CONCHITA PRETA
El Gobierno acelera en el Senado la continuidad del juez que sostuvo la reforma laboral y el ascenso del histórico secretario de Ariel Lijo. Cuando un fallo gusta en la Casa Rosada, la carrera judicial también entra en modo «fast track».
En la Argentina hay expedientes que tardan años en moverse y pliegos que, de repente, desarrollan velocidad supersónica. No es un milagro administrativo. Es que la independencia judicial parece funcionar con GPS: cuando el destino coincide con los intereses del poder, todos los semáforos se ponen en verde.
La Casa Rosada quiere llegar al Senado antes del receso con dos prioridades que, casualmente, tienen nombre y apellido. Por un lado, busca extender por cinco años la permanencia del camarista laboral Víctor Pesino, el magistrado que dejó sin efecto la cautelar que frenaba decenas de fallos contra la reforma laboral. Por el otro, intenta aprobar el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario de Ariel Lijo y candidato a desembarcar en un estratégico juzgado federal de Lomas de Zamora.
Lo de Pesino tiene aroma a urgencia. El juez cumple 75 años el próximo 27 de julio y, si el Senado no aprueba su continuidad antes de esa fecha, deberá jubilarse. El Gobierno descubrió que el reloj biológico de la Justicia también puede convertirse en una cuestión de Estado… siempre y cuando el magistrado haya firmado fallos que le caigan simpáticos.
La escena tiene un detalle delicioso. Durante la audiencia por su pliego, Pesino reconoció que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de dictar el fallo que terminó favoreciendo la reforma laboral. El juez aseguró que todo fue una coincidencia cronológica. En la política argentina las coincidencias tienen una productividad extraordinaria: siempre aparecen alrededor del poder y casi nunca necesitan explicación.
El segundo nombre de la lista tampoco pasó desapercibido. Rodríguez Ponte es el histórico secretario de Ariel Lijo y su promoción vuelve a alimentar las sospechas sobre los equilibrios internos de Comodoro Py. En los tribunales hace tiempo que dejaron de hablar de independencia judicial para empezar a hablar de geografía: quién viaja con quién, quién negocia con quién y qué despacho queda más cerca del poder de turno.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que sólo busca cubrir vacantes y garantizar el funcionamiento de la Justicia. Una explicación impecable. Tan impecable como la casualidad de que las prioridades siempre coincidan con jueces considerados útiles para la agenda política del Gobierno.
Porque la verdadera motosierra nunca llegó a Comodoro Py.
Ahí no se recortan privilegios.
Se podan magistrados incómodos y se riegan los pliegos convenientes.
