GONZALO SCHWEIZER
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto inspirado en el «shutdown» estadounidense para impedir que el Estado siga ejecutando gastos cuando se agoten las partidas presupuestarias. La propuesta abrió un fuerte debate jurídico porque especialistas y legisladores advierten que podría entrar en conflicto con la Constitución y el sistema presupuestario argentino.
El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley destinado a incorporar un mecanismo similar al shutdown que existe en Estados Unidos, con el objetivo de impedir que el Poder Ejecutivo continúe ejecutando gastos cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas.
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y posteriormente desarrollado durante una entrevista televisiva, donde el mandatario explicó que la iniciativa busca establecer un límite absoluto al gasto público.
«Cuando se termina el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado», resumió Milei al describir el funcionamiento del sistema que pretende impulsar.
La propuesta forma parte de un paquete de reformas económicas e institucionales que también incluye modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, una nueva ley para el mercado de capitales y nuevas medidas de desregulación económica.
¿Qué es un shutdown?
En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal o las leyes de financiamiento necesarias para mantener funcionando al gobierno.
En esas circunstancias, numerosos organismos públicos suspenden actividades consideradas no esenciales, miles de empleados son licenciados temporalmente y parte de la administración federal deja de operar hasta que se alcance un acuerdo político.
Sin embargo, incluso durante esos períodos continúan funcionando servicios considerados esenciales, como las Fuerzas Armadas, el control aéreo, la seguridad pública, la atención de emergencias y determinadas prestaciones críticas.
El mecanismo forma parte del diseño institucional estadounidense y deriva de la forma en que ese país aprueba anualmente sus leyes de asignación presupuestaria.
El sistema argentino funciona de otra manera
La situación es distinta en Argentina.
La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto antes del inicio del ejercicio siguiente, continúa vigente el presupuesto del año anterior mediante un mecanismo conocido como reconducción presupuestaria.
Ese esquema busca garantizar la continuidad de las políticas públicas y evitar la paralización del funcionamiento estatal por la falta de una nueva ley de gastos.
Por esa razón, diversos especialistas consideran que trasladar el modelo estadounidense requeriría modificar aspectos centrales del régimen presupuestario argentino e incluso podría entrar en tensión con principios constitucionales.
Dudas sobre su constitucionalidad
Las primeras objeciones surgieron incluso desde sectores cercanos al oficialismo.
Legisladores señalaron que la Constitución Nacional reconoce derechos vinculados a la salud, la educación, la seguridad social, la administración de justicia y otros servicios públicos cuya prestación no podría interrumpirse simplemente por el agotamiento de una partida presupuestaria.
Desde esa perspectiva, un mecanismo que impida automáticamente ejecutar gastos podría generar conflictos con las obligaciones que el Estado mantiene respecto de derechos constitucionalmente protegidos.
También se advierte que el Congreso posee la facultad de aprobar modificaciones presupuestarias, ampliaciones de partidas y nuevas leyes de financiamiento cuando las circunstancias económicas lo requieren.
El objetivo oficial
El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a fortalecer la disciplina fiscal y evitar que futuras administraciones incrementen el gasto sin respaldo financiero.
La propuesta se inscribe dentro de la estrategia oficial de consolidar el equilibrio de las cuentas públicas mediante reglas que limiten estructuralmente el crecimiento del gasto estatal.
Durante la presentación, Milei vinculó el proyecto con la necesidad de impedir que el déficit fiscal vuelva a convertirse en un mecanismo habitual de financiamiento del Estado.
Según la visión del Ejecutivo, el «shutdown» funcionaría como una barrera institucional para garantizar el cumplimiento del equilibrio presupuestario.
Un debate que recién comienza
Más allá de los objetivos económicos planteados por el Gobierno, el proyecto promete abrir una discusión política y jurídica de gran alcance.
Además de las dudas sobre su compatibilidad con la Constitución, deberán analizarse cuestiones prácticas como qué organismos podrían quedar exceptuados, cómo se garantizaría la continuidad de los servicios esenciales y qué margen tendría el Congreso para intervenir cuando se produzca un agotamiento de las partidas.
La iniciativa todavía no ingresó formalmente al Parlamento, pero ya anticipa uno de los debates institucionales más importantes del segundo semestre, al poner sobre la mesa una propuesta que busca modificar de manera profunda la relación entre el presupuesto, el funcionamiento del Estado y las reglas fiscales de la administración pública argentina.
