Rodolfo Gudino
El oficialismo decidió aplazar hasta el 4 de junio la sesión en la que iba a tratar 73 pliegos judiciales y proyectos de ley sobre el pago a fondos buitres y la «inviolabilidad de la propiedad privada». La excusa fue la falta de legisladores por viajes. Pero lo llamativo es lo que quedó afuera: los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, frenados por sus fallos favorables al presidente de la AFA, Carlos «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El gobierno no retiró los pliegos. Los dejó en una suerte de limbo judicial, a la espera de que se resuelva la situación de los dirigentes del fútbol.
El Senado tenía previsto sesionar esta semana. No lo hará. El oficialismo decidió postergar la sesión para el 4 de junio. La razón oficial: varios legisladores están de viaje. La razón no dicha: no tenían los votos. En la misma sesión se iban a tratar el pago a dos fondos buitres (Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP) por 171 millones de dólares, y el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», una iniciativa que busca profundizar la concentración de tierras en manos de extranjeros.
Lo que más llama la atención no es lo que se trata, sino lo que no se trata. El oficialismo frenó los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Ambos estaban propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ambos tienen un historial de fallos favorables a «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, investigados por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
El gobierno no retiró los pliegos. Los dejó en la comisión de Acuerdos, en un cajón, a la espera de que se resuelva la situación judicial de los dirigentes del fútbol. Mientras tanto, los jueces siguen en sus cargos. Los pliegos, en el limbo.
El resto de los pliegos, en cambio, se aprobarán sin problemas. Entre los candidatos hay varios apellidos conocidos: Ana María Cristina Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi; Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema; Laureano Durán, hijo del camarista Alberto Durán; y Juan Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes. La familia judicial, como siempre, se cuida entre sí.
El Senado también realizará una nueva audiencia pública el 9 de junio para que otros 7 candidatos rindan examen. El plato fuerte será la extensión del mandato por cinco años del juez Víctor Pesino, el mismo que rechazó la cautelar de la CGT sobre la reforma laboral y dejó en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que suspendía 81 artículos de la ley. Pesino debía jubilarse en junio por cumplir 75 años. El gobierno le extenderá el mandato. La CGT, mientras tanto, mira y se rasca.
También se postula a la jueza Marina Edith Pisacco, esposa del periodista de Radio Mitre y TN, Adrián Ventura. Pisacco fue la jueza que derivó al fuero Contencioso Administrativo la causa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para impedir el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El fallo benefició al gobierno porteño. La esposa del periodista amigo, otra vez, en el lugar correcto.
El oficialismo necesitaba los votos para la ley de «inviolabilidad de la propiedad privada». Por eso postergó la sesión. Para sumar apoyos. Para negociar. Para que los gobernadores aliados y los senadores dialoguistas sepan que el gobierno está dispuesto a ceder en algunas cosas a cambio de la aprobación de otras. La moneda de cambio, como siempre, son los fondos para las provincias.
La sesión del 4 de junio será clave. Se votarán los 73 pliegos. Se votará el pago a los fondos buitres. Se votará la ley de propiedad privada. El gobierno espera que para entonces los legisladores hayan vuelto de sus viajes y que los gobernadores hayan recibido sus fondos.
Milei dice que el ajuste duele, pero que es necesario. Los senadores, mientras tanto, viajan. Los jueces, ascienden. Los pliegos, se aprueban. Los amigos del poder, se cuidan. Y la justicia, como siempre, mira para otro lado.
Melina Schweizer
