Rodolfo Gudino
Ámbito Financiero presentó un amparo judicial para que sus periodistas vuelvan a ingresar a la Casa Rosada, luego de que el Ejecutivo diera de baja las acreditaciones de todos los cronistas por una denuncia de espionaje contra un medio.
El Gobierno de Javier Milei decidió que la mejor manera de cuidar la seguridad nacional era echar a todos los periodistas de la Casa Rosada. Sin previo aviso, la Casa Militar dio de baja la huella digital y los permisos de ingreso de la totalidad de la prensa acreditada. El argumento: una denuncia por espionaje contra periodistas de Todo Noticias (TN), que habrían filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes.
El problema es que la medida no fue contra TN. Fue contra todos. Contra los que tienen treinta años de acreditación, contra los que cubren economía, contra los que informan sobre las conferencias de prensa. Una sanción colectiva, generalizada e indiscriminada que dejó la sala de prensa presidencial vacía y a los cronistas afuera de Balcarce 50.
Ámbito dijo basta
El primer medio en plantar bandera fue Ámbito Financiero. Presentó una acción de amparo con pedido de cautelar urgente para que sus periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan volver a trabajar. El argumento judicial es simple: aunque exista una conducta irregular individual —que aún se investiga—, no se puede castigar a todos los medios y periodistas que nada tienen que ver con esa denuncia.
La medida, según la presentación, es desproporcionada, irrazonable y viola derechos constitucionales elementales: libertad de expresión y acceso a la información pública. Además, no hay ninguna resolución judicial que avale un cierre de semejante alcance.
El contexto de hostilidad
Este episodio no es un hecho aislado. Es parte de una escalada sistemática del gobierno de Milei contra la prensa. Discursos oficiales hostiles, revocaciones selectivas de acreditaciones, acusaciones de espionaje y operaciones políticas. Todo eso forma parte del menú diario.
Diversos periodistas afectados denunciaron que se trata de una restricción sin precedentes en democracia. Organismos del sector advirtieron sobre el impacto institucional de cerrar el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo. Y diputados de la oposición ya reclamaron explicaciones formales y evalúan activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
Lo que viene
La acción de amparo presentada por Ámbito Financiero coloca ahora la discusión en el terreno judicial. El juzgado deberá evaluar si el cierre de la Casa Rosada a la prensa constituye una restricción ilegítima de derechos constitucionales. Y especialmente deberá resolver sobre la cautelar solicitada, que ordenaría la reapertura inmediata mientras se sustancia el fondo del amparo.
Del lado del Ejecutivo, las explicaciones se mantienen en la línea de la seguridad. Funcionarios cercanos a la Casa Rosada insisten en que la decisión no implica censura, sino una medida transitoria mientras se revisan cámaras, pasillos y sistemas internos. Pero hasta ahora no comunicaron un plazo ni un mecanismo claro para la restitución del acceso.
El gobierno de Milei le cerró la puerta a la prensa. Sin aviso, sin juicio previo, sin distingos. Argumentó seguridad nacional pero aplicó un castigo colectivo. Ahora la Justicia tendrá que decir si, en democracia, un gobierno puede echar a todos los periodistas porque uno, según una denuncia no probada, filmó algo que no debía.
Mientras tanto, los cronistas esperan afuera. Y la sala de prensa presidencial, vacía.
Melina Schweizer
