relativizar su responsabilidad, encendió aún más la indignación de los sectores opositores y de la ciudadanía.
El expediente de Barrelier: un acusado con causas previas
Barrelier no era un desconocido para la justicia. En 2024, fue denunciado por “privación ilegítima de la libertad agravada” y amenazas. Una mujer salió desnuda de su casa pidiendo ayuda. Ese caso, sin embargo, no impidió que Barrelier siguiera trabajando en la Municipalidad, que siguiera siendo barra brava de Instituto y que siguiera recibiendo niños en su domicilio.
En mayo de 2025, Barrelier estuvo detenido por la misma causa, pero recuperó la libertad en junio de 2025 y quedó sujeto a condiciones judiciales hasta mayo de 2026. Durante todo ese período, continuó trabajando en la Escuela Municipal de Tránsito.
El municipio sostiene que nunca recibió una notificación formal de la Justicia sobre la imputación. La causa de 2024, sin embargo, era de público conocimiento. La Municipalidad no hizo averiguaciones. El concejal Moreno tampoco. La combinación de omisiones institucionales permitió que Barrelier continuara dentro de la administración pública hasta poco antes del crimen.
El yerno de Moreno como defensor
El abogado defensor de Barrelier es Jorge Sánchez del Bianco, reconocido penalista cordobés, casado con Carla Moreno, hija del concejal. Sánchez del Bianco es yerno de Ricardo Moreno. También es, según fuentes judiciales, uno de los penalistas más caros de la ciudad.
La defensa técnica del acusado está, así, en manos de un familiar directo de su propio padrino político. El mismo Moreno fue quien defendió a Barrelier en la causa de 2025. La red de vínculos alrededor del acusado suma así un nuevo elemento.
El pase a planta permanente y la responsabilidad de Passerini
Barrelier ingresó como becario en 2021. En 2026, pocos días antes del femicidio, fue incorporado a la planta permanente de la Municipalidad. La resolución fue firmada por el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, durante la intendencia de Daniel Passerini.
La nueva gestión municipal, que sucedió a Llaryora en el cargo, también tuvo responsabilidad en el mantenimiento del acusado dentro de la administración pública. Passerini, que asumió como intendente en diciembre de 2025, no revisó los legajos de los empleados municipales. No se conocen averiguaciones oficiales al respecto.
El ministro Quinteros en la mira
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, también quedó en el centro de las críticas. Durante los primeros días de la búsqueda, según fuentes periodísticas, estuvo pendiente del partido de Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes y de los festejos por el feriado del 25 de mayo, en lugar de coordinar los operativos para encontrar a Agostina.
Quinteros, que era uno de los anotados en la carrera por la sucesión de Passerini en el municipio, vio cómo su imagen política se desplomaba. La oposición pide su renuncia. El peronismo cordobés guarda silencio. El gobernador Llaryora, por ahora, lo respalda.
El fiscal Garzón y la conferencia de prensa del cinismo
El fiscal Raúl Garzón, que estuvo al frente de la investigación, también fue objeto de fuertes críticas. En la conferencia de prensa del sábado, luego de confirmar el hallazgo de los restos, dedicó un extenso párrafo a felicitar a los perros de búsqueda que encontraron el cuerpo. Una exconcejala de izquierda, Laura Vilches, lo increpó: “Puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes”.
Garzón, sin inmutarse, descartó cualquier autocrítica: “No hacemos absolutamente ninguna autocrítica. La urgencia de las medidas depende del tipo de denuncia”. El fiscal también admitió que “puede haber otros partícipes” del crimen, pero evitó dar precisiones.
El procurador de la provincia, Carlos Lezcano, según fuentes judiciales no confirmadas oficialmente, estuvo de viaje en República Dominicana durante los días clave de la investigación. El dato, de verificarse, sumaría un nuevo elemento a la lista de omisiones institucionales.
Las protestas y el malestar social
Las protestas estallaron en barrio Yofre y en distintos puntos de la ciudad. Vecinos cortaron calles, pidieron justicia y reclamaron por la inseguridad. La policía reprimió a los manifestantes. Hubo corridas, empujones, golpes. El clima social, en Córdoba, está al borde del estallido.
La responsabilidad de Llaryora
El gobernador Llaryora no respondió las preguntas de fondo. No explicó por qué Barrelier ingresó a la Municipalidad durante su gestión. No explicó por qué siguió trabajando allí después de la denuncia por secuestro. No explicó por qué nadie controló sus antecedentes.
Llaryora prometió recursos. Prometió colaboración. Prometió justicia. Pero las preguntas, las que todos los cordobeses se hacen, siguen sin respuesta. ¿Por qué el acusado por el crimen de Agostina era empleado municipal? ¿Por qué siguió trabajando allí después de las denuncias? ¿Por qué no se activaron mecanismos de control? ¿Por qué las alertas previas no generaron consecuencias?
La reunión con los abuelos fue un gesto. Un gesto tardío. Un gesto que no borra la responsabilidad política del gobernador.
La causa sigue abierta. La justicia investiga. La oposición pide explicaciones. Los medios indagan. La sociedad reclama. El único silencio ensordecedor es el del peronismo cordobés, que mira para otro lado, esperando que el escándalo pase. No va a pasar o si ?
Melina Schweizer
