Jorge R. Schweizer
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales contra el ex presidente cubano, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de la organización «Hermanos al Rescate» en 1996. La acusación se produce en un contexto de máxima tensión entre Washington y La Habana, con nuevas sanciones económicas, amenazas petroleras y un bloqueo energético que Rusia calificó como «una cínica encarnación de la doctrina Monroe resucitada». China, por su parte, instó a Estados Unidos a dejar de amenazar a la isla «con el uso de la fuerza» y rechazó las «sanciones unilaterales ilegales».
La acusación contra Raúl Castro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el ex presidente cubano Raúl Castro y otras cinco personas por su presunta participación en el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubanos «Hermanos al Rescate» en 1996, incidente que provocó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.
Los cargos contra Castro, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves. En el momento del ataque, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba. Posteriormente fue presidente de la isla entre 2008 y 2018 y máximo dirigente del Partido Comunista de 2011 a 2021.
Además de Castro, fueron acusados los pilotos señalados como presuntos responsables: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
El fiscal general interino Todd Blanche fue categórico en la presentación: «Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia. Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos».
El hecho de 1996 y las versiones encontradas
El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubanos MiG-29 derribaron dos avionetas Cessna operadas por «Hermanos al Rescate», un grupo de exiliados que se dedicaba a buscar a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas. Las víctimas fueron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, y el residente permanente Pablo Morales.
La Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas (OACI) determinó que los aviones volaban fuera del espacio aéreo cubano cuando fueron derribados, lo cual Cuba niega. La organización también afirmó que las autoridades cubanas no hicieron ningún intento por interceptar los aviones por otros medios.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) alegó que Cuba había violado el derecho internacional. El entonces presidente Bill Clinton condenó el hecho «en los términos más enérgicos posibles». El Congreso estadounidense reaccionó endureciendo las sanciones contra la isla.
El gobierno cubano, por su parte, negó haber cometido irregularidad alguna, insistiendo en que los aviones habían entrado en su espacio aéreo. Cuba acusó a los miembros de «Hermanos al Rescate» de violar repetidamente su espacio aéreo para lanzar panfletos y afirmó que el grupo había planeado sabotear la infraestructura cubana.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la acusación como una «acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».
El contexto geopolítico: el endurecimiento del bloqueo
La acusación contra Raúl Castro no es un hecho aislado. Se produce en el marco de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana, con nuevas sanciones económicas, amenazas petroleras y un bloqueo energético.
El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad de Estados Unidos y la región. La orden acusa sin pruebas al gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.
Sobre esas bases, la administración Trump anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, y amenazó con represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva. El secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que planeaban imponer nuevas sanciones contra la isla, que se concretaron el lunes pasado con medidas coercitivas contra varios funcionarios del gabinete de Díaz-Canel.
La respuesta de Rusia: «Doctrina Monroe resucitada»
En este contexto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció las sanciones estadounidenses contra Cuba y describió la política actual de Washington como «una cínica encarnación de la doctrina Monroe resucitada».
Zajárova subrayó que Cuba sigue siendo objeto de una fuerte presión económica por parte de Estados Unidos y condenó las nuevas limitaciones contra compañías de terceros países que operan en la isla. «Constituyen una nueva vuelta de tuerca en la política de presión de Washington, cuyo objetivo principal es el asfixiamiento económico de Cuba», afirmó.
«¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el respeto por las personas? ¿Dónde están la libertad de opinión y la libertad de expresión?», preguntó la diplomática rusa, al tiempo que reafirmó la plena solidaridad de Rusia con Cuba.
«Condenamos enérgicamente cualquier intento de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano, de intimidación y de aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales, de amenazas y de chantaje», agregó Zajárova, quien aseguró que Rusia seguirá prestando «el apoyo más activo al hermano pueblo cubano».
La respuesta de China: oposición a las sanciones unilaterales
China también se pronunció sobre las acusaciones contra Raúl Castro. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que China «se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales sin base en el derecho internacional y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU», así como a «la manipulación abusiva de los procedimientos judiciales».
El vocero señaló que Estados Unidos «debe dejar de agitar la amenaza de las sanciones y la amenaza judicial contra Cuba» y tiene que «dejar de recurrir a la amenaza de la fuerza a la menor ocasión». «China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad nacional, y se opone a la injerencia extranjera», destacó.
La posición de Pekín es consistente con su tradicional defensa del principio de no intervención y su oposición a las sanciones unilaterales, en particular aquellas impuestas por Estados Unidos.
Perspectivas legales y políticas
La viabilidad de la acusación contra Raúl Castro es incierta. El ex mandatario cubano tiene 94 años, goza de inmunidad como ex jefe de Estado y reside en Cuba, país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Es altamente improbable que Castro sea extraditado o comparezca ante un tribunal estadounidense. La acusación tiene, en este sentido, un valor más simbólico que práctico.
Sin embargo, la presentación de cargos formales contra un ex jefe de Estado es un hecho jurídico relevante. Refleja la determinación de Washington de mantener viva la causa de los familiares de las víctimas y de utilizar todas las herramientas disponibles, incluso las simbólicas, para presionar al gobierno cubano.
El respaldo de Rusia y China a Cuba no es casual. Moscú y Pekín buscan posicionarse como contrapesos al poder estadounidense en la región y fortalecer sus alianzas con los países que resisten la presión de Washington. La «doctrina Monroe resucitada», en la retórica rusa, es una forma de nombrar la vieja aspiración de Estados Unidos a ejercer una hegemonía exclusiva en el hemisferio occidental.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro es un episodio más en la larga historia de tensión entre Washington y La Habana. El hecho que se le imputa ocurrió hace casi tres décadas, y la viabilidad práctica de un juicio es nula. Sin embargo, el gesto político es significativo: la administración Trump busca mostrar firmeza frente a Cuba en un año electoral y mantener viva la memoria de las víctimas del derribo.
Cuba, por su parte, mantiene su versión de los hechos y cuenta con el respaldo explícito de Rusia y China, dos potencias que ven en la isla un símbolo de resistencia al poder estadounidense. La controversia, enquistada durante años, no se resolverá con una acusación judicial. Pero la simple existencia de esa acusación, sumada al endurecimiento del bloqueo y a la condena internacional, es un recordatorio de que el conflicto entre Washington y La Habana sigue vigente.
La pregunta que queda abierta es si esta nueva ofensiva diplomática y judicial tendrá algún efecto práctico sobre el terreno. Por ahora, lo único cierto es que las tensiones entre las dos potencias y sus respectivos aliados no dan señales de disminuir.
Juan OConnor
