Melina Schweizer
Un informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 37,5% de niñas, niños y adolescentes atravesó esa privación por falta de dinero. En los hogares más pobres, la proporción llega al 58,3%. La AUH y la Tarjeta Alimentar contienen la indigencia, pero no alcanzan para garantizar una vida digna.
La pobreza infantil también se mide en mangas que quedaron cortas, zapatillas con la suela desprendida y abrigos que deben pasar de un hermano a otro aunque ya no protejan del frío. El 37,5% de las niñas, niños y adolescentes de la Argentina vivió durante el último año en hogares que no pudieron comprarle ropa o calzado por falta de dinero, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
El porcentaje representa a casi cuatro de cada diez menores de edad y muestra una dimensión de la pobreza que suele quedar escondida detrás de las mediciones tradicionales. Una familia puede superar por unos pocos pesos la línea estadística establecida para comprar la canasta básica y, aun así, no disponer de dinero para reemplazar un guardapolvo, adquirir zapatillas o comprar un abrigo.
La privación se vuelve todavía más profunda en los hogares ubicados en el estrato socioeconómico muy bajo, donde alcanza al 58,3% de las infancias. En el nivel bajo afecta al 45,3%; en el medio, al 28,5%, y en el medio-alto, al 17,8%.
La distancia entre los extremos supera los 40 puntos porcentuales. Un niño perteneciente a los sectores más empobrecidos tiene más de tres veces las probabilidades de carecer de ropa o calzado adecuados que otro nacido en un hogar de mayores recursos. La diferencia no está determinada por el mérito, el esfuerzo ni la libertad de elección: comienza en la familia, el empleo y el barrio que le tocaron antes de aprender a pronunciar esas palabras.
La pobreza no termina en la línea de ingresos
El trabajo de las investigadoras Valentina González Sisto e Ianina Tuñón analiza la evolución de las condiciones de vida de las infancias entre 2018 y 2026. Su principal aporte consiste en demostrar que la pobreza no puede reducirse al cálculo mensual de una canasta.
Durante el primer trimestre de 2026, el 42,5% de las niñas, niños y adolescentes continuaba viviendo bajo la línea de pobreza y el 9,5% permanecía en la indigencia. Los índices descendieron respecto del dramático pico registrado en 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó al 70,4%, pero la mejora estadística no significa que las privaciones estructurales hayan desaparecido.
Más de cuatro de cada diez chicos todavía viven en hogares cuyos ingresos no cubren las necesidades consideradas básicas. Casi uno de cada diez ni siquiera dispone de recursos suficientes para garantizar la alimentación mínima.
A ese cuadro se suman privaciones que no siempre aparecen en el recibo de sueldo. El 36,8% de los estudiantes de entre 6 y 17 años presenta dificultades de aprendizaje; el 27,3% de quienes tienen entre 5 y 17 años manifiesta problemas para hacer amigos o cuenta con pocos vínculos, y el 18,1% atraviesa situaciones de malestar emocional.
Los números describen dimensiones conectadas. Un niño que asiste a clases con calzado deteriorado no sufre solamente una carencia material. Puede sentir vergüenza, evitar actividades, aislarse de sus compañeros o faltar a la escuela. Cuando la precariedad se instala en la vida cotidiana, también afecta la autoestima, las relaciones sociales y las posibilidades de aprender.
La pobreza infantil no consiste únicamente en tener menos cosas. Significa crecer con menos oportunidades, menos seguridad y una carga de preocupaciones que ningún niño debería asumir.
La asistencia estatal evita una catástrofe mayor
El informe de la UCA también desarma uno de los discursos más repetidos por el Gobierno: la idea de que las transferencias sociales son gastos prescindibles o mecanismos que producen dependencia sin modificar las condiciones de vida.
La Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar explican más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil atribuible a las transferencias. En el caso de la indigencia, representan entre el 97% y el 98% del efecto total.
Sin esos programas, la pobreza infantil aumentaría del 42,5% al 47,8%. La indigencia saltaría del 9,5% al 16,4%. Es decir, casi cinco puntos adicionales de pobreza y cerca de siete puntos más de indigencia aparecerían si el Estado retirara las ayudas dirigidas a los hogares con menores de edad.
