Rodolfo Gudino
La Agencia de Recaudación prorrogó hasta el 31 de julio la Presentación Única de Balances para empresas con cierre de ejercicio en diciembre de 2025. Quienes incumplan la obligación podrán enfrentar sanciones que van de $5 millones a $10 millones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgó un mes adicional para que empresas, sociedades, fideicomisos y otros contribuyentes completen la Presentación Única de Balances (PUB), una obligación vinculada al Impuesto a las Ganancias cuyo vencimiento original operaba el 30 de junio.
La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5871/2026, publicada en el Boletín Oficial, y fija como nueva fecha límite el 31 de julio, luego de los reclamos formulados por consejos profesionales y entidades de ciencias económicas que advirtieron sobre las dificultades para cumplir con el calendario previsto.
La prórroga alcanza principalmente a las empresas cuyos ejercicios económicos cerraron en diciembre de 2025 y que aún deben completar el circuito de confección, auditoría, certificación y legalización de sus estados contables antes de presentarlos ante el organismo.
Uno de los principales factores que provocó las demoras fue la implementación obligatoria de la Norma Unificada Argentina (NUA) para los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2025. La nueva regulación introdujo modificaciones en los criterios de valuación, clasificación y exposición de los estados contables, obligando a muchas compañías a rehacer parte de sus balances.
A esa situación se sumó la concentración de vencimientos tributarios durante junio, entre ellos las declaraciones juradas anuales del Convenio Multilateral y distintos trámites vinculados a recuperos de IVA para exportadores, generando una fuerte sobrecarga administrativa tanto para empresas como para estudios contables y consejos profesionales.
Desde el sector tributario señalaron que el problema no pasa únicamente por finalizar los balances. También deben emitirse los informes de auditoría, obtenerse las firmas profesionales y cumplirse los procesos de legalización antes de que la documentación pueda ser presentada ante ARCA.
Pese a la prórroga, el organismo mantuvo vigente el régimen sancionatorio para quienes incumplan la obligación. La falta de presentación de la declaración jurada informativa puede derivar en multas de $5 millones, monto que asciende hasta $10 millones cuando se trate de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones u otras personas jurídicas.
Especialistas en materia tributaria cuestionaron la severidad de esas sanciones y advirtieron que una multa uniforme puede resultar desproporcionada para pequeñas y medianas empresas, al no contemplar diferencias de tamaño, facturación o capacidad económica.
Con esta extensión, ARCA busca descomprimir el calendario fiscal y evitar que miles de contribuyentes queden expuestos a sanciones por retrasos administrativos derivados de los cambios contables implementados durante este año.
Melina Schweizer
