CONCHITA PRETA
Doce días después de que el juez Marcelo Martínez De Giorgi dejara a la causa Libra sin querellantes, Javier Milei oficializó como jueza federal a su esposa, Ana Juan, en un juzgado que ni siquiera fue habilitado por la Corte Suprema. Lo que hasta ayer era «imposible» por cuestiones administrativas, hoy parece haberse resuelto con una velocidad admirable. Las casualidades, en Comodoro Py, siempre llegan bien peinadas.
Hay coincidencias.
Y después están las coincidencias argentinas.
Esas que ocurren justo después de un fallo favorable, justo antes de una apelación incómoda o justo cuando alguien descubre que los expedientes también tienen sentido de la oportunidad.
Doce días.
Ese fue el tiempo que pasó entre la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi de dejar a la causa Libra prácticamente sin impulso y la firma presidencial que convirtió a su esposa, Ana Juan, en jueza federal.
Una velocidad envidiable.
Cualquier jubilado, pyme o ciudadano que espere una resolución del Estado seguramente agradecería que los trámites oficiales funcionaran con semejante entusiasmo.
Lo curioso no es solamente la designación.
Lo verdaderamente interesante es la memoria selectiva de la burocracia.
Hace apenas unas semanas, el Gobierno explicaba que ese juzgado no podía cubrirse porque todavía no estaba habilitado por la Corte Suprema. Era un problema administrativo. Faltaban edificios, infraestructura, tecnología, mobiliario y todo ese catálogo de excusas que el Estado suele utilizar cuando quiere decir «espere sentado».
Pero parece que algunos expedientes hacen milagros.
Porque el mismo juzgado que ayer era una obra en construcción hoy ya tiene jueza.
Ni arquitectos.
Ni albañiles.
Ni magia.
Simplemente cambió el contexto.
O cambió el interés.
La cronología resulta difícil de ignorar.
Primero, la causa Libra pierde a los querellantes que impulsaban la investigación.
Después, el Gobierno acelera un nombramiento que llevaba meses congelado.
Y todo ocurre mientras el oficialismo también mueve otras piezas judiciales estratégicas vinculadas a magistrados que deberán revisar decisiones sensibles para la Casa Rosada.
En cualquier serie policial, el guionista recibiría críticas por escribir una trama demasiado evidente.
Pero Argentina insiste en superar permanentemente a la ficción.
Desde el oficialismo dirán, con razón, que la designación fue aprobada por el Senado y que no existe ninguna prueba de un intercambio de favores.
Y es cierto.
Una cosa es una sospecha política.
Otra muy distinta es una responsabilidad judicial.
El problema aparece cuando las decisiones empiezan a alinearse con una precisión que haría sonrojar a un reloj suizo.
Entonces ya no alcanza con decir que todo ocurrió «casualmente».
Porque las casualidades pueden existir.
Lo difícil es que siempre beneficien al mismo lado del mostrador.
La Justicia argentina lleva años reclamando independencia del poder político.
Ahora parece haber descubierto un método mucho más eficiente.
No hace falta presionar jueces.
Alcanza con recordarles que algunos ascensos viajan más rápido que los expedientes.
Al final, el Gobierno que prometía terminar con los privilegios terminó perfeccionando una vieja tradición nacional.
En la Argentina de la motosierra, los cargos siguen llegando.
Solo cambió la velocidad con la que se pagan los favores.
Y, una vez más, la verdadera justicia parece ser la única que continúa esperando turno.
