Rodolfo Gudino
Luna Suyai Ortigoza, la ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón prófuga por tenencia de medio kilo de cocaína, no es un eslabón perdido. Es el último eslabón visible de una cadena que tiene nombre, apellido y fecha de caducidad política. La familia Ortigoza no es una familia cualquiera. Es una dinastía del peronismo local. Y su protector político se llama Martín Sabbatella.
La madre, Silvia Ortigoza, se postuló como concejal en Morón en las elecciones de 2025 . El padre, Luis Ortigoza, es un histórico dirigente de Nuevo Encuentro, el partido que fundó Sabbatella. La hija, Luna, era la funcionaria estrella de la gestión de género. Todos en la política. Todos protegidos. Todos, hasta ahora, intocables.
La caída de Luna no fue un accidente. La Justicia venía investigando la red desde marzo, cuando una denuncia anónima por narcomenudeo activó la causa . Pero nadie en el municipio movió un dedo. Nadie pidió explicaciones. Nadie la apartó antes. Recién cuando la policía allanó su casa y encontró la droga, Ghi salió a decir que estaba «decepcionado».
El padrinazgo de Sabbatella: el gesto que todo lo explica
El 25 de septiembre de 2023, en la previa de las elecciones, Martín Sabbatella subió una foto a sus redes sociales. Aparecía junto a la madre de Luna, Silvia Ortigoza, y a los candidatos de Nuevo Encuentro en Morón . «Acompañando a los compañeros de Nuevo Encuentro en Morón. Hacemos falta. Vamos! 👏👏👏», escribió Sabbatella en X, la ex Twitter .
El posteo es una fotografía de la interna del poder. Sabbatella, uno de los hombres más influyentes del peronismo bonaerense, exintendente de Morón, exdirector de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y actual asesor de alto rango en la gestión de Axel Kicillof, bendiciendo a la familia Ortigoza. La misma familia cuya hija terminaría prófuga con medio kilo de cocaína en su casa.
Luna Ortigoza también aparece en fotos con Sabbatella en eventos políticos de Nuevo Encuentro. La vinculación es directa. No es una conexión lejana.
La campaña pro drogas de Ghi: el antecedente que nadie quiere recordar
En 2022, el municipio de Morón lanzó una campaña de «reducción de riesgos» que recomendaba a los jóvenes «conseguir el porro de fuentes confiables» y «comer antes de fumar» . El material gráfico, que se repartió en la Quinta Seré de Castelar, fue repudiado por la oposición y generó tres denuncias penales contra Ghi por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.
El diputado Waldo Wolff fue lapidario: «Cuando el Estado fomenta el delito es un Estado delincuencial» . El abogado Fernando Sarabozo, que representó a las víctimas del narcotráfico en la denuncia, sostuvo que la campaña violaba la ley que reprime con prisión de 2 a 8 años a quien «públicamente imparta instrucciones acerca del uso de estupefacientes» .
El caso quedó en la nada. La justicia no avanzó. La campaña se discontinuó. Pero el precedente quedó. En un municipio donde el Estado repartía consejos para «consumir responsablemente», la directora de Género terminó procesada por narcotráfico.
La reincidencia que nadie quiso ver: Karen Cufré y el antecedente de febrero
En febrero de 2026, Karen Cufré, empleada de la Secretaría de Seguridad de Morón, fue detenida por integrar una banda de extorsiones virtuales. Su víctima, un soldado del Ejército, se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos. Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de plaza Alsina, en Villa Sarmiento. Tenía acceso a información sensible, a cámaras de seguridad, a los movimientos de la policía local.
Una empleada de seguridad extorsionaba. Una funcionaria de género traficaba droga. Ambas fueron designadas por la misma gestión. Ambas pasaron por los mismos filtros. Ambas cayeron en el mismo período. Y el intendente, en ambos casos, dijo estar «sorprendido» y «decepcionado».
El pedido de interpelación: la oposición se une, Ghi mira para otro lado
El proyecto de interpelación presentado por la concejal Analía Zappulla (LLA) fue acompañado por ediles del PRO, Nuevo Pro Morón, Todo por Argentina y La Libertad Avanza . La oposición, unida por primera vez, le exige a Ghi que responda siete puntos clave:
- Si recibió alertas o informes de las áreas de seguridad sobre las actividades de Ortigoza antes del allanamiento.
- Si asume la responsabilidad política por la infiltración del narcotráfico en su estructura de gobierno.
- Qué mecanismos de control implementó después del caso de Karen Cufré.
- Si el municipio se presentó como particular damnificado en la causa penal.
- Qué medidas se adoptaron para resguardar las bases de datos de víctimas de violencia de género a las que Ortigoza tenía acceso.
La ley le da 5 días a Ghi para presentarse o enviar a un delegado. Si no responde, es falta grave. Pero la oposición no tiene los votos para forzar su presencia. El Concejo Deliberante está partido. Y Ghi, mientras tanto, sigue en su despacho, «decepcionado».
En Morón, la familia Ortigoza era una dinastía del peronismo. La madre se postuló a concejal. El padre es dirigente de Nuevo Encuentro. La hija era funcionaria de género. Todos protegidos por Sabbatella, el padrino político que los bendijo en una foto de campaña.
La campaña municipal de «consumo responsable» fue una anomalía jurídica que quedó impune. La empleada de seguridad extorsionadora fue una falla de control que no generó cambios. La funcionaria de género narco es la culminación lógica de una gestión donde los filtros no existen, donde los controles son una anécdota y donde el intendente, después de cada escándalo, se lava las manos y dice estar «decepcionado».
Ghi no va a renunciar. La oposición no tiene los votos para interpelarlo. La justicia, que ya dejó caer la causa de la campaña pro drogas, probablemente también deje caer esta. La familia Ortigoza seguirá prófuga o presa, pero la estructura que los puso ahí va a seguir intacta.
Morón no tiene un problema de seguridad. Morón tiene un problema político.
Melina Schweizer
