Melina Schweizer
Economía precalificó 13 ofertas y el próximo 6 de julio abrirá los sobres para adjudicar cuatro nuevos corredores viales. La concesión abarca rutas estratégicas de cinco provincias y consolida el avance del plan de privatización de la red nacional.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatización de la infraestructura vial y el próximo lunes 6 de julio definirá qué empresas se quedarán con la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.
A través de la Resolución 884, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la precalificación de 13 ofertas presentadas por empresas interesadas en operar los corredores, mientras que rechazó otras cinco propuestas, integradas por doce firmas, por no cumplir con las condiciones establecidas en el pliego licitatorio.
La apertura de sobres económicos se realizará el lunes a las 11 mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR y marcará una nueva etapa del plan oficial para transferir al sector privado la operación, administración y mantenimiento de buena parte de la red vial nacional.
La licitación corresponde a la etapa II-B de la Red Federal de Concesiones e incluye los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, que concentran algunos de los principales circuitos logísticos del país.
Los cuatro tramos abarcan las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, fundamentales para el transporte de cargas, el acceso a puertos y la conexión entre los principales polos industriales y agroexportadores.
El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y une Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; el Puntano suma 720 kilómetros entre San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; el Portuario Sur recorre 637 kilómetros entre Buenos Aires y La Pampa; mientras que el Portuario Norte abarca 528 kilómetros entre Santa Fe y Buenos Aires.
Las futuras concesionarias deberán hacerse cargo de la construcción, explotación, administración, mantenimiento, reparación y ampliación de las rutas, además de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales bajo el sistema de concesión por peaje.
La decisión se produce pocos días después de que el Gobierno entregara al sector privado otros 1.871 kilómetros de rutas nacionales, anteriormente administrados por la empresa estatal Corredores Viales S.A., profundizando así el proceso de retiro del Estado de la gestión de la infraestructura vial.
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá mejorar el mantenimiento de las rutas mediante inversión privada. Sin embargo, el proceso continúa generando cuestionamientos de especialistas, trabajadores y organizaciones de usuarios, que advierten sobre el incremento de los peajes, la reducción del control estatal y la falta de garantías respecto de la ejecución de obras de gran envergadura.
