GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno cerró junio con un déficit primario de $696.843 millones y un rojo financiero superior al billón de pesos. La caída de la recaudación, el rebote de los subsidios energéticos y el crecimiento de la deuda flotante complicaron el cumplimiento de la meta semestral con el FMI y reabrieron las dudas sobre la sustentabilidad del equilibrio fiscal.
El principal activo económico de Javier Milei sufrió su primer traspié importante del año. Luego de construir toda su estrategia sobre el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno terminó junio con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1,02 billones, tras afrontar $328.049 millones en intereses de deuda. Aunque el Ministerio de Economía atribuyó el resultado al pago del medio aguinaldo y al diferimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, los analistas advierten que el problema trasciende un fenómeno estacional.
El dato más delicado es que el resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo de la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Según estimó el economista Gabriel Caamaño, al excluir los ingresos extraordinarios —tal como establece la metodología utilizada por el organismo— el Gobierno habría incumplido el objetivo por alrededor de $600.000 millones.
Detrás del rojo de junio aparecen señales que muestran un deterioro más profundo de las cuentas públicas. La primera es la pérdida de dinamismo de la recaudación tributaria. Durante junio, los ingresos fiscales nacionales cayeron 7,4% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado. En el acumulado del primer semestre, la merma alcanza aproximadamente 5,3%, lo que distintas consultoras privadas calculan en una pérdida cercana a $6,5 billones a valores actuales.
La desaceleración económica comienza así a impactar directamente sobre el principal sostén del programa oficial: los ingresos del Estado. Menor actividad implica menos consumo, menor rentabilidad empresaria y una reducción en la recaudación de IVA, Ganancias y otros tributos que financian el presupuesto nacional.
Al mismo tiempo, el gasto público encontró un límite cada vez más evidente para continuar reduciéndose. Después de paralizar prácticamente la obra pública nacional, recortar transferencias a las provincias, disminuir el gasto de capital y eliminar numerosos programas estatales, las partidas susceptibles de nuevos ajustes comienzan a agotarse.
A ese escenario se suma un factor que vuelve a presionar sobre las cuentas públicas: los subsidios energéticos. Durante junio crecieron 74,1% en términos reales interanuales, impulsados por el mayor costo de la energía y la evolución de los precios internacionales. De esta manera, parte del ahorro fiscal conseguido durante los primeros meses comenzó a diluirse.
Otro indicador seguido de cerca por el mercado es la denominada deuda flotante, es decir, las obligaciones que el Estado ya devengó pero todavía no pagó. Ese stock volvió a incrementarse hasta ubicarse alrededor de $4 billones. En términos prácticos, significa que el Tesoro posterga pagos para aliviar transitoriamente la caja y mejorar el resultado financiero del momento, aunque traslada esos compromisos hacia los meses siguientes.
Para los analistas, esta herramienta permite mostrar un equilibrio fiscal más favorable en el corto plazo, pero reduce el margen de maniobra futuro y concentra mayores obligaciones sobre el presupuesto venidero.
Pese al incumplimiento de la meta semestral, en el mercado financiero predomina la expectativa de que el Fondo Monetario Internacional otorgue un waiver —una dispensa por el desvío— y centre la negociación en el cumplimiento del objetivo anual. La explicación oficial sobre la estacionalidad de junio y la continuidad del programa económico alimentan esa hipótesis.
Sin embargo, el episodio deja al descubierto una cuestión más estructural. El programa fiscal depende cada vez más de una economía que necesita crecer para sostener la recaudación, mientras los márgenes para seguir recortando el gasto se reducen progresivamente. La denominada «motosierra» eliminó buena parte de las partidas discrecionales durante el primer año de gestión; ahora, cualquier ajuste adicional implica ingresar sobre jubilaciones, salarios públicos, subsidios esenciales o áreas sensibles del Estado, con costos políticos y sociales mucho más elevados.
En ese contexto, el desvío registrado en junio no solo representa un incumplimiento técnico frente al FMI. También constituye una señal de que el equilibrio fiscal comienza a depender menos de nuevos recortes y mucho más de una recuperación económica que todavía no logra consolidar la recaudación necesaria para sostener el programa oficial.
