Melina Schweizer
Una comisión judicial enviada desde Buenos Aires allanó dependencias vinculadas al gobernador de Río Negro y secuestró una computadora utilizada por el mandatario. La medida se enmarca en una investigación que explora vínculos entre funcionarios provinciales, operadores de la AFA y negocios asociados a capitales qataríes.
La política rionegrina quedó sacudida por un hecho sin antecedentes recientes en la historia institucional de la provincia. Una comisión de la Justicia Federal, acompañada por efectivos de la Policía Federal Argentina, llevó adelante un procedimiento que incluyó el secuestro de una computadora vinculada al gobernador Alberto Weretilneck, en el marco de una investigación que busca reconstruir una compleja red de relaciones entre dirigentes políticos, operadores de la Asociación del Fútbol Argentino y negocios asociados a inversiones provenientes de Qatar.
El operativo provocó sorpresa incluso dentro del propio oficialismo provincial. La decisión de que la medida fuera ejecutada por funcionarios judiciales llegados desde Buenos Aires fue interpretada en distintos sectores políticos como una señal de la relevancia que adquirió la investigación y de la intención de evitar cualquier interferencia local en el avance de la causa.
El expediente gira alrededor de Juan Pablo Beacon, ex colaborador de Pablo Toviggino, uno de los dirigentes más influyentes de la estructura de la AFA y hombre de máxima confianza de Claudio «Chiqui» Tapia. Beacon aparece mencionado en diversas investigaciones judiciales y periodísticas vinculadas a presuntas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos y operaciones financieras que involucrarían recursos vinculados al fútbol argentino.
La situación adquirió una nueva dimensión cuando Beacon decidió colaborar con la Justicia estadounidense en calidad de arrepentido. A partir de esa decisión comenzaron a surgir documentos, comunicaciones y elementos que permitieron reconstruir una trama de relaciones políticas, empresariales y deportivas que excede ampliamente el universo futbolístico.
Es en ese entramado donde aparece el nombre de Alberto Weretilneck.
Según distintos elementos incorporados a la investigación, el gobernador de Río Negro habría mantenido contactos frecuentes con actores involucrados en operaciones relacionadas con inversiones extranjeras, proyectos energéticos y negocios inmobiliarios de gran escala dentro del territorio provincial.
La causa intenta determinar cuál fue el grado de participación de cada uno de los actores involucrados y si existieron mecanismos irregulares para facilitar emprendimientos económicos vinculados a capitales provenientes de Qatar.
El interés judicial no se limita únicamente a las relaciones políticas. También apunta a reconstruir circuitos de influencia que habrían permitido destrabar trámites administrativos, facilitar inversiones estratégicas y garantizar condiciones favorables para determinados grupos económicos interesados en desarrollar proyectos dentro de Río Negro.
Entre las operaciones mencionadas aparecen inversiones en extensiones de tierras ubicadas en zonas sensibles de la Patagonia, emprendimientos vinculados a recursos naturales e iniciativas energéticas de gran magnitud.
La investigación adquiere especial relevancia porque Weretilneck ha sido, durante los últimos años, uno de los gobernadores que mantuvo una relación relativamente cooperativa con la administración de Javier Milei. Su respaldo parlamentario a distintas iniciativas impulsadas por la Casa Rosada lo convirtió en un interlocutor frecuente del oficialismo nacional.
Por eso, el procedimiento judicial generó múltiples interpretaciones dentro del escenario político provincial.
Mientras algunos sectores consideran que se trata exclusivamente del avance normal de una investigación federal, otros observan con preocupación la posibilidad de que el caso tenga derivaciones políticas más amplias en un contexto donde La Libertad Avanza busca expandir su presencia territorial y disputar poder en provincias gobernadas por fuerzas provinciales o alianzas locales.
La situación resulta particularmente delicada para Weretilneck porque ocurre cuando comenzaba a consolidar su estrategia de continuidad política hacia el ciclo electoral de 2027. El allanamiento introduce ahora un factor de incertidumbre que podría alterar ese escenario.
Por el momento no existen imputaciones públicas conocidas contra el mandatario provincial derivadas de este procedimiento específico. Sin embargo, el secuestro de material informático indica que la Justicia considera relevante analizar documentación, comunicaciones y registros vinculados a las relaciones bajo investigación.
La causa continúa bajo estricto hermetismo y todavía no se conocen detalles oficiales sobre el contenido de la información que buscan los investigadores. Lo que sí quedó claro es que el expediente dejó de circunscribirse al universo de la dirigencia deportiva para expandirse hacia ámbitos políticos y empresariales de alto nivel.
En una provincia acostumbrada a resolver sus disputas dentro de los límites de la política local, la irrupción de una investigación federal con ramificaciones internacionales marca un hecho excepcional. El allanamiento y el secuestro de una computadora asociada al gobernador colocan ahora a Río Negro en el centro de una trama donde se mezclan poder político, fútbol, negocios millonarios y capitales extranjeros, un escenario que promete seguir generando repercusiones mucho más allá de la Patagonia.
REDACCIÓN