Las transferencias no son un premio ni una dádiva. Funcionan como una barrera que impide que cientos de miles de chicos caigan en una privación todavía más extrema. Eliminarlas no generaría mágicamente trabajo formal ni mejores salarios: produciría más hambre.
El problema es que esa barrera se encuentra demasiado abajo. La AUH y la Tarjeta Alimentar ayudan a evitar la indigencia, pero no permiten que todas las familias superen la pobreza ni aseguran el acceso a vestimenta, vivienda adecuada, salud, educación y actividades recreativas.
“Las transferencias sostienen un piso mínimo frente a la indigencia, pero no alcanzan para superar la pobreza en todas sus dimensiones”, concluyeron las autoras del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina.
Una recuperación que todavía no alcanza
El poder adquisitivo de las transferencias sociales atravesó fuertes oscilaciones durante los últimos años. En 2018, la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar —o de las prestaciones equivalentes disponibles entonces— representaba entre el 30% y el 45% de la Canasta Básica Alimentaria, según la composición de cada hogar.
La cobertura llegó a ubicarse entre el 57% y el 77% en 2021, pero posteriormente se derrumbó hasta niveles mínimos de entre el 12% y el 28% durante la crisis inflacionaria. En 2026 se recuperó y actualmente cubre entre el 39% y el 62% de la canasta alimentaria.
La recomposición explica una parte de la caída reciente de la indigencia, pero todavía no devuelve a las prestaciones el poder de compra alcanzado cinco años atrás. Mucho menos resuelve el deterioro de los salarios, la precarización laboral, el precio de los alquileres o el costo de los servicios.
Una transferencia puede ayudar a llenar la heladera, pero difícilmente alcance para pagar alimentos, luz, gas, transporte, medicamentos, útiles escolares y ropa. Cuando el ingreso no cubre todo, las familias deben construir una jerarquía de urgencias. Primero se come, después se paga lo que no puede cortarse y, si queda algo, se reemplazan las zapatillas.
Por eso la falta de ropa o calzado resulta un indicador tan revelador: muestra aquello que los hogares postergan después de agotar el dinero en necesidades todavía más inmediatas.
La pobreza tiene rostro infantil
El estudio confirma un fenómeno persistente en la Argentina: la pobreza se encuentra infantilizada. Los hogares con niñas y niños registran sistemáticamente niveles más altos de privación que aquellos integrados únicamente por adultos.
La crianza exige tiempo, alimentos, cuidados, espacio habitacional, transporte, educación y salud. Sin servicios públicos suficientes y empleos con ingresos adecuados, esos costos recaen de manera desproporcionada sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres que encabezan hogares monoparentales.
Presentar la pobreza infantil como la suma de decisiones individuales permite borrar las responsabilidades políticas. Ningún niño elige nacer en un hogar sin empleo formal, vivir en una casa precaria o asistir a la escuela con zapatillas rotas. Tampoco puede esperar a que el mercado decida, algún día, derramar prosperidad sobre su barrio.
El descenso respecto del desastre de 2024 debe reconocerse, pero no utilizarse como una cortina para ocultar la magnitud del problema. Un país no puede considerar exitosa una política económica mientras el 42,5% de sus chicos sigue siendo pobre y el 37,5% no tiene garantizada una necesidad tan elemental como vestirse.
La infancia ocurre una sola vez. Un abrigo puede comprarse el próximo invierno; los años atravesados por la vergüenza, la exclusión y las oportunidades perdidas no se recuperan con una estadística mejor dentro de una década.
La Argentina no necesita solamente evitar que sus niños mueran de hambre. Necesita garantizar que puedan comer bien, vestirse, estudiar, jugar, hacer amigos y crecer sin cargar sobre sus cuerpos el costo de cada crisis. Todo lo que quede por debajo de ese piso no es austeridad ni orden fiscal: es una deuda social pagada con la infancia de quienes nunca la contrajeron.
Melina Orquidea
