Melina Schweizer
El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que Manuel Adorni continúa bajo custodia del Estado «por motivos de seguridad», aunque ya no integra el Gobierno. La oposición denuncia que también mantiene un puesto fijo de Gendarmería en su country y reclama explicaciones judiciales.
La continuidad de la custodia oficial de Manuel Adorni dejó de ser una denuncia de la oposición para convertirse en un hecho reconocido por el propio Gobierno. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el exjefe de Gabinete sigue protegido por fuerzas federales, pese a haber abandonado su cargo, y aseguró que el operativo «se mantiene por ahora» debido a razones de seguridad.
La declaración fue realizada durante la segunda conferencia de prensa de Ravier en Casa Rosada, donde respondió por primera vez sobre el esquema de protección que conserva Adorni luego de su salida del Ejecutivo. Sin brindar detalles sobre la evaluación de riesgo ni sobre el marco legal que respalda la medida, el funcionario se limitó a señalar que la custodia continúa vigente por cuestiones de seguridad.
La confirmación llega mientras la diputada nacional Marcela Pagano impulsa una denuncia penal para que la Justicia investigue el uso de recursos públicos por parte del exfuncionario. En su presentación sostiene que, al haber cesado en sus funciones, Adorni ya no tendría el respaldo jurídico necesario para seguir utilizando bienes y servicios financiados por el Estado, entre ellos personal de custodia y un vehículo oficial.
La polémica escaló aún más cuando Pagano aseguró que el exjefe de Gabinete dispone de un puesto permanente de Gendarmería Nacional en el country Indio Cuá, donde reside. Según la legisladora, el operativo estaría registrado administrativamente como un servicio de prevención por alteración del orden público, aunque sostiene que en realidad se trata de una custodia personal solventada con fondos públicos.
Además, la diputada denunció que los efectivos asignados a esa tarea no estarían percibiendo los adicionales correspondientes por el servicio prestado y cuestionó la ausencia de una resolución pública del Ministerio de Seguridad que fundamente la continuidad del operativo.
Hasta el momento, el Gobierno no informó la existencia de denuncias penales públicas por amenazas contra Adorni ni difundió documentación que explique por qué mantiene un esquema de protección reservado habitualmente para funcionarios en ejercicio o personas alcanzadas por protocolos especiales de seguridad.
Con el reconocimiento oficial realizado por Ravier, el debate deja de girar sobre la existencia de la custodia y pasa a concentrarse en su fundamento legal. Ahora será la Justicia la que deba establecer si la continuidad del operativo responde a criterios objetivos de seguridad previstos por la normativa vigente o si implica un uso irregular de recursos públicos tras la salida de Adorni del Gobierno.
