Melina Schweizer
El empresario Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem, fue citado a declaración indagatoria y sufrió el embargo de sus cuentas en una causa que investiga contratos por más de $260 millones en la obra social de los peones rurales. La investigación también alcanza a exinterventores vinculados al oficialismo.
La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner el foco sobre el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al empresario Sergio Aguirre, socio comercial del legislador riojano, en una investigación por presunto desvío de fondos públicos mediante contrataciones realizadas durante la intervención de la obra social.
Aguirre integra junto a Martín Menem la empresa TR Nutrition, dedicada a la comercialización de suplementos nutricionales. Sin embargo, la investigación judicial se centra en otra de sus firmas, HTECH Innovation, una consultora informática creada en 2024 que, según el expediente, tuvo como primer cliente a OSPRERA y recibió contratos por más de 260 millones de pesos durante la intervención dispuesta por el Gobierno nacional.
La Justicia sospecha que esas contrataciones podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la obra social. Por ese motivo, además del embargo de las cuentas de Aguirre, fueron citados a indagatoria la exinterventora Virginia Montero y Marcelo Petroni, uno de los funcionarios designados para administrar la entidad y señalado por sus vínculos políticos con Eduardo «Lule» Menem.
Uno de los elementos que mayor peso tendría dentro de la investigación son conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente. Según trascendió, en esos intercambios Petroni hacía referencia a reuniones con Martín Menem y Lule Menem en Casa Rosada y utilizaba frases como «Eso lo tienen que saber Martín y Lule» o «Nosotros somos Lule y Karina», mensajes que ahora forman parte del material analizado por la fiscalía que conduce Guillermo Marijuán.
La investigación también pone bajo la lupa el rol político que habría tenido el entorno de los Menem durante la intervención de la segunda obra social sindical más grande del país. Desde la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), encabezada por José Voytenco, sostienen desde hace meses que la intervención respondió a una estrategia para desplazar a las autoridades gremiales y controlar la administración de la entidad.
La historia judicial de OSPRERA ya había atravesado fuertes controversias. En enero de este año, el juez Casanello había dejado sin efecto la intervención y restituido a las autoridades vinculadas al gremio. Sin embargo, la Cámara Federal revirtió esa decisión y permitió que el Ministerio de Salud volviera a intervenir la obra social por otros 180 días mediante una resolución firmada por el ministro Mario Lugones.
Con las nuevas indagatorias, la investigación entra en una etapa decisiva. El objetivo de la Justicia será determinar si los millonarios contratos adjudicados durante la intervención respondieron a servicios efectivamente prestados o si constituyeron una maniobra para desviar recursos de una obra social que brinda cobertura médica a miles de trabajadores rurales en todo el país. Hasta el momento, ninguno de los imputados fue condenado y todos conservan su derecho de defensa mientras avanza el proceso judicial.
REDACCIÓN
