GONZALO SCHWEIZER
Cerca de tres de cada diez argentinos endeudados ya tienen atrasos en sus pagos. La cantidad de morosos pasó de 2,4 millones en julio de 2024 a 5,8 millones en mayo de 2026, en medio de la caída del salario real, el encarecimiento del crédito y el uso creciente de préstamos y tarjetas para cubrir gastos cotidianos.
La crisis de ingresos dejó de expresarse únicamente en la caída del consumo. También aparece, con una fuerza cada vez mayor, en la imposibilidad de millones de hogares para cumplir con sus deudas. En mayo de 2026, 5,8 millones de personas registraban atrasos en el pago de préstamos u otras obligaciones, una cifra que representa aproximadamente el 28% de los 20,8 millones de adultos endeudados en la Argentina.
Los datos surgen de un informe de la consultora Equilibra, elaborado sobre la base de estadísticas del Banco Central y el INDEC. El relevamiento muestra que el universo total de personas con algún tipo de deuda equivale a cerca del 60% de la población adulta, estimada en 34,7 millones. En términos concretos, esto significa que uno de cada seis mayores de edad se encuentra actualmente en situación de mora.
La evolución de los últimos dos años muestra un deterioro acelerado. En julio de 2024 había 2,4 millones de morosos. Para mayo de 2026, la cifra había trepado hasta 5,8 millones. El salto fue de 3,4 millones de personas, equivalente a un incremento superior al 140%.
El crecimiento no fue repentino, sino sostenido. Sin embargo, comenzó a acelerarse con mayor intensidad durante los primeros meses de 2025. Hacia mediados de ese año, la cantidad de personas con pagos atrasados ya se acercaba a los cuatro millones. Desde entonces, la tendencia continuó en ascenso hasta alcanzar el máximo registrado en mayo de 2026.
El aumento de la morosidad coincidió con un deterioro persistente de los ingresos. El salario real de los trabajadores privados registrados cayó de manera constante entre octubre y marzo, mientras las familias enfrentaban aumentos en alimentos, alquileres, servicios, transporte y medicamentos. En ese contexto, el endeudamiento dejó de estar asociado principalmente a la compra de bienes durables y pasó a utilizarse como una herramienta de supervivencia para cubrir gastos básicos.
La composición de las deudas también revela que el problema excede ampliamente al sistema bancario tradicional. Del total de personas con atrasos, 2,9 millones tienen mora exclusivamente en obligaciones no financieras, 1,6 millones acumulan incumplimientos únicamente con bancos y entidades financieras, mientras que 1,3 millones registran pagos atrasados en ambos circuitos.
Las deudas no financieras incluyen compromisos con empresas de servicios, comercios, plataformas de crédito, prestamistas y proveedores que operan fuera del sistema bancario convencional. En total, 5,3 millones de personas mantienen exclusivamente obligaciones de este tipo, mientras que 7,8 millones están endeudadas sólo con entidades financieras.
Además, 7,6 millones de adultos presentan deudas simultáneas en los dos sistemas, una situación que el informe define como “partida doble”. Dentro de ese grupo, 1,3 millones ya se encuentran en mora tanto con entidades financieras como con acreedores no bancarios.
El dato expone una dinámica cada vez más extendida: muchas familias toman un crédito para pagar otro, refinancian el saldo de la tarjeta o recurren a préstamos de corto plazo para cubrir gastos corrientes. La deuda deja de ser una herramienta para anticipar consumo y se convierte en un mecanismo para postergar el ajuste dentro del hogar.
La respuesta oficial, sin embargo, volvió a trasladar la responsabilidad sobre los propios deudores. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que “a veces la gente misma se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, una declaración que generó fuertes cuestionamientos porque omite el impacto de la pérdida salarial, el aumento de las tarifas y la destrucción del poder adquisitivo.
El planteo oficial choca con los propios datos. Cuando la morosidad crece más de 140% en menos de dos años y alcanza a millones de personas de manera simultánea, resulta difícil explicar el fenómeno como una suma de decisiones individuales equivocadas. La magnitud del problema indica, por el contrario, una dificultad estructural de los hogares para sostener su nivel de vida con ingresos que no alcanzan.
Ravier también afirmó que los bancos están ofreciendo alternativas de refinanciación y expresó su expectativa de que una eventual baja de las tasas permita aliviar el problema. Pero refinanciar no elimina la deuda: la extiende en el tiempo, acumula intereses y, en muchos casos, transforma un atraso transitorio en una obligación de largo plazo.
La expansión de la mora constituye una señal de alarma para el sistema financiero y para la economía en general. Cuando los hogares destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y saldos vencidos, reducen todavía más el consumo. Esa retracción afecta al comercio, la producción y el empleo, alimentando el mismo círculo que empuja a las familias a endeudarse.
Los 5,8 millones de morosos no representan únicamente un problema bancario. Son la expresión de una economía en la que una parte creciente de la población necesita crédito para llegar a fin de mes y, al mismo tiempo, ya no puede pagar el costo de haberlo utilizado.
