Rodolfo Gudino
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso dos proyectos que prometen revolucionar la relación entre el Estado y el poder privado. Por un lado, el «Súper RIGI», un régimen de promociones fiscales para grandes inversiones de al menos 1.000 millones de dólares, que reduce el impuesto a las ganancias al 15% (diez puntos menos que el RIGI actual) y exime del pago de derechos de exportación a las multinacionales que se instalen en el país. Por el otro, la «Ley de Lobby», que crea un registro público obligatorio para lobistas y exige la publicidad de las agendas de los funcionarios.
El paquete se completa con otros dos proyectos que ya fueron girados al Senado: la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la regulación de los juegos de azar en línea (ludopatía). El gobierno apuesta a tratar todo antes del 11 de junio, cuando comience el Mundial de Fútbol y la atención de la opinión pública se desvíe hacia la pelota.
El Súper RIGI: el sueño húmedo de las multinacionales
La letra chica del Súper RIGI es una carta de amor a las grandes corporaciones. El piso de inversión es de 1.000 millones de dólares. El beneficiario debe ejecutar al menos el 20% de ese monto en los primeros dos años. A cambio, recibe una tasa de ganancias del 15% (contra el 25% del régimen general), amortización acelerada del 60% en el primer año, exención total de derechos de importación y exportación, y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas: 20% al primer año, 40% al segundo y 100% al tercero.
El abogado y docente de la UBA Pablo Serdán fue lapidario: «Van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano. Estas empresas facturan más que el PBI argentino».
La ley de lobby: el elefante blanco de la transparencia
El proyecto de ley de lobby es, en apariencia, una iniciativa loable. Crea un Registro Público de Gestores de Intereses, obliga a los lobistas a inscribirse antes de reunirse con funcionarios, y exige que cada contacto quede registrado en un plazo de cinco días. También establece incompatibilidades para exfuncionarios (no podrán ejercer el lobby ante el organismo donde trabajaron durante dos años) y sanciones penales para quienes actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros.
El problema no es la ley en sí. El problema es quién la impulsa. El gobierno que hoy promete transparencia es el mismo que eliminó las PASO para que los partidos puedan elegir candidatos a dedo. El mismo que redujo la publicidad oficial para asfixiar a los medios independientes. El mismo que blindó a Manuel Adorni con una declaración jurada que tiene «anexos reservados».
El control total de las comisiones: el oficialismo no deja nada al azar
Las comisiones clave que tratarán estos proyectos están presididas por hombres de extrema confianza de Milei. Presupuesto y Hacienda, la más importante para el Súper RIGI, está en manos de Bertie Benegas Lynch, un ultraoficialista que no va a permitir que la oposición modifique una coma del texto. Asuntos Constitucionales y Legislación General, que definirán la suerte de la ley de lobby, son controladas por Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, dos diputados que responden directamente a Karina Milei. El PRO, por su parte, ya adelantó su apoyo. La oposición puede patalear, pero los números no le dan.
La contradicción entre el discurso y la práctica
Milei promete regular el lobby para que no haya «opacidad» en las negociaciones entre privados y funcionarios. Pero al mismo tiempo, impulsa un régimen fiscal que beneficia exclusivamente a las multinacionales, las mismas que tienen los mejores lobistas del mundo. Las mismas que contratan a los exfuncionarios que la propia ley quiere limitar. Las mismas que, gracias al Súper RIGI, van a pagar menos impuestos que una pyme de Florencio Varela.
El oficialismo controla las comisiones clave, tiene los votos y maneja los tiempos. La oposición, como siempre, llegará tarde. El gobierno necesita aprobar estas leyes antes del 11 de junio, cuando comience el Mundial y la atención de la opinión pública se desvíe hacia la pelota. La estrategia es clara: si las multinacionales se llevan todos los beneficios fiscales mientras la gente mira los goles, nadie va a protestar.
El cierre de Gudiño
El gobierno de Milei le regala a las multinacionales un paraíso fiscal en Argentina mientras se jacta de estar «ordenando la economía». Les reduce el impuesto a las ganancias al 15%, les exime del pago de derechos de exportación, les garantiza estabilidad normativa por 30 años. A cambio, les pide una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, una cifra que sólo las grandes corporaciones pueden afrontar.
La ley de lobby, por su parte, es el parche de un sistema podrido. No va a impedir que los lobistas sigan manejando los hilos del poder. Solo va a hacer que sus reuniones queden registradas en una base de datos que nadie va a mirar.
Milei dice que el Estado no tiene plata. Pero resulta que tiene plata para regalarle a las multinacionales. Tiene plata para eximirlas de impuestos. Tiene plata para darles estabilidad fiscal por tres décadas. Lo que no tiene es plata para los docentes, para los científicos, para los pobres, para los que menos tienen.
El Súper RIGI no es una ley de incentivo a la inversión. Es una ley de transferencia de recursos desde los argentinos hacia las grandes corporaciones globales. Y la ley de lobby es el perfume que le echan al muerto para que no huela tan mal. Mientras tanto, el reloj corre. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Y el Congreso, dócil y controlado, va a aprobar todo antes del primer silbido.
Melina Schweizer
