CONCHITA PRETA
La Justicia intimó a la ANSES a restituir en diez días la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner. Después de meses usando el beneficio como bandera política, el Gobierno terminó obligado a cumplir el mismo fallo que decidió ignorar.
El Gobierno tiene una relación bastante particular con la Justicia. Cuando un fallo perjudica a Cristina, descubre de golpe que vivimos en una República ejemplar donde las instituciones funcionan como un reloj suizo. Cuando el expediente le toca el timbre a la Casa Rosada, la República entra misteriosamente en mantenimiento.
Eso acaba de pasar otra vez.
Después de convertir la pensión por viudez de Cristina Fernández de Kirchner en un trofeo político para exhibir frente a las cámaras, la Justicia tuvo que hacer algo bastante humillante para un gobierno que se autoproclama campeón del respeto institucional: intimarlo para que cumpla un fallo que ya existía desde febrero.
No estamos hablando de una resolución recién salida del horno. El expediente llevaba meses esperando que alguien en la ANSES recordara que las sentencias no son sugerencias de Netflix que uno puede dejar en «seguir viendo» cuando tenga ganas. Como el Gobierno decidió mirar para otro lado, un juez le recordó que el Estado no funciona con la lógica del «si no me gusta, no lo hago».
La escena es casi una metáfora perfecta del mileísmo. Primero se arma una conferencia de prensa, después se declama una guerra santa contra la casta, más tarde se suben veinte posteos festejando la hazaña y, finalmente, aparece un secretario judicial con un sello de goma y les explica que el Código Procesal todavía no se derogó por DNU.
Cuando Manuel Adorni anunció la quita de la pensión habló de ahorro, privilegios y ejemplaridad. La puesta en escena fue impecable. Faltaban apenas los violines de fondo y una bandera flameando mientras la motosierra avanzaba sobre los símbolos de la vieja política. El inconveniente apareció cuando la película terminó y empezó el expediente. Ahí ya no alcanzaban los aplausos de las redes ni las conferencias con tono épico. Hacía falta algo mucho más incómodo: tener razón jurídicamente.
La discusión sobre si Cristina debe conservar o no ese beneficio seguirá recorriendo tribunales y probablemente todavía tenga varios capítulos. Lo que ya quedó resuelto es otra cosa mucho más terrenal: el Gobierno quiso convertir un trámite administrativo en una batalla cultural y terminó protagonizando una clase acelerada sobre cómo funciona un Estado de Derecho cuando un juez decide que las reglas también valen para el Poder Ejecutivo.
La ironía tiene un gusto especial. El oficialismo que repite tres veces por día que la ley debe cumplirse sin privilegios terminó necesitando una intimación judicial para cumplir exactamente eso: la ley. Es como ver al profesor de educación cívica copiándose en un examen. La contradicción no invalida el discurso, pero lo vuelve bastante difícil de recitar sin sonrojarse.
Al final, la gran victoria contra Cristina terminó pareciéndose a esos festejos prematuros donde alguien corre media cancha señalándose el escudo y, cuando llega al arco, descubre que el árbitro había cobrado offside hacía rato.
Fueron por la pensión de Cristina convencidos de que estaban escribiendo el capítulo final de una epopeya contra la casta.
Y terminaron recibiendo una notificación judicial recordándoles que los expedientes, a diferencia de los discursos, siempre piden comprobante.
Melina Schweizer
